Una opción intolerable para los "demócratas de género", aunque haya sido elegida por los padres<br /><br />

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No son razones pedagógicas. No son criterios de economía. Es algo mucho más simple y tremendo: miedo. El miedo más triste y mezquino. El miedo a la libertad

La OCDE acaba de señalar que España no recuperará el nivel de empleo de 1998 hasta el año 2026, y me parece una previsión razonablemente optimista, puesto que para crear empleo es necesario un crecimiento sostenido de la economía por encima del 2,5% anual, y no parece que vayamos por ese camino.

      Tras el vuelco electoral, con un Gobierno bastante a la deriva centrado en disputas internas, la economía, primer problema nacional, pasa a un segundo plano: la reforma del mercado de trabajo puede esperar; establecer un nuevo marco de negociación colectiva tampoco es urgente; el endeudamiento exterior y la constante subida del diferencial con los bonos alemanes a diez años tampoco es algo que deba preocuparnos. Ni siquiera la bola de nieve de los "indignados" de la Puerta del Sol (los otros indignados, los que están trabajando o buscando trabajo, no salen en los medios), que va corriendo ladera abajo y nadie sabe cómo y cuándo acabará, merece una especial atención de nuestros gobernantes.

      La reacción del Gobierno ha sido rápida y contundente para resolver los que, entiende, son los problemas reales del país: la aprobación del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato, el de Muerte Digna y la creación de una comisión para definir el futuro del Valle de los Caídos. Temas todos de una fuerte carga ideológica y absolutamente ajenos a las preocupaciones y necesidades reales.

      Habría mucho que hablar del proyecto de Ley de Muerte Digna, eufemismo sustitutivo de la eutanasia, y de la oportunidad de seguir removiendo las cenizas de la Guerra Civil; pero querría centrarme en el de Igualdad de Trato, que impone un determinado modelo educativo; introduce novedades como la inversión de la carga de la prueba en los casos de denuncia de trato discriminatorio; amordaza preventivamente a los medios y repone la figura del comisario político, aquí llamado Autoridad para la Igualdad en el Trato y la no Discriminación. No es de extrañar que estadistas de la talla de Pedro Zerolo o Leire Pajín estén exultantes.

      Pero el tema estrella de este proyecto de Ley, a juzgar por las declaraciones de la ministra Pajín en su presentación, es la supresión del concierto escolar a aquellos centros que opten por la educación diferenciada, una opción intolerable para los "demócratas de género", aunque haya sido elegida por los padres.

      Así de sencillo y así de tremendo. En contra de lo que pregona el dicho popular, sí hay algo más peligroso que un tonto con una pistola: un político con poder y sin formación, fanatizado por una ideología con afán totalitario —que pretende dar una respuesta total a las necesidades humanas inculcada a golpe de tópicos repetidos en mítines y, subliminalmente, en medios de comunicación afines.

      El Informe Pisa coloca a España, y dentro de ella a Andalucía, a la cola de Europa, con un 40% de fracaso escolar. Sí, de cada 10 alumnos que cursan los niveles de educación obligatoria, sólo 6 los superan. Pero no hay que preocuparse, nuestros gobernantes desde hace treinta años —no pueden alegar que esta es la consecuencia de la herencia recibida— ya parece que han encontrado la solución que nos llevará a la cabeza de Europa en Matemáticas y Lengua —las dos áreas en las que destaca, por abajo, Andalucía— y además resolverá la crisis de valores que ahora todos reconocen como una de las razones de fondo de la crisis económica: la clave está en que la educación ha de ser obligatoriamente mixta, no hay lugar para la educación diferenciada.

      ¿En base a qué criterio pedagógico se justifica esta supresión de concierto económico a los centros con educación diferenciada? No es necesaria la justificación, no importa que en los países con mejores resultados académicos coexistan los dos sistemas, educación diferenciada y coeducación. Para quienes la ideología está por encima del derecho natural, eso es así y punto.

      Tampoco se admiten reparos sobre la licitud de disponer sectariamente de los fondos públicos. Es como si un grupo de matrimonios hacen un fondo común para ir a cenar y el administrador del fondo pide paella para todos. Si alguien dice que prefiere ensalada éste le dice que eso se lo tiene que pagar con su dinero, que el fondo común no debe pagar elecciones personales, para decidir ya está él.

      Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, decía Pascal, y en esta proposición de Ley ha surgido un "daño colateral" que seguramente no habían previsto sus promotores, pero que puede movilizar a los ciudadanos con más vehemencia de la que hayan podido suponer: me refiero a las Hermanas de la Cruz. Ellas mantienen su colegio de educación diferenciada —sólo niñas— porque así lo dispuso Sor Ángela, y no van a cambiar. Rotundamente no. Si la Administración les niega el concierto, es decir, se niega a retornar a los padres el dinero que éstos pagaron en forma de impuestos para la educación de sus hijas, pues pedirán más limosnas para sostener sus colegios; si aun así no les llega, pues cerrarán. Entre seguir el criterio de su santa fundadora o el de Pajín, no creo que tengan muchas dudas.

      Y no se trata sólo de los padres que confían a sus hijas a las Hermanas de la Cruz: ¿quiénes son los padres de los alumnos que van a Altair, o los de las alumnas de Ribamar, o de los demás centros con educación diferenciada concertada? No precisamente los más potentados, sino los de clase trabajadora, muchos de ellos votantes de la izquierda, seguramente bastantes de ellos en paro, y a los que no se les tolera que quieran ejercer su libertad en lo que a la educación de sus hijos se refiere.

      No son razones pedagógicas. No son criterios de economía. Es algo mucho más simple y tremendo: miedo. El miedo más triste y mezquino. El miedo a la libertad. Estoy convencido de que esta vez el PSOE se ha equivocado al elegir a su oponente: Santa Ángela de la Cruz.

      Afortunadamente la Mesa de la Cámara baja, con los votos del PP, CiU y el PNV, ha rechazado la petición del Ejecutivo de tramitar este proyecto por vía de urgencia. Ahora la tramitación puede durar varios meses y, si hay el previsible vuelco en la generales, pasar al baúl de los recuerdos.

Ignacio Valduérteles. Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme

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