El corredor de la muerte de “El País”

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La campaña pro eutanasia se desarrolla en España a golpe de casos límite, explotados con encarnizamiento mediático. "El País" mantiene su propio "corredor de la muerte", por el que van desfilando algunos enfermos que desean morir. En el último año hemos conocido a Jorge León, pentapléjico de Valladolid, al que alguien ayudó a morir; Madeleine Z., que sufría una enfermedad degenerativa progresivamente paralizante, y que se suicidó; y ahora Inmaculada Echevarría, enferma de distrofia muscular progresiva, que pide la retirada del respirador artificial.

Son personas que no encuentran sentido a seguir con vida, por ser inválidos anclados a una silla de ruedas o sufrir una enfermedad que irá agravándose sin esperanza. No siempre son enfermos terminales. El propio Ramón Sampedro, tetrapléjico que durante varios años enarboló la bandera del derecho a morir, no estaba en peores condiciones que otros muchos tetrapléjicos que han optado por vivir dignamente con su discapacidad.

Lo específico de estos casos es el carácter ejemplarizante que se quiere dar a su muerte. No es noticia que otros en la misma situación luchen día a día por vivir con dignidad. Lo importante es que estos casos, tan trágicos como excepcionales, sirvan de palanca para legalizar la eutanasia.

Una vez que se entra en el corredor de la muerte de "El País" el enfermo es sometido a un protocolo mediático bien asentado. Historia clínica del caso; entrevista en la que el enfermo manifiesta su desesperación y su deseo de morir; reportaje con especial relieve para las declaraciones de la Asociación pro Derecho a Morir con Dignidad, que acude solícita a la cabecera del enfermo, y cobra unos réditos propagandísticos; preguntas a las autoridades sanitarias para ver qué se está haciendo para responder a la petición del enfermo; artículos de opinión para reivindicar la legalización de la eutanasia. Reportaje final cuando el enfermo ha conseguido por fin "una mano amiga" que le ha facilitado la muerte.

Todo ello adobado con denuncias al obstruccionismo de la Iglesia católica, acusada de obligar al enfermo a apurar el dolor hasta el final, y de imponer unos criterios religiosos en un Estado laico.

En el caso de Inmaculada Echevarría, el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía avaló la petición de la paciente para que le retiraran el respirador. Entendió que se trata de un caso de consentimiento informado de la paciente que quiere prescindir de un medio terapéutico indeseado. Tras estos dictámenes, el foco de la atención mediática se centró en hospital católico donde está internada, el Hospital de San Rafael de Granada, perteneciente a la orden de San Juan de Dios. ¿Respetaría el deseo de la paciente o habría que trasladarla a otro centro sanitario?

Si el Hospital se hubiera negado, habría sido acusado de poner los "prejuicios religiosos" por encima de los deseos de la paciente, que debería ser rescatada de ese entorno reacio para poder morir dignamente. Pero el Hospital ha entendido que, comparta o no la decisión de la paciente, ésta se ajusta a derecho de acuerdo con los dictámenes, por lo que debe ser respetada, y ha confirmado que seguirá atendiéndola hasta el final.

Respetuoso y solícito, ¿no? Pero "El País" necesita alargar la polémica, así que titula: "Un hospital católico desafía a la Iglesia y retirará el respirador a Echevarría". Ya que no puede ser tachado de opresor del paciente, convirtámoslo en rebelde. Pero no conviene olvidar que instituciones de esa Iglesia "desafiada" son las que han cuidado a la enferma desde que llegó a Granada con 29 años (ahora tiene 51): primero en una residencia de monjas y después en el Hospital de San Rafael. Ese entorno ha sido su familia y su círculo de amistades. La enferma reconoce que "me han ayudado en todo lo que he necesitado, y sobre todo me han apoyado y me han respetado".

Esa es la diferencia. Las instituciones sanitarias de la Iglesia católica la han ayudado a vivir con dignidad y ánimo durante largos años. Otros solo sirven para desconectar una máquina.