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Fuente: Conoze.com

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El Manifiesto suscrito por el PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las guerras de Belenes en algunos colegios públicos, la ausencia de ministros en los funerales por las víctimas del atentado de la T-4 o la oposición a los responsos... han replanteado el debate no tanto sobre la aconfesionalidad del Estado como sobre el principio de laicidad. Antes ya hubo un Manifiesto en Defensa de una Sociedad Laica; el PSOE en 2006 insistió en el tema, especialmente a propósito de dos asuntos de referencia —la reforma educativa y la financiación de la Iglesia—, y, presumiblemente, volverá a abordar la cuestión, por ser de lo poco que le queda a la izquierda para encontrarse consigo misma.

Coyunturalidades al margen —por ejemplo, el enojo ante la beligerancia de la Cope— el debate laicista afloró con motivo de la Constitución europea. Pero sigue latente, con nuevas ideas en el argumentario sobre ciudadanía y libertad de conciencia. La nueva idea de ciudadanía no apela a los derechos de los ciudadanos ya reconocidos, sino al comunitarismo o idea republicana de los derechos y libertades frente a su visión liberal, individualista; es el nosotros frente al yo, se es más ciudadano si se pelea por los derechos en el Estado y no desde fuera, la autonomía política de cada uno más que lograrse aisladamente y frente al Estado se hace realidad en él, mediante la colaboración y cooperación entre sus miembros. La participación en el autogobierno sería la esencia de la libertad, se lograría un consenso dominante al basar la convivencia en lo común.

La ciudadanía así entendida permitiría avanzar en los valores de laicidad, que, a su vez, garantizan unos derechos —algunos llamados de «tercera generación»— que llevan a una ciudadanía neutra, multicultural, asexuada religiosamente, a un mínimo común ético capaz de organizar el pluralismo; es la laicidad —y no otro principio— lo que cohesionaría una sociedad plural, multiétnica y multirreligiosa. Enfrente está lo que divide y, como se ha decretado que la religión divide, se reconduce a la conciencia personal, cuya libertad sí que garantizará el Estado siempre que no aflore, de ahí que se excluya de la educación, de la actuación de los poderes públicos, de su simbología y ceremonial o de la valoración de las iniciativas políticas; además, erradicaría todo trato privilegiado a la Iglesia católica pese a su arraigo multisecular.

El problema, una vez más, sería la Constitución, pero, como todo problema tiene arreglo, ahí están la Cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas, de la Universidad Carlos III, o la Fundación Cives. Los peritos en reinterpretaciones constitucionales no esconden los precedentes e igual que se alumbró el Estatuto catalán a base de reinterpretar la Constitución, ¿por qué no hacerlo con el artículo 16?

Dicho y hecho. La libertad religiosa se diluye en la de conciencia, la aconfesionalidad del Estado se supera y sustituye por el principio de laicidad, y los mandatos de que el Estado «tendrá» en cuenta las creencias de la sociedad española y «mantendrá las consiguientes relaciones con la Iglesia católica» se obvian pues, dicen, llevaría a una confesionalidad histórico-sociológica. Esos mandatos se pasan por la turmix del artículo 9.2, que ordena a los poderes públicos crear condiciones reales y efectivas de igualdad y remover los obstáculos que la impidan. Como la religión separa —no se olvide—, un trato especial a la confesión mayoritaria generaría desigualdad por lo que la laicidad positiva a la que alude el Tribunal Constitucional se reinterpreta para decir que, en realidad, la Constitución no permite un trato especial a la Iglesia Católica.

Nada de la discriminación positiva, tan invocada para otras cosas; sólo se cooperaría con la obra social de la Iglesia, es decir y según esa mentalidad, aquello que la asemeja a una inofensiva ONG. Sin embargo, y por mucho que se empeñe el pensamiento laicista —tanto el ilustrado, de pulcra peluca empolvada, como el desmelenado—, la discriminación es negativa por el mero hecho de obviar que hay una Historia, unas raíces, una cultura... impregnadas de 20 siglos de presencia de una confesión en España.

Todo esto sería materia para un debate serio, de altura, lo más desapasionado posible, pero la mesura de lo científico no evita el anticlericalismo, el rencor, las malas maneras y los odios no simulados de algunos políticos. La teórica indiferencia hacia lo religioso se traduce en una interesada abominación de lo que se denomina fundamentalismos monoteístas, que iguala a la Iglesia católica y a quien pregona la yihad —la Guerra Santa—, kalashnikov mediante, lo que no sale gratis.

Con los profetas de la nueva ciudadanía laicista, la Constitución ya no es punto de encuentro en el diseño de un Estado aconfesional; nos llevan a un choque de trenes y no por razones objetivas, sino por sus prejuicios; poco puede hacerse si el nuevo dogma entiende que democracia y religión se excluyen, si los valores de la nueva ciudadanía no son realmente los de todos, sino los de una parte, si nos endilgan un mejunje ideológico carente de raciocinio, cargado de bilis, que mezcla neocons, raíces cristianas, globalización, foto de las Azores, Al Qaeda, homosexuales y Conferencia Episcopal.

Y peor que esa grosería —aunque malbarate el debate— es que hay problemas que exigen ideas claras y no la absurda preferencia de ser tuerto con tal de ver a otro ciego. Es el caso de la inmigración. La llegada masiva de personas de las más diversas culturas y religiones, a veces con unas costumbres incompatibles con nuestro sistema de libertades y valores, exige saber qué es lo que nos identifica como cultura, como civilización. Si desde el prejuicio interesado se renuncia a esas raíces quedamos desarmados. Y peor aún es que se aproveche —y fomente— esa inyección inmigratoria para generar un ambiente de conflicto, cuya solución, casualmente, pasa por prohibir toda manifestación de lo religioso.

Pero huele a rancio. La Iglesia suele colisionar con el poder terreno. Empezó por Herodes, que quiso eliminar a Jesús, porque veía peligrar el trono: no hay sitio para los dos. A partir de ahí, su Historia está repleta de persecuciones de diversa índole e intensidad, más o menos sangrientas, más o menos burdas. Ahora, como ya hicieran los ilustrados o los revolucionarios franceses, más que por la separación entre Iglesia y Estado se aboga por relegar lo religioso a la intimidad e identificar su exteriorización con el «frentismo» de la Conferencia Episcopal, «poder» opuesto al civil. Se obvia interesadamente que lo que se discute es un ámbito de libertad ciudadana del creyente que, como ciudadano —porque lo es—, nada ni nadie puede impedirle que valore y haga valer sus convicciones en ese ámbito público y que en él exija su respeto o reconocimiento.

Impedirlo es una batalla inútil tratándose de una fe que, partiendo de otra yihad más árdua —contra uno mismo—, está llamada a transformar el mundo: ser católico no es una opción culinaria o musical, ni una decisión tan vital como el color del nuevo coche o las pulgadas de la nueva televisión de plasma. Además, al fin y al cabo, si la visión de género, medioambiental o social es la nueva medida de la bondad o maldad de todas las cosas, ¿por qué no la religiosa? Es la libertad y admitirlo sí que es ciudadanía bien entendida.