Este otoño se debatirá en el Parlamento el anteproyecto de Ley de educación aprobado por el Gobierno antes de las vacaciones. Lejos de conseguir el consenso, el texto ha encendido los ánimos de muchas agrupaciones que representan a padres y alumnos.   El texto no consigue mejorar el nivel educativo de los niños. Queda sin resolver el problema de la asignatura de Religión y se añade una materia llamada Educación para la ciudadanía que muchos temen que sirva como vehículo de propaganda par...

Este otoño se debatirá en el Parlamento el anteproyecto de Ley de educación aprobado por el Gobierno antes de las vacaciones. Lejos de conseguir el consenso, el texto ha encendido los ánimos de muchas agrupaciones que representan a padres y alumnos.

 

El texto no consigue mejorar el nivel educativo de los niños. Queda sin resolver el problema de la asignatura de Religión y se añade una materia llamada Educación para la ciudadanía que muchos temen que sirva como vehículo de propaganda partidista

 

El 22 de julio vio la luz el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero quiere que el Parlamento apruebe antes de que termine el año. El texto, lejos de reflejar el consenso de los distintos grupos que han tomado parte en los debates en el seno del Consejo Escolar del Estado, refleja los intereses de unos pocos. La falta de talante y de diálogo han sido las notas características de la gestión del Presidente en materia de educación. En primavera, se negó a recibir a los miembros de la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), que le presentaron más de tres millones de firmas en defensa de la asignatura de Religión. Por ese motivo, como explica el Presidente de esta organización, don Luis Carbonell, «ya no nos creemos nada, no nos fiamos de nadie». Tan es así que, si el Gobierno no escucha, posiblemente se organizará una manifestación para este otoño. La propia Conferencia Episcopal reconocía, al conocer la noticia de este proyecto «inaceptable», que no ha habido capacidad para debatir y consensuar el texto, que es «responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna».

 

Para la Federación de Enseñanza del sindicato USO, la ley que pretende sacar adelante el Gobierno «provocará más división en la sociedad española y no aporta nada coherente para solucionar las altas cifras de fracaso escolar de nuestro sistema educativo». Desde Concapa se hace hincapié en que «el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley que insiste en todos los elementos que han llevado al sistema educativo español a la cola, no sólo de los países de nuestro entorno, sino también detrás de algunos que están en vías de desarrollo». En este sentido, su Presidente explicaba que «hay un descontento social importantísimo», y advertía de que el sistema educativo «resiste ya muy pocos malos tratos porque ya está destrozado».

 

El sistema educativo como arma

 

Uno de los problemas del sistema educativo español ha sido que cada Gobierno lo ha querido cambiar. Pero no han buscado mejorar los errores percibidos en el sistema anterior –y cuando se ha intentado, como sucedió con la Ley de Calidad propuesta por el PP, se retrasó demasiado su llegada y no llegó a ponerse en marcha–, sino darle una vuelta completa. La consecuencia es una preocupante falta de continuidad, que ha afectado, sobre todo, a los alumnos, que se enfrentan a modelos cambiantes y que llegan en oleadas desiguales a la universidad. Esta situación acarrea otros perjuicios añadidos, como los cambios permanentes en los libros de texto, que impiden a familias con varios hijos reutilizarlos. Además, el profesorado se tiene que adaptar cada vez a sistemas de enseñanza diferentes. Para colmo, si, como se prevé, la Ley se aprueba con muy pocos apoyos, lo más probable es que dure poco porque nace abocada al fracaso. Eso supondrá un nuevo cambio en el sistema educativo.

 

Para los Gobiernos, el control de la educación es pieza clave. En el caso del señor Rodríguez Zapatero, se ha convertido en un pilar básico. El problema es que no parece que el objetivo sea mejorar los pésimos datos obtenidos por España en el «Informe Pisa» sobre la calidad de la enseñanza. Al contrario, no se plantea solución alguna en ese terreno, puesto que los niños pueden seguir pasando de curso con dos o tres asignaturas suspensas y se reduce el número de materias impartidas en la etapa escolar. Parece que el objetivo del Gobierno es adecuar el tipo de materias a la enseñanza que quiere dar a los niños. A este hecho responden las nuevas asignaturas de Educación para la ciudadanía y Educación ético cívica. Hay que recordar que ambas propuestas han sido incluidas en el anteproyecto, a pesar de que se toparon con el voto en contra de la mayoría del Consejo Escolar del Estado. En estas asignaturas se tratarán temas como la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres o la libertad. Pero su contenido, demasiado abierto, da pie a introducir en el temario cuestiones peligrosas. Como planteaba el señor Carbonell, podría ocurrir que se les dijera a los niños que es más ciudadano el que defiende, por ejemplo, la república, o la independencia de un territorio. El sindicato USO denuncia que «el Gobierno quiere utilizar esta asignatura con un fin ideológico muy concreto. Sabe que esta asignatura es la manera de incluir en los programas educativos la doctrina de lo políticamente correcto, ese pensamiento débil y único que garantiza la sumisión ideológica de los alumnos a los dictados del Gobierno de turno».

 

Don Luis Carbonell propone una solución para la cuestión de la asignatura de Educación para la ciudadanía. Plantea una especie de objeción de conciencia aprovechando dos de los agujeros del nuevo proyecto de Ley. En primer lugar, los alumnos pueden no asistir a esa asignatura. Basta con que sus padres les hagan una tarjeta. En segundo lugar, no hay ningún problema si suspenden esa asignatura, porque promocionarán automáticamente.

 

Desde USO también se critica que «esta apuesta arrincona la libertad, la iniciativa social y la posibilidad que tienen los padres (reconocida por la Constitución española) de elegir y crear centros educativos. Curiosamente, luego les molesta que se les diga que la visión de la enseñanza de este Gobierno es estatalista, totalitaria y adoctrinadora».

 

Desde el principal partido de la oposición, el PP, se ha denunciado la utilización partidista de la Ley Orgánica de la Enseñanza. Para el líder popular, Mariano Rajoy, el mayor problema radica en que van a aparecer diecisiete sistemas diferentes, uno por cada Comunidad Autónoma. En efecto, uno de los escollos más debatidos, y que más se debatirán en el Parlamento, es el relativo a los mínimos reservados a las Autonomías. Se establece que los contenidos comunes a todo el país no serán más de un 55% en las Comunidades con dos lenguas oficiales y de no más del 65% en el resto. Es decir, se está beneficiando claramente a las Autonomías que saben que, por ley, cuentan con un mínimo asegurado, pero que no tienen ningún tope máximo para incluir contenidos. «Más que elevar el nivel de los alumnos españoles –explican desde USO–, la Ley está pensada para satisfacer a los socios políticos del Gobierno. (...) Es una Ley que provoca más división en la sociedad española y que no aporta nada coherente para solucionar las altas cifras de fracaso escolar de nuestro sistema educativo».

 

Caballo de batalla: la Religión

 

La asignatura de Religión sigue siendo el gran caballo de batalla de esta polémica reforma educativa. La Vicepresidenta del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, cerró el debate durante la presentación del anteproyecto al decir: «Los que quieran, que la tengan, y los que no la quieran tener, que no la tengan». Esta tajante afirmación fue después matizada y la cuestión ha quedado abierta para ser abordada en los Reales Decretos que desarrollarán la Ley Orgánica. No obstante, dada la escasa voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno, no es descabellado pensar que la Religión quedará como asignatura voluntaria, no evaluable y no computable a efectos de media para la universidad o para conseguir becas. En principio, tampoco habría asignaturas alternativas, aunque este aspecto tendrá que aclararse una vez se desarrolle la normativa.

 

Don Teófilo González Vila afirmaba, en un artículo reciente publicado en Análisis Digital, que, más allá del debate sobre la asignatura de Religión confesional, la enseñanza de los conocimientos sobre sociedad, cultura y religión «ha de estar prevista en los planes de estudios por su propio valor autónomo decisivo y, por lo tanto, aunque no hubiera que establecer para quienes opten por ella una enseñanza religiosa confesional; aunque no se dieran las exigencias constitucionales ni los Acuerdos suscritos por el Estado que obligan también a dar cabida curricular a una enseñanza religiosa confesional».

 

Nulo valor al esfuerzo

 

Tras los negativos datos sobre la preparación de los niños españoles en los colegios, el Gobierno no aporta, en la nueva Ley, medidas que permitan resolver las lagunas anteriores. Según don Luis Carbonell, del texto presentado se deduce que un niño puede terminar su etapa escolar con hasta doce asignaturas suspendidas. El motivo es el sistema de promoción. Con una o dos asignaturas suspendidas, se pasa automáticamente de curso y sólo hay que participar en clases de apoyo al año siguiente. Con tres asignaturas suspendidas, el claustro decide si se pasa de curso o se repite. Con cuatro o más suspensos, se repite curso.

 

Otro de los problemas del nuevo sistema, que fomenta, sin duda, la escasa capacidad de esfuerzo, es que siguen sin plantearse pruebas objetivas para valorar el trabajo de los alumnos. Sí se han estipulado unas pruebas con 9 y 13 años, pero no pretenden ser valoraciones del alumno sino controles del sistema educativo. Es decir, a los alumnos no les debe preocupar esa nota en absoluto. La falta de pruebas objetivas como las que proponía la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, paralizada al llegar el PSOE al poder, tiene como consecuencia que no habrá forma alguna de establecer criterios para comparar distintos colegios. La formación dependerá, exclusivamente, de la enseñanza que se dé en cada centro educativo. A la larga, este sistema engendra injusticias, porque, como no habrá control alguno sobre la labor llevada a cabo por los colegios estatales, los colegios de iniciativa social, accesibles sólo para unos pocos, serán los que den mejor educación.

 

Doña Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social del PP, criticaba la ausencia de valores de la norma en trámite. En efecto, el esfuerzo sigue estando ausente, como ya ocurrió con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Es cierto que se dice que hacer los deberes es una obligación de los alumnos. Pero se potencia el menor trabajo posible. De hecho, uno de los medios empleados para mejorar el nivel educativo es reducir el número de asignaturas.

 

María S. Altaba

 

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