Los procesos legales ahora arrastran un lamentable parecido con lo que sucedía en la Unión Soviética en tiempos de Stalin
Habrá mucho que decir en las próximas semanas y meses sobre el rechazo por 2 votos contra 1 del recurso del cardenal George Pell contra su condena por abuso sexual, por parte de un tribunal formado por tres jueces del Tribunal Supremo de Victoria. De momento, esta sorprendente decisión, realmente incomprensible, cuestiona muy gravemente la calidad de la justicia en Australia… así como la posibilidad de que cualquier otro sacerdote católico acusado de abuso sexual reciba un juicio justo o de que la limpieza de su proceso sea examinada con justicia.
Al leer la sentencia de la apelación, durante un acto procesal transmitido en directo en la mañana del 21 de agosto (hora de Melbourne), la juez decana del Tribunal Supremo de Victoria, Anne Ferguson, se refirió con insistencia “al conjunto de la prueba”. Pero nunca ha habido ninguna “prueba” de que el cardenal Pell hiciera aquello de lo que se le acusa. Solo ha habido la palabra del denunciante, y absolutamente ninguna confirmación de sus acusaciones, las cuales, durante los meses del proceso del cardenal, fueron señaladas como alarmantemente similares a un conjunto de acusaciones falsas contra un sacerdote en una historia publicada hace años en la revista Rolling Stone.
La juez Ferguson también se refirió a la “memoria dubitativa” de los “testigos de oportunidad” que testificaron a favor del cardenal aduciendo que los abusos sexuales supuestamente cometidos sencillamente no pudieron suceder, dadas las circunstancias: una catedral llena de gente, la corta duración de los hechos alegados y las vestimentas del cardenal. Pero uno podría preguntarse: ¿y qué hay de la “memoria dubitativa” del denunciante? ¿Por qué simplemente se acepta, sobre la base de un testimonio grabado en vídeo, que el denunciante tiene una memoria clara de lo que alega haber sucedido, precisamente cuando todo el escenario del supuesto abuso es extremadamente inverosímil?
Al justificar su voto y el del colega que rechazó junto a ella el recurso del cardenal, la juez Ferguson dijo que “dos de nosotros” (esto es, ella y el juez Chris Maxwell) adoptaron “una visión de los hechos distinta” a la del juez discordante Mark Weinberg. Pero¿qué hechos? ¿Acaso la simple afirmación de un supuesto caso de abuso sexual, sin importar lo inverosímil que resulten la naturaleza del acto o las circunstancias en las que se supone que se ha cometido, constituye un “hecho” legal capaz de destruir la vida y la reputación de uno de los más notables ciudadanos de Australia? Si es así, entonces algo funciona realmente mal en el derecho penal del estado de Victoria, donde los procesos legales ahora arrastran un lamentable parecido con lo que sucedía en la Unión Soviética en tiempos de Stalin. También allí las acusaciones se consideraban verosímiles solamente sobre la base de una afirmación no confirmada.
El recurso del cardenal no consiguió convencer a los jueces Ferguson y Maxwell de que el jurado debía dudar de la verosimilitud de las acusaciones contra Pell, una vez escuchado el demoledor alegato de la defensa contra la fiscalía en los dos juicios del cardenal. Pero ¿por qué es éste el baremo apropiado o relevante? Un jurado que llegó a un punto muerto en el primer juicio votó abrumadoramente a favor de absolver al cardenal de las acusaciones; luego, el nuevo juicio dio un giro de casi 180 grados y se transformó en un unánime veredicto de culpabilidad, presumiblemente tras considerar las mismas pruebas sobre las cuales la mayoría de sus predecesores habían votado la absolución. ¿Acaso no sugiere esto la hipótesis de una profunda parcialidad del jurado, dado sobre todo que en el estado de Victoria la defensa no puede recusar a miembros del jurado? ¿No queda cuestionada la honestidad del veredicto de culpabilidad?
Hace dos meses y medio, en la vista del recurso del cardenal Pell, los jueces Ferguson, Maxwell y Weinberg interrogaron con energía al representante de la Corona que defendía el veredicto de culpabilidad, cuya actuación fue objetivamente muy floja. Y al contrario: durante la vista del recurso, el tribunal de apelación ofreció todos los indicios de estar valorando seriamente la insistencia de la defensa en que el veredicto de culpabilidad contra el cardenal Pell “no era seguro”, dado que no se había podido llegar razonablemente a él con las pruebas disponibles (o, en este caso, con la falta de ellas). ¿Qué pasó en los dos meses siguientes? Habrá que investigarlo en las próximas semanas.
A raíz de la condena de Pell, amigos míos bien relacionados en los círculos jurídicos australianos me dicen que en Australia, la comunidad legal, muy seria, a diferencia de los ideólogos, se sentía profundamente preocupada por la reputación de la justicia australiana. Por eso se comentaba que muchos juristas relevantes esperaban que el recurso del cardenal prosperase. Su preocupación debería intensificarse ahora en varios órdenes de magnitud. Porque vistas las pruebas de este caso injusto y de esta deplorable y nada convincente decisión ante la apelación, las personas razonables se preguntarán qué significa el “imperio de la ley” en Australia, y en particular en el estado de Victoria. La gente razonable se preguntará si es seguro viajar o hacer negocios en un clima social y político en el que una histeria colectiva similar a la que envió a Alfred Dreyfus a la Isla del Diablo puede claramente afectar a los jurados.
En los últimos meses, el cardenal Pell ha transmitido a algunos amigos que sabe que es inocente y que “el único juicio que teme es el último”. Los jueces que participaron en la grotesca sentencia apelada, confirmada con una farsa legal grotesca, pueden creer o no creer en el juicio final. Pero ciertamente tienen otros juicios de los que preocuparse. Pues han confirmado que una parte −en tiempos admirable− de la Anglosfera, conocida por su independencia de pensamiento, se ha convertido en algo bastante innoble, incluso siniestro.
