El proyecto de reforma laboral preparado por el gobierno británico está en trámite en la Cámara de los Comunes

El gobierno laborista salido de las elecciones de julio pasado en Gran Bretaña tiene entre sus prioridades una amplia reforma laboral, que incluye medidas en favor de los trabajadores con responsabilidades familiares. El objetivo es aumentar la protección a la maternidad, favorecer la atención a los hijos y facilitar el cuidado de parientes mayores o enfermos.

Eso es una parte del plan, incluido en el programa electoral, que los laboristas han dado en llamar Make Work Pay, o hacer que trabajar compense. Se trata de retener en el mercado laboral a personas que lo abandonan porque “no les compensa” trabajar en las condiciones, por la retribución o con el horario estipulados en sus contratos.

Con ese fin, el gobierno prometió elaborar un proyecto de reforma de la vigente Ley de Derechos en el Empleo (1996) dentro de sus primeros cien días, y lo ha cumplido. En el proyecto no figuran todos los cambios anunciados en el plan Make Work Pay: algunos están pendientes de concretar o de posterior desarrollo reglamentario.

La reforma reforzará los derechos de los asalariados peor pagados o con contratos más precarios. Se subsanará la laguna legal que permite a las empresas despedir y volver a contratar con menos paga o menos horas. Se eliminará el requisito de llevar dos años con el mismo empleador para tener derecho a indemnización por despido improcedente. Se exigirá que los trabajadores reciban con un mínimo de antelación los avisos de cambio de turno, y sean compensados si no se hace así.

Con esas y otras medidas se pretende, en palabras del gobierno, que “los empleos proporcionen la seguridad y la previsibilidad suficientes para que los trabajadores puedan hacer sus proyectos de vida”. Lo que, en el caso de quienes tienen hijos u otros parientes a su cargo, se concreta en facilitarles la flexibilidad laboral necesaria para conciliar el trabajo con las obligaciones familiares. Para eso, el plan del gobierno prevé aumentar prestaciones y derechos, aunque en buena parte seguirán sin igualar los de otros países europeos con superior nivel de protección social.

Estas son las innovaciones en materia de conciliación incluidas en el plan Make Work Pay:

Permiso de paternidad. En torno al parto, las madres británicas tienen derecho a un permiso de hasta 52 semanas, 39 de ellas retribuidas con el 90% del salario y las otras 13, sin retribución. En cambio, el padre solo tiene 2 semanas de permiso pagado tras el nacimiento del hijo, más la opción de tomar otras 4 no pagadas. Puede tener más si la madre comparte con él parte de su baja por maternidad.

La reforma no alarga el permiso por paternidad, pero elimina dos restricciones. Ya no hará falta tener una antigüedad de seis meses en la empresa, sino que el derecho al permiso se adquirirá desde el primer día. Y tampoco habrá que renunciar a él si se ha disfrutado ya el permiso compartido con la madre: una limitación ahora existente que limita la flexibilidad de las parejas para organizarse, contra el fin declarado de este último permiso.

Protección a las madres que se reincorporan al puesto. Antes, una empleada no podía ser despedida durante el permiso de maternidad, pero sí en cuanto lo completara. Este mismo año, el anterior gobierno conservador prolongó la inmunidad al despido hasta los 18 meses posteriores al parto. Los laboristas quieren fijarla en los seis meses siguientes a la reincorporación.

El nuevo plazo es solo un poco más amplio que el actual si la empleada disfruta el tiempo máximo de maternidad, 52 semanas, y lo empieza poco antes del parto; pero es más largo si renuncia a una parte, cosa que hacen muchas porque las 13 últimas semanas no están retribuidas.

Esta es una de las medidas que se adoptarán en una regulación posterior.

Permiso parental. Actualmente, los empleados con hijos tienen derecho a 18 semanas de permiso no retribuido por cada uno hasta que cumple 18 años. Pueden tomar hasta un máximo de 4 semanas en un mismo año, por al menos una semana cada vez, cuando quieran y por cualquier motivo: gestionar un cambio de colegio, llevarlo a visitar a los abuelos… o simplemente pasar más tiempo con él.

Pero también para disfrutar de este permiso se exige llevar en la empresa un tiempo mínimo –un año–, de modo que el derecho se pierde con un cambio de empleo. La reforma suprime ese requisito.

El gobierno se plantea si hacer retribuido el permiso de una semana al año para cuidar a personas mayores o enfermas

Permiso por duelo. La ley vigente da derecho a ausentarse del trabajo cuando muere una persona próxima: cónyuge, hijo, padre o madre, así como alguien que está a cargo del empleado o vive en su casa. El permiso por fallecimiento de un hijo menor de 18 años o por aborto espontáneo en el tercer trimestre es de dos semanas y está retribuido. Para los demás casos, el permiso no es pagado y no está fijada la duración.

El proyecto de reforma establece en una semana el tiempo de permiso por duelo cuando el fallecido no es un hijo. El gobierno también quiere ampliar el plazo para tomar el permiso (en principio, hasta los 56 días siguientes a la muerte), pero esto se deja para más adelante.

Permiso para cuidar a mayores o enfermos. Una ley de 2023, cuando gobernaban los tories, instituyó una semana de permiso no retribuido cada 12 meses para cuidar –o encontrar cuidador– a una persona a cargo del empleado que, por su edad avanzada o su estado de salud, necesite atención prolongada. El nuevo gobierno laborista se plantea que el permiso sea pagado, pero antes estudiará las repercusiones que eso tendría en las empresas, en especial las pequeñas.

A diferencia del gobierno, Helen Walker, directora ejecutiva de Carers UK –una organización que asesora a cuidadores, profesionales o no–, lo tiene claro. En declaraciones a la web de People Management, especializada en recursos humanos, dijo que basta reparar en que unas 600 personas al día dejan el trabajo por tener que cuidar a otros, para convencerse de que el permiso tiene que ser pagado.

Derecho a la desconexión. El derecho del empleado a no atender correspondencia o requerimientos de la empresa, mediante correo electrónico u otros medios, fuera del horario de trabajo fue establecido por ley en Francia, en 2017, por primera vez en el mundo. Después han seguido el ejemplo francés siete países más de la UE y otros como México y Australia. Esta protección está pensada principalmente para los que teletrabajan, pues en este régimen el horario laboral tiende a hacerse difuso, lo que dificulta el descanso de los trabajadores, y la atención a la familia en el caso de los que tienen hijos.

El gobierno británico incluyó el derecho a la desconexión entre las disposiciones de Make Work Pay que impulsará más adelante, fuera de la reforma de la Ley de Empleo remitida al Parlamento. Piensa instaurarlo, como Irlanda, no por ley, sino mediante acuerdos entre empresa y empleado, y según las condiciones que en ellos se estipulen. Los detalles, como las excepciones y las reclamaciones del trabajador si la empresa no respeta su derecho, están por concretar.

Las medidas de conciliación del plan laborista no han suscitado oposición, pero algunos han criticado –especialmente los sindicatos– que el plan no aborda el problema del mercado laboral británico que precede y condiciona cualquier otra ayuda a las familias: la precariedad en el empleo, permitida por unas leyes que admiten contratos con menos derechos y menos protección para el trabajador. Al fin y al cabo, el primer problema de conciliación para muchos, antes que la mayor o menor generosidad de los permisos parentales, es poder llevar a casa un sueldo que permita mantener una familia.

Rafael Serrano en aceprensa.com

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