En México, el divorcio es definido oficialmente como la disolución jurídica definitiva de un matrimonio, deviniendo en la separación del marido y de la mujer, misma que confiere a las partes el derecho a contraer nupcias nuevamente, según la disposición civil de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2006). Desde la perspectiva sociológica, el divorcio constituye un fenómeno social y demográfico caracterizado por el incremento de las rupturas conyugales; particularmente por la formalización legal de la disolución conyugal.

Sin embargo, es necesario analizar dicho fenómeno en su doble dimensión; desde el enfoque macrosocial, este fenómeno se encuentra asociado con la transformación social y demográfica denominada “transición demográfica”, especialmente en su segunda etapa, caracterizada por los cambios presentes en la formación y la disolución conyugal (Ariza y Oliveira, 2004; Arriagada, 2005; Quilodrán, 2003). Dicha transición está relacionada entre otros factores, con el aumento de la escolaridad en la población, así como con los cambios ocurridos a nivel familiar, en especial, aquellos ligados al papel de las mujeres y los hijos, como la mayor incorporación de éstas al mercado laboral (en particular las unidas y con hijos), la centralidad de la vida familiar en la pareja, mayor valor y atención hacia los hijos, mayor número de años de dependencia de estos últimos (gracias al incremento de la escolaridad) y un aumento de años en la duración de los matrimonios (resultado del incremento en la esperanza de vida) (Ariza y Oliveira, 2002; Giddens, 2001; Leñero, 2002; Ripol, 2001; Salles y Tuirán, 1996).

A nivel microsocial, el divorcio constituye un proceso de ruptura y transformación familiar, caracterizado por su heterogeneidad, mismo que conlleva principalmente a la formación de familias reconstruidas y de tipo monoparental [1] (INEGI, 2000; Poxtan, 2010). Además, es un indicador del incremento de tensiones, ambivalencias y desigualdad al interior de las parejas, así como del cambio de expectativas sobre el matrimonio.

Por lo señalado, en el presente análisis se hace una revisión del divorcio primeramente a nivel macrosocial, señalando sus tendencias tanto a nivel nacional como en el estado de Nuevo León; después se centra en el examen del mismo a nivel microsocial, haciendo una revisión de sus características más relevantes. Posteriormente, se revisan los principales resultados de un estudio amplio sobre este fenómeno social, realizado en el área metropolitana de Monterrey con el objetivo de analizar las características presentes en el divorcio, así como los factores sociales vinculados a su incremento y a los efectos enfrentados de manera posterior. Se utilizó una muestra estratificada de 779 participantes, conformada por 322 hombres y 457 mujeres que al menos en una ocasión enfrentaron el divorcio.

El análisis de los resultados, particularmente de los efectos e implicaciones del divorcio es realizado desde la teoría de la estructuración y praxis social de Giddens, cuyo planteamiento hace posible entender la relación entre los elementos estructurales que definen la relación entre los sexos en la sociedad, que por un lado, constriñen la acción, principalmente de las mujeres, así como por el otro explican la transformación de su situación y sus circunstancias, producto de las acciones o prácticas sociales, lo cual está vinculado al poder de los agentes, derivado de su control en los recursos, en particular los de tipo autoritario, relacionados con su nivel de libertad y toma de decisiones. A partir de este planteamiento, es necesario analizar las diferencias evidenciadas en los efectos e implicaciones observados entre los participantes en función de su situación y su control de los recursos tanto autoritarios como distributivos.

El divorcio como fenómeno social y demográfico

El divorcio está ligado al aumento de la cohabitación o unión libre, [2] puesto que constituye uno de los principales indicadores de la transición demográfica, específicamente de los cambios en la formación y disolución familiar, consistentes tanto en el aumento de las separaciones y divorcios, como en la disminución de los matrimonios; aunado al incremento de la edad al momento de contraer matrimonio y la postergación de la maternidad (Ariza y Oliveira, 2004; Ripol, 2001; Salles y Tuirán, 1996). Por tanto, demanda el análisis del incremento en las rupturas conyugales, asociado a la disminución de los matrimonios; éste es posible a través de la relación de divorcios por cada cien matrimonios. Esta relación da cuenta de manera más precisa de la transformación señalada, mientras que la típica medición brindada por la tasa de divorcios, permite observar únicamente el número de divorcios presentados durante un año en relación con la población de la zona en cuestión. No obstante, dicho indicador es resultado de la combinación entre el aumento de disoluciones conyugales formalizadas y la disminución de matrimonios registrados, paralelo al aumento de las uniones consensuales, situación que ha sido reportada con anterioridad por diversos autores (García y Rojas, 2004; Quilodrán, 2003; Ribeiro, 2012).

Desde la teoría de la “transición demográfica”, las características presentes permiten hacer un recuento de los avances en un proceso de evolución y cambio social, situación esperada en la homologación de las sociedades dentro del proyecto de modernidad, al asemejarse a aquellas consideradas como desarrolladas. Cabe señalar, que la situación de México aún no alcanza los niveles mostrados por países como Bélgica, Portugal, Hungría, República Checa y España, e incluso los que se observan en Cuba, Estados Unidos, Alaska y Guyana Francesa, mismos que se encuentran por encima de 50 por ciento de los matrimonios registrados (EUROSTAT, 2012).

A partir de estos indicadores, se puede señalar que el divorcio muestra un comportamiento ascendente en México, que se duplica entre 2000 y 2010, siendo más pronunciado en el caso de Nuevo León, al triplicarse durante el mismo periodo, con 26 divorcios por cada 100 matrimonios en 2012 (véase Gráfica 1) , por lo que ocupa el cuarto sitio a nivel nacional, después de la Ciudad de México (34 de cada 100 matrimonios), Chihuahua (31) y Colima (29) (INEGI, 2011 y 2014). Las entidades con menor relación de divorcios por matrimonios son Oaxaca (cuatro de cada 100 matrimonios), Guerrero (siete) y Chiapas (nueve) (INEGI, 2014). Sin embargo, la situación difiere al observar el número de divorcios registrados durante 2012, Nuevo León se encuentra en tercer sitio con 7 537, siguiendo al Estado de México con 12 890 y a la Ciudad de México con 11 105 (INEGI, 2013).

·     

 

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2016).

Gráfica 1: Evolución del divorcio a nivel nacional y en Nuevo León

La tendencia creciente del divorcio en Nuevo León, mostrada por la relación de divorcios por cada 100 matrimonios indica un doble efecto ocurrido tanto en el aumento de los divorcios, los cuales se incrementaron en 162.8 por ciento entre 2000 y 2011, como en la baja de matrimonios registrados, disminuyendo en 20.6 por ciento durante el mismo periodo (INEGI, 2013).

El divorcio como proceso de transformación familiar

En el círculo familiar el divorcio constituye un proceso de ruptura y transformación, constituido principalmente por tres momentos: I) cuando uno de los miembros comienza a pensar en la separación, II) cuando ocurre la separación física de los cónyuges y III) cuando se formaliza legalmente la separación (Ribeiro y Cepeda, 1991).

El proceso señalado se caracteriza por ser heterogéneo y complejo, en tanto, se presenta en todos los niveles socioeconómicos, así como en matrimonios con desigual duración y en diversos grupos de edad. Además, muestra algunas tendencias como son: presentarse en mayor medida en los grupos más escolarizados, ser solicitado generalmente por la mujer, incrementarse en los grupos con duración mayor a los diez años de matrimonio, así como presentarse especialmente en las llamadas parejas transicionales [3] (INEGI, 2008 y 2010; Burin, 2007; Meler, 1998; Ribeiro, 1994).

El hecho de que la mujer solicite en mayor medida la separación y el divorcio, ha sido asociado entre otros factores, al incremento de las tensiones al interior de la pareja, las cuales suelen estar aunadas al cambio de expectativas respecto al matrimonio, así como la diferencia de éstas entre los miembros de la pareja (Barahona, 2004; Giddens, 1992). Paralelo a los cambios demográficos, se advierte un mayor número promedio de años en la vida de pareja (gracias a una mayor esperanza de vida); así como un mayor número de años en la dependencia de los hijos (con el incremento de los años de escolaridad); además de la presencia de diversidad y cambios en los papeles ejercidos por los miembros de la pareja, lo cual contribuye a las tensiones señaladas (Burin y Meler, 1998).

Metodología del estudio

El análisis presentado en este documento, retoma principalmente los resultados de un estudio amplio sobre el divorcio auspiciado con recursos de PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), siguiendo un diseño de tipo transversal, cuantitativo y correlacional; fue realizado en el área metropolitana de Monterrey durante 2010, con una muestra de 779 participantes, 457 mujeres y 322 hombres que viven en esa área; independientemente de su estado civil actual y del tiempo transcurrido luego del divorcio.

Se elaboró una cédula [4] propia para el estudio, para lo cual fueron retomados aspectos señalados por la literatura especializada, así como por la participación de investigadores expertos dentro de una red internacional de investigación, desde la cual se conformó un equipo interdisciplinario con profesores investigadores de las Facultades de Trabajo Social y Desarrollo Humano, así como de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de un grupo de investigadores de la Université de Aix-Marseille en Francia, coordinado por Manuel Ribeiro. La muestra diseñada fue mixta, siguiendo un diseño estratificado con participantes de diversos niveles de escolaridad e ingreso, así como heterogeneidad en términos de edad de los participantes, tiempo transcurrido tras el divorcio y, número de hijos. Por un lado, se estableció una cuota por AGEB en población abierta, seleccionando de manera aleatoria, 300 del total de 1230 AGEB del área metropolitana de Monterrey; por otro lado, la muestra fue complementada con participación voluntaria de miembros en grupos de autoayuda a divorciados, además de dos juzgados de lo familiar y el Tribunal Eclesiástico de Monterrey.

De esa manera, se logró captar una muestra heterogénea, conformada por distintos niveles socioeconómicos y de escolaridad, con diversidad en grupos de edad, municipios de residencia, tiempos después del divorcio, duración del matrimonio y número de hijos, lo que permitió examinar la diversidad de situaciones enfrentadas durante el proceso, así como las posteriores al divorcio, cumpliendo con el objetivo planteado (Tabla 1).

·

 

Fuente: elaboración propia con datos de la muestra del estudio sobre Divorcio en Nuevo León (2010).

Tabla 1: Perfil de los participantes (muestra)

Entre las principales características de los participantes podemos señalar que la escolaridad promedio supera de forma notoria a la población en general, correspondiente a 8.6 años promedio en México (8.4 mujeres y 8.7 varones) y 9.8 años promedio en Nuevo León (nueve mujeres y diez varones), lo que confirma que son los más escolarizados, en promedio, quienes llevan a cabo la disolución legal de su matrimonio (INEGI, 2013). Lo anterior coincide con lo observado por estudios previos en torno al tema (Ojeda, 1986; Ojeda y González, 2008). Así como estudios paralelos en la entidad, como es el Diagnóstico de la Familia en Nuevo León (Ribeiro, 2010). Otro aspecto que resalta es la edad promedio al momento de contraer nupcias, señalada por los participantes, que es similar a la encontrada en los datos oficiales, correspondiente a 24.3 años en las mujeres y 26.6 en los varones, para la década correspondiente al estudio (INEGI, 2008; Ribeiro, 2010a). Asimismo, es posible observar que la duración social [5] del matrimonio es menor a la duración legal [6], diferencia que se explica por el tiempo de separación física entre los cónyuges, previa a la formalización legal de la ruptura, tiempo que, en promedio en el presente estudio, corresponde a 18 meses en el grupo de las mujeres, así como a 15 meses para el grupo de varones. Respecto al tiempo promedio transcurrido después del divorcio es notorio que corresponde a siete años, sin diferencias significativas entre los sexos (Tabla 1).

El estado civil reportado al momento del estudio es principalmente de divorciado (a), significativamente mayor en las mujeres; lo contrario se observa entre quienes tienen una nueva pareja, siendo significativamente mayor en los varones (Tabla 1). Esta situación se ve incrementada en relación con décadas anteriores, de acuerdo con estudios previos (Calderoni, 2008; Ribeiro y Cepeda, 1991); es difícil comparar este dato a nivel nacional, al no contar con registros de segundas o terceras uniones, particularmente cuando éstas no se formalizan.

Aunado a lo anterior, se observa que el tipo de familia [7] en que vive el (la) participante, es principalmente reconstruida o unipersonal en los varones; mientras que las mujeres, generalmente viven en un arreglo de tipo monoparental, reconstruida, o bien nuclear o extensa. Es necesario subrayar que quienes se encuentran viviendo en familia nuclear o extensa, por lo general, han regresado a vivir con su familia de origen, situación que es más común entre las mujeres. Otro aspecto a resaltar es la heterogeneidad del grupo respecto al estrato socioeconómico evidente al discriminar por intervalos el ingreso mensual familiar (Tabla 1), así como en la proporción de participantes residentes en los diez municipios del área metropolitana de Monterrey.

Análisis del divorcio

En México existen dos tipos de divorcio: el judicial, que implica la realización de un juicio y, el administrativo que se realiza solamente ante el registro civil y requiere que ambos miembros sean mayores de edad y no hayan procreado hijos juntos, así como haber liquidado la sociedad conyugal y tener al menos un año de casados; a su vez, el judicial puede ser de tipo necesario, lo que implica que uno de los cónyuges demande al otro aduciendo una de las causales establecidas en el Código Civil de la entidad federativa en cuestión como causal del divorcio; o bien de tipo voluntario, el cual demanda el consentimiento de ambos cónyuges y la elaboración de un convenio en el que se acuerdan la repartición de bienes, así como la custodia de los hijos. Este último permite ocultar la causa directa del divorcio, así como implica menores costos y tiempos, además, de un menor desgaste emocional durante el juicio.

En el estudio realizado en Monterrey siete de cada diez divorcios realizados por los participantes fueron voluntarios, mientras que uno de cada siete fue necesario, uno de cada ocho fue administrativo y uno de cada cien, anulación. Esta distribución es similar a la observada a nivel nacional, aunque en este caso la proporción de divorcios voluntarios es menor (61 por ciento), mientras que los divorcios de tipo necesario (24 por ciento) y los administrativos (15 por ciento) fueron mayores en el país (INEGI, 2010a). El incremento de los divorcios voluntarios, es una tendencia observada en los últimos años, lo que demanda un acuerdo entre los cónyuges, y en lo cual pueden influir tanto factores relacionados con la inversión de tiempo y recursos en el juicio, como el deseo de mantener en privado la causa principal de la ruptura. No obstante, es importante considerar que en algunos casos, el divorcio iniciado como necesario puede cambiarse a voluntario, a veces, por la intervención de los abogados de los cónyuges; pero también, en menor medida, suele ocurrir lo contrario, que un juicio iniciado como voluntario, por algún motivo, termine siendo realizado como necesario.

Respecto a la iniciativa en el divorcio, nuestro estudio revela que es principalmente la mujer (seis de cada diez casos) quien solicita el divorcio, seguida por la que ambos lo hacen de común acuerdo (uno de cada cinco casos); en menor proporción el varón toma la decisión (18 por ciento) y menor aún, cuando una persona externa a la pareja lo sugiere (uno por ciento). A nivel nacional, la mayoría (65 por ciento) indica que fue iniciado por ambos miembros, en menor medida aparece el divorcio solicitado por la mujer (20 por ciento), y una proporción menor corresponde al solicitado por el varón (14 por ciento) (INEGI, 2010). Ambos datos difieren, principalmente, porque en el estudio aquí presentado se observa directamente la respuesta brindada por los participantes respecto a la toma de decisiones, lo cual indica a la persona que sintió la necesidad de disolver el vínculo conyugal, independientemente de cómo terminó el proceso realizado; por el contrario, los datos oficiales obtenidos a nivel nacional, muestran el dato registrado a la terminación del proceso, por lo cual se presenta en función de quien ganó la demanda.

En torno a la causa señalada como principal motivo de la ruptura, se declara la infidelidad de la expareja en mayor proporción, principalmente por las mujeres (una de cada cuatro), en tanto que los varones (uno de cada ocho) también la indican como principal causa, pero en menor medida que las mujeres. Esta situación también se advierte a nivel nacional, denotándose en 2010 un incremento en la proporción de mujeres que señala como principal causa de la disolución matrimonial el adulterio o infidelidad de su expareja (55 por ciento), aumentando a 57 por ciento en 2011 y 58 por ciento en 2012 (INEGI, 2013). Estos datos no revelan de manera directa que la infidelidad entre las parejas casadas se esté incrementando, pero sí el que la tolerancia al respecto ha disminuido, especialmente en las mujeres. Llama también la atención que, si bien ésta es reportada en menor medida por los varones, lo señalen como principal causa de la ruptura legal, situación que difiere de la observada en décadas anteriores (Ribeiro y Cepeda, 1991).

Entre las causas señaladas por las mujeres, destacan la violencia o agresividad de su expareja (11 por ciento), el alcoholismo del cónyuge (8.3 por ciento), su irresponsabilidad (siete por ciento) y la falta de amor (seis por ciento); mientras que los varones indican la incompatibilidad de caracteres (diez por ciento), falta de comunicación (siete por ciento), falta de amor (siete por ciento) y discusiones o peleas continuas (seis por ciento). El reporte de violencia como una de las principales causas de divorcio señaladas por las mujeres, coincide con los datos oficiales respecto a este fenómeno, puesto que la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares 2011) subraya que 42 por ciento de las mujeres casadas o en unión libre declaró haber tenido algún incidente de violencia por parte de su última pareja. Asimismo, el señalamiento de irresponsabilidad en la expareja, coincide con la observación de violencia, en la encuesta; 58.1 por ciento indica haber enfrentado violencia económica, que incluye no dar para el gasto, así como gastar lo que se necesita para la casa (INEGI, 2013). Si bien estos motivos son señalados como los principales para la ruptura y disolución conyugal, parece tratarse del detonante que conlleva a tomar la decisión, puesto que al indagar sobre otros motivos presentes en el proceso de decepción y ruptura, se observa la acumulación de entre ocho y diez motivos distintos en las mujeres, en promedio, quienes indican desde uno hasta 16 motivos acumulados; mientras que los varones presentan entre seis y ocho, con un rango de entre tres y 16 motivos acumulados durante el proceso de ruptura y separación en promedio (Gráfica 2).

·      

 

Fuente: elaboración propia encuesta sobre divorcio (2010).

Gráfica 2: Número de motivos acumulados para solicitar el divorcio

El cúmulo de motivos que durante el matrimonio conllevan a la separación y ruptura entre la pareja, se hace evidente cuando los participantes señalan entre los aspectos de la vida cotidiana que ocasionan conflicto, en el grupo de mujeres: la irresponsabilidad de su expareja (11 por ciento), la escasa convivencia (8.2 por ciento), alcoholismo de excónyuge (5.3 por ciento), problemas económicos (4.9 por ciento), discusiones o peleas continuas (4.6 por ciento), falta de compromiso (4.4 por ciento) y mal carácter de su expareja (4.4 por ciento); mientras que los varones, indican: problemas económicos (nueve por ciento), celos (6.5 por ciento), falta de comunicación (6.2 por ciento), incompatibilidad de caracteres (5.9 por ciento), así como falta de tiempo por su trabajo (5.6 por ciento).

De esta manera, se advierte que la decisión de disolver el matrimonio, se presenta luego de un proceso de decepción en la mayoría de los casos, mismo que llega a prolongarse por varios años, puesto que al preguntarles a los participantes por el tiempo que estuvieron pensando en el divorcio, se observa que seis de cada diez lo hicieron durante un año, de manera previa a la separación física; solamente 11 por ciento señala no haberlo pensado y que tomaron la decisión ante la presencia del motivo señalado como principal; mientras que el resto (29 por ciento) indica haberlo hecho entre 13 meses y 10 años. Dicho tiempo fue, en promedio, 21 meses para las mujeres, mientras que para los varones, fue de 17 meses. Si a ello se suma el tiempo que subrayan haberse mantenido separados físicamente, 18 meses en promedio en las mujeres y 15 meses en los varones, antes de iniciar el trámite de divorcio, ello da cuenta de que en el proceso de separación y ruptura, se acumularon tanto los motivos señalados, como tensiones, desilusión y dolor, periodo que se alarga, especialmente en las mujeres. Lo anterior, evidencia que dicho proceso generalmente es paulatino, presentándose en primer término una ruptura afectiva, previa a la separación física, en tanto que esta última, en ocasiones, es intermitente, antes de llegar a la disolución legal del matrimonio, la que solamente formaliza la ruptura del vínculo conyugal. Salvo algunas excepciones, en que la decisión fue expedita, se toma de manera inmediata tras presentarse el motivo señalado como principal o detonante, situación subrayada, especialmente, por algunos varones (Gráfica 2).

Pese a la situación señalada, como se indicó previamente, una de cada cuatro mujeres, así como 44 por ciento de los varones ha vuelto a unirse o casarse; incluso, en ambos sexos, uno de cada cien se encuentra nuevamente separado (a) de una segunda unión o matrimonio (Gráfica 2). Además de retomar la creciente tendencia a contraer nuevas nupcias o conformar una nueva unión luego del divorcio, evidente en el notorio incremento de la proporción, en especial de las mujeres que se han vuelto a casar o unir en mayor medida que la reportada por estudios realizados en décadas anteriores (Calderoni, 2005; Ribeiro y Cepeda, 1991). Dicha tendencia se confirma ante el cuestionamiento de si se piensa en volver a casarse a quienes no se encuentran casados al momento del estudio: se observa que una de cada tres mujeres responde afirmativamente, en tanto los varones lo hacen en la mitad de los casos; situación que es mayor a la observada en estudios anteriores (Calderoni, 2005; Ribeiro y Cepeda, 1991).

En torno a esta situación, cabe señalar que en el estudio realizado fue posible observar el tiempo transcurrido entre el primer matrimonio (del cual se divorciaron) y la segunda unión o matrimonio, en tanto la edad promedio en la cual contrajeron nupcias por primera vez corresponde a 23 años en las mujeres y 25 en los hombres, [8] mientras que la edad media a la última unión o matrimonio es de 33 para las mujeres y 35 para los varones. Lo cual nos indica una diferencia de diez años en promedio, entre el inicio de la primera y la segunda unión.

Otro aspecto a resaltar es la heterogamia,[9] observada tanto en edad como en escolaridad, en el matrimonio disuelto entre los participantes, en el cual sobresale que 13 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló haberse casado con un hombre menor a ellas, lo cual rompe con el imaginario social de que el hombre debe ser mayor en una relación, situación que no obstante, se cumple en siete de cada diez casos; mientras que 15 por ciento presenta homogamia, en tanto indica tener la misma edad que su excónyuge. Llama la atención que esta tendencia muestra un crecimiento en los recientes matrimonios; entre los matrimonios registrados durante 2011 se observa un incremento de la heterogamia, particularmente de la situación en que las mujeres contraen matrimonios con hombres de menor edad, proporción presentada en 21 por ciento, mientras que los hombres mayores se encuentran en 67 por ciento y la homogamia está presente en solamente 12 por ciento. Lo anterior parece indicar una ruptura cultural, en cuanto a que se tenga menor presión social respecto al hecho de que el marido sea de mayor edad que la contrayente, lo que predominó por mucho tiempo en el imaginario social, como lo esperado entre las parejas.

La heterogamia resalta aún más en el caso de escolaridad, puesto que 38 por ciento de las mujeres presenta actualmente una escolaridad mayor que su expareja, desde uno hasta 12 años más de escolaridad formal; mientras que una menor proporción (28 por ciento) tiene una escolaridad menor que su excónyuge, desde uno hasta 11 años; en este aspecto, 34 por ciento presenta homogamia, al contar con el mismo número de años en escolaridad. Es importante subrayar la relevancia de esta situación, puesto que como veremos más adelante, constituye un importante recurso para enfrentar los efectos del divorcio, especialmente, en el desarrollo de autonomía y en el nivel de bienestar mostrado de manera posterior al divorcio, especialmente para las mujeres. No obstante, una limitante en el análisis de este factor, es que no es posible discriminar el momento en que se presenta la diferencia en escolaridad, especialmente cuando la mujer supera en escolaridad a su expareja; es decir, no es posible identificar en nuestro estudio, si desde el inicio de la unión la mujer decidió casarse con un varón que presenta menor escolaridad que ella; si por el contrario, la mujer llega a superarlo estudiando durante su matrimonio; o bien, si ello ocurre como parte de las estrategias para afrontar la separación afectiva o física y los efectos del divorcio, estudiando durante dicho proceso o al final del mismo. Lo que sí es posible señalar, es el mayor recurso educativo en las mujeres que llegaron al divorcio, lo cual incrementa su libertad en la toma de decisiones y con ello, los niveles de autonomía mostrados (Giddens, 2003).

Respecto a la custodia de los hijos nacidos del matrimonio, siempre y cuando sean aún dependientes, se observa que en seis de cada diez casos, la mujer obtuvo la custodia; una de cada tres indica que su expareja la obtuvo; así como que una de cada cien señala tener una custodia compartida; [10] cuatro por ciento de ellas contestó que unos hijos viven con ella y otros con su expareja (generalmente, porque no son menores de edad o dependientes), así como dos por ciento subraya que no tenían hijos dependientes al momento del divorcio. Las evidencias señalan que son las mujeres quienes generalmente asumen la responsabilidad de los hijos dependientes, situación que justifica un análisis más detenido de los niveles de bienestar y autonomía observados en ellas, mismos que repercuten directamente en el bienestar de los hijos (Dowling y Barnes, 2008; Street, 2004).

Respecto a la recepción de pensión alimenticia para el sostenimiento de los hijos, resalta que tres de cada cuatro mujeres con hijos dependientes señala no recibirla, en tanto dos por ciento indica recibirla sólo en ocasiones y cuatro por ciento de manera esporádica, una de cada seis responde que la reciben de manera regular; aunque en su mayoría subrayan considerarla insuficiente. Lo anterior llama la atención, particularmente porque la edad media de los hijos que las mujeres tienen a su cargo es de 12.37 años, lo cual implica gastos, tanto de sostenimiento como escolares. Esta situación parece estar relacionada con el hecho de que 83 por ciento de las mujeres participantes indican trabajar al momento del estudio, proporción que supera mucho a la presente en el universo de esta población, puesto que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2010), a nivel nacional las divorciadas trabajaban en 72 por ciento (INEGI, 2010).

Blanca Mirthala Tamez-Valdez y Manuel Ribeiro-Ferreira,  scielo.org.mx/

Notas:

1.      Familia monoparental es aquella conformada por un hombre o mujer, sin pareja, a cargo de uno o varios hijos dependientes (Alberdi, 1988; Borrajo, 1988; Rodriguez y Luengo, 2003 citados por Poxtan, 2010). Cabe señalar que el divorcio, a partir de las últimas décadas, ha llegado a constituir la segunda fuente de origen de este tipo de familia, superado solamente por la viudez, que sigue siendo la primera fuente de origen.

2.      La cohabitación o unión libre hace referencia al hecho de que las parejas decidan vivir juntas sin llegar al matrimonio; puede ser temporal o permanente.

3.      Las parejas transicionales son definidas por Burin y Meler (1998) como aquellas que presentan algunas características de pareja tradicional, con una clara división de tareas entre los sexos, paralela a algunas características innovadoras o modernas, es decir, relaciones más igualitarias y simétricas en algunos aspectos de su vida doméstica. Esta combinación de modelos se presenta en ocasiones como producto de un vaivén entre un modelo y otro a lo largo del tiempo.

4.      La cédula elaborada constó de las siguientes dimensiones: I) datos sociodemográficos, II) datos acerca del matrimonio y el divorcio realizado, III) situación familiar actual, IV) efectos del divorcio, v) autonomía y bienestar tanto durante el matrimonio como después del divorcio. La cédula estuvo conformada por un total de 214 preguntas, de las cuales ocho fueron abiertas; fue aplicada por un equipo de 28 encuestadores, todos estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, previamente capacitados. La cédula fue aplicada a través de la técnica de entrevista estructurada.

5.      En este análisis, el término duración social del matrimonio corresponde al tiempo que vivieron juntos los miembros de la pareja; es decir, el tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y la separación física de los cónyuges.

6.      Duración legal del matrimonio se denomina al tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y la disolución legal (divorcio).

7.      El término “tipo de familia” hace alusión a la estructura del arreglo familiar en el que habitan los participantes, estableciéndose la siguiente tipología: I) reconstruida, es la conformada por el (la) participante (divorciado o divorciada) con una nueva pareja o cónyuge, independientemente de si viven o no con su (s) respectivo (s) hijo (s); II) monoparental, previamente definida, es la conformada por el(la) participante con su (s) respectivo (s) hijo (s) dependientes; III) unipersonal, cuando el (la) participante vive solo (a); IV) nuclear se refiere a una familia conformada por padres e hijos sin pareja, generalmente la familia de origen del (a) participante; V) extensa conformada por tres o más generaciones, correspondiente también al retorno del (a) participante a su familia de origen.

8.      La edad media al primer casamiento no muestra diferencias significativas con la reportada por las estadísticas oficiales, la cual corresponde a 24 años para las mujeres y 26 para los varones de acuerdo con la ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009), (INEGI, 2013).

9.      Heterogamia es el término utilizado en este estudio para hacer referencia a la diferencia entre los miembros de la pareja, particularmente en edad y en años de escolaridad; siendo antónimo de homogamia, el cual alude a similitud entre ellos.

10.    La custodia compartida no existe en el estado de Nuevo León como recurso legal, sin embargo, es señalada por algunos participantes, como un acuerdo al momento del divorcio, respecto a compartir los tiempos y responsabilidades de cuidado de los hijos entre los excónyuges.