"Ha sido un soplo de aire fresco en la sociedad vasca"
El miércoles 20 de octubre se alcanza una década desde que la banda comunicara el cese de su actividad después de más de 800 asesinatos, 2.500 heridos, 10.000 extorsionados y 42.000 amenazados
Cursa quinto curso de Primaria en un colegio de Vitoria. Rubén Mateos, socialista y en aquella época alto cargo de la Administración vasca, es su padre y conoció en el hospital la noticia del final de ETA. En algunas entrevistas que ofreció aquel día bautizaron a su hijo como “el niño de la paz”. El joven nació a la vez que ETA comunicaba aquel 20 de octubre de 2011 que ponía fin al terrorismo, a la amenaza, a la extorsión y al secuestro y simbolizaba un nuevo tiempo en la sociedad vasca.
Mateos formaba parte del Gobierno de Patxi López. El lehendakari, el primero no nacionalista en la democracia y que llegó al cargo en 2009 aupado por el PP, estaba de viaje oficial en Estados Unidos y el comunicado coincidió con un trayecto en un tren de Amtrak entre Washington D.C. y Nueva York. La primera reacción del presidente vasco se produjo allí mismo, en el asiento del tren y con la sola compañía de una pequeña botella de agua de la marca Crystal Geyser. Luego hubo que improvisar otra declaración en la escalinata de un edificio de Manhattan. “Lo conocía con antelación. Sabíamos desde días antes cuándo y cómo se iba a producir el anuncio. Todo lo que rodeó al anuncio de ETA de que abandonaba el terrorismo fue fruto de un trabajo discreto de meses y con muchas partes implicadas”, explica una década después el ahora diputado en el Congreso en una entrevista por escrito. De hecho, el Gobierno vasco tenía reservada una sala en la ONU con las banderas oficiales y toda la iconografía institucional para la primera declaración tras el comunicado, pero la premura de La Moncloa por que compareciera el lehendakari primero y luego pudiera hacerlo el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, precipitó los acontecimientos.
El anuncio de ETA se produjo 72 horas después de que se lo pidiera formalmente una conferencia celebrada en el palacio donostiarra de Aiete y a la que asistieron personalidades internacionales encabezadas por Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. Fue la pista de aterrizaje para que la comunicación de ETA no pareciera una claudicación sin condiciones. “Aiete no se hubiese podido celebrar sin el conocimiento y el visto bueno de los Gobiernos vasco y español, aunque decidiésemos no participar directamente”, explica López. El PSE-EE y UGT sí asistieron, en todo caso, como el resto de partidos salvo el PP.
Si Aiete ya se había celebrado y si ya se conocía de antemano lo que iba a ocurrir, ¿qué hacía entonces el lehendakari a miles de millas de Euskadi en un momento histórico? “Era un viaje importante. Y queríamos hacer ver que ETA no podía condicionar la agenda”, explican exasesores de aquel gabinete. Es más, López tenía una reserva ya hecha de un vuelo para esa misma noche del 20 de octubre, de modo que pudiera estar ya en Vitoria al día siguiente. Mientras, desde Nueva York, su responsable de política exterior, Guillermo Echenique, ofrecía aquel 20 de octubre una recepción a 500 personas: “Hoy presentamos al País Vasco en Nueva York y por primera vez no tenemos que explicar que, pese a los terroristas, somos un gran país”.
El lehendakari habla de una “sucesión de llamadas” después de que se confirmara la noticia. “No recuerdo el orden. Pero seguro que Rodolfo Ares fue el primero”, señala. Ares era su mano derecha en el partido y en el Ejecutivo, donde tenía el cargo real de consejero de Interior y el extraoficial de vicelehendakari. Ya retirado de la vida pública, Ares ha declinado participar en este reportaje. López habló también con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos y negociador con la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi. Igualmente estuvo en contacto con Rodríguez Zapatero y también con Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque formalmente ya no era ministro del Interior desde julio de ese año. “Fue un momento muy intenso y cargado de emociones”, rememora.
“Recuerde que el Gobierno socialista de Euskadi nació, ya antes de su constitución, con una amenaza directa de ETA a consecuencia de la cual hubo que poner escolta a buena parte de sus cargos, que se unían a la larga lista de concejales, jueces, empresarios, periodistas, profesores, … Con el fin de ETA, todas esas cientos de personas pudieron recuperar su libertad. Las cosas más sencillas, como dar un paseo o acompañar a tus hijos al colegio, se convirtieron en una conquista”, apunta López. Y añade: “A un nivel más general, creo que el fin de ETA ha sido un soplo de aire fresco en la sociedad vasca. Se ha rebajado la tensión política, se han normalizado las relaciones. Euskadi ya no es el centro nacional de la confrontación política. Un indicador que puede resultar menor pero que resulta revelador: comprobamos cómo la cifra de turistas empezaba a aumentar, Euskadi empezaba a proyectar una imagen atractiva al exterior y eso repercutía en la economía, en el comercio o en las relaciones sociales. Costará tiempo valorar objetivamente todo lo que hemos ganado con el fin de ETA y todo lo que perdimos durante décadas de falta de libertad”.
¿Qué perdió Euskadi? Según datos del Memorial de Vitoria, un espacio inaugurado este año por el Gobierno central, hubo 853 asesinados (incluidos los perpetrados por organizaciones afines). En España, por ofrecer la comparación, el yihadismo ha causado 288 víctimas, el GRAPO 92, la extrema derecha 62 y el GAL 27. A ellos se les suman 2.597 heridos. En 2009, cuando ya se atisbaba el final de ETA, el Ararteko (Defensoría del Pueblo) estimó en 42.000 los amenazados, casi dos veces la población entera de Eibar. De ellos, unos 3.300 llevaron guardaespaldas en algún momento. Un trabajo del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto cifra en alrededor de 100 millones de euros el dinero ingresado por la banda terrorista por rescates de personas secuestradas. 10.000 empresarios fueron extorsionados para que pagaran el denominado ‘impuesto revolucionario’ (y el 13% pagó ante las amenazas, según afirmó un estudio de Javier Marrodán). Solamente la Ertzaintza sufrió 1.300 emboscadas de ‘kale borroka’.
El cese definitivo de la actividad armada llegó en octubre de 2011 pero, en la práctica, ETA estaba ya inactiva desde hace meses. Su último asesinato fue el del policía francés Jean-Serge Nérin en marzo de 2010. Los últimos en España fueron Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada, agentes de la Guardia Civil destinados en Mallorca y, en Euskadi, el inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles. Fue en el verano de 2009. Un año después, en el homenaje, la banda intentó matar a López y a Ares con un fusil de mira telescópica. José Pardines, otro miembro de la Guardia Civil, fue la primera víctima en 1968, una década después del nacimiento de la organización. Más de 750 de los crímenes llegaron después de la muerte del dictador Francisco Franco. De nuevo con pistas de aterrizaje como en Aiete, ETA se desarmó en 2017 y se disolvió en 2018. Pidió perdón solamente a una parte de las víctimas, a las que no tuvieron “responsabilidad en el conflicto”.
“¿El resto están bien muertos?”, se pregunta Consuelo Ordóñez, hermana del que fuera parlamentario vasco y portavoz del PP en Donostia, Gregorio Ordóñez, tiroteado en 1995. Está también al frente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que estima que son más de 300 los crímenes sin resolver. Opina que el de 2011 “fue un final negociado” y que “el precio que se ha pagado por la paz por parte de las víctimas es la impunidad”. “Han cedido nuestro derecho a la Justicia. Lo mejor es que ahora ETA no nos mata y, el que diga lo contrario, miente. Pero este país tiene una deuda infinita con las víctimas. La medallita del ‘hemos derrotado a ETA con el Estado de Derecho’ no la voy a consentir”, afirma al otro lado del teléfono. Y se pregunta en voz alta: “¿Alguien ha visto la operación policial de disolución y desarme de ETA? Rodríguez Zapatero negoció con ETA y Rajoy negoció con Rodríguez Zapatero la legalización de los brazos políticos y la no detención [de los terroristas]”.
De las estructuras de ETA, el único edificio en pie es el del EPPK, siglas en euskera del Colectivo de Presos Políticos Vascos. Agrupa a los encarcelados por terrorismo que se mantienen en la ortodoxia, por lo que no incluye ni a los arrepentidos de la ‘vía Nanclares’ ni a la disidencia más dura, de poca relevancia y reunida en torno a siglas como ATA o HB (de Herritar Batasuna). La asociación de familiares de presos del EPPK, Etxerat, informó el 5 de octubre de que los reclusos eran 201. Desde que gobierna Pedro Sánchez (2018) se han producido decenas de acercamientos y, en España, ninguno está más lejos de Madrid. 78 de esos 201 cumplen condena en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Pero para Joseba Azkarraga, exdiputado por el PNV en las primeras legislaturas de la democracia, exconsejero de Justicia por EA y ahora portavoz de la plataforma en favor de los derechos de los reclusos Sare, esto es insuficiente. “La decisión de ETA de hace diez años nos ha cambiado la vida en positivo a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Otra cosa diferente es si ese cambio ha afectado por igual a todos. En lo que afecta a las víctimas, no hay un tratamiento homogéneo. No puede haber un tratamiento específico para las de la organización ETA y otro para las del terrorismo de Estado. Y luego se mantienen con los presos políticas de carácter excepcional. Más de un centenar está en cárceles de fuera de la comunidad autónoma vasca o de Navarra y cerca de 70 podrían estar en libertad condicional por haber pasado las tres cuartas partes de la condena y se les mantiene en segundo grado. Hay un bloqueo absoluto de los permisos penitenciarios. Hay que pasar de una política de corte antiterrorista a una ordinaria. Algo se va movimiento, pero más del 50% todavía están lejos”, explica.
Jesús Loza es miembro de la Fundación Fernando Buesa en memoria del vicelehendakari y dirigente socialista asesinado en 2000. Después del final de ETA, López le nombró comisionado para la convivencia. En la primera legislatura de Sánchez ejerció como delegado del Gobierno. En 2021 entiende que el final del terrorismo “fue una decisión táctica y no ética”. “Veían que se iban al garete. En el mundo de Batasuna entendían que no podían seguir. Fue fundamental la presión del brazo político para que parasen. La presión policial era extenuante. El activo fundamental para la paz no fue Arnaldo Otegi; si hay que destacar a alguien, fue Alfredo Pérez Rubalcaba. El paso ético se producirá cuando ese mundo haga la autocrítica de que todo lo que hicieron no sirvió para nada”, señala. Asegura que hace diez años se produjo “una alegría para todos” pero alerta de que “sigue habiendo rescoldos de odio en forma de pintadas, recibimientos o insultos”. En Euskadi, en todo caso, no se han producido las escisiones que sí ha tenido el IRA, por ejemplo.
Covite, en cambio, entiende que los conocidos como ‘ongi etorri’, esos homenajes a los miembros de ETA a su salida de la cárcel, se han reducido ya a la mínima expresión aunque este verano haya habido alguna excepción. Hace pocas semanas, Sare cambió de planes a última hora y no llevó a cabo una jornada por los derechos del preso Henri Parot, con 40 víctimas. “Lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. En 2016 creamos un observatorio para documentarlos todos y claro que se está avanzando”, confirma Consuelo Ordóñez. Eran una “práctica vergonzante que no se daba en ningún rincón de Europa”, apostilla. “Los ‘ongi etorri’ son, además de una humillación para las víctimas, la expresión más clara de las dificultades que tiene la izquierda abertzale para romper con su pasado. Es responsabilidad de ese mundo, de Sortu, de EH Bildu, poner fin a todo esto. Porque una sociedad decente no puede permitir el homenaje público y festivo de asesinos. Pero no quiero terminar con un mensaje pesimista. Padecimos la larga enfermedad del terrorismo, pero la recuperación va bien. Somos una sociedad mejor y más sana que hace diez años”, señala Patxi López.
El partido con más cargos asesinados por ETA es el PP. Su secretaria general en Euskadi ahora, Laura Garrido, fue una de las últimas a la que le retiraron la escolta en 2017. Llevó guardaespaldas 17 años. “Recibí la noticia en 2011 con cierta incredulidad. Habíamos asistido a la tregua trampa de la T4 [en 2006]. Hemos ganado en tranquilidad, obviamente. Saber que no hay una banda terrorista que puede asesinar… Al final, vivimos mejor todos”, señala. Garrido se afilió en 1989, con 18 años. Casi la mitad de las víctimas totales de ETA se produjeron en esa década. En 1997, leyó en euskera la condena por el secuestro y asesinato de su compañero Miguel Ángel Blanco. “Atribuyo aquel final -opina- a la presión de los instrumentos del Estado de Derecho, jueces, labor policial, colaboración internacional y legislación”. “En 2021 tengo muy presente el drama personal, aquellos asesinatos del principio en los que se enterraba a escondidas a policías, guardias civiles o militares. La asignatura pendiente es que hay una fuerza sentada en las instituciones, Sortu, que sigue sin condenar el terrorismo”, denuncia Garrido, que sí concede que “hay partes de EH Bildu que sí lo hacen”, citando a EA o a la antigua Aralar. Y concluye: “Hay que mantener la exigencia con los reductos de odio. ETA ha acabado pero tengo compañeros de partido a los que les han dado palizas por ser de Nuevas Generaciones”.
A los pocos días del final de ETA, Mariano Rajoy batió a Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales y logró mayoría absoluta. En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, la coalición que integraba a la izquierda abertzale, entonces Amaiur, obtuvo resultados excelentes en las cuatro circunscripciones. Antes, en primavera, Bildu logró gobernar en Gipuzkoa y en Donostia, la ciudad con más víctimas en Euskadi. En aquel momento, el PP vasco tenía 13 escaños en el Parlamento autonómico y ahora tiene cinco de seis en la coalición con Ciudadanos. “Es una paradoja, sí. El voto ha ido a la baja. Habrá que analizar bien por qué es”, responde Garrido.
El brindis histórico de Urkullu
El principal partido vasco es el PNV. “Llegamos tarde a la causa de las víctimas”, admitió el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el año en que ETA se disolvió, 2018. Hace diez años, Urkullu era presidente del PNV y “sabía lo que iba a ocurrir” aunque fuera el líder de la oposición. “Llegó en la hora prevista del día previsto y con el contenido previsto”, afirman desde su entorno. Su primera reacción fue “meterse en el despacho de la quinta planta de Sabin Etxea [sede central nacionalista] y llamar a su familia y a los expresidentes del Euzkadi Buru Batzar”. Para la historia quedara una fotografía de un abstemio extremo organizando un brindis con cava junto a su equipo. “Pero no bebió, solamente brindó”, bromean quienes estuvieron presentes. El 20 de octubre, Urkullu presidirá el acto institucional central de reconocimiento a las víctimas en la sede del Instituto de la Memoria Gogora, en Bilbao. Gogora, además de las víctimas de ETA y otros terrorismos, recuerda también la Guerra Civil y la dictadura franquista y a las víctimas de violencia policial. Una ley vasca y varios decretos ya amparan también desde hace algunos años a este colectivo que sufrió torturas o, en los casos más extremos, tiroteos.
La Euskadi de 2021 libra ahora lo que algunas voces han venido en llamar como “la batalla del relato”. El velo se ha levantado y son numerosas las producciones literarias o cinematrográficas sobre la historia vasca. ‘Maixabel’ sigue en los cines, la serie ‘La línea invisible’ contó el origen de ETA y la novela ‘Patria’ ha sido adaptada también a la pantalla. También hay trabajos como ‘Non dago Mikel?’ sobre las torturas. La terrorista arrepentida Carmen Gisasola escribió ‘Gaur zortzi’. Y en ‘Los ojos del otro’ se explica en qué consistió aquella ‘vía Nanclares'.
“No hay color en cómo estaba Euskadi cuando yo tenía 10 años y en cómo está ahora que Daniel tiene 10 años. Es el día y la noche. Sin embargo, noto que mucha gente ha pasado página demasiado pronto. No se ha querido echar la mirada atrás. A Daniel le he tenido que hablar de este tema porque en el colegio no les han dicho nada. Se enseñan valores de paz pero no hay una mención explícita a ETA y a la violencia de persecución. No se puede dejar este tipo de cosas a la voluntad de los padres”, reflexiona Rubén Mateos, el padre de quien algunos vinieron en llamar “el niño de la paz”. Y concluye: “Daniel se enfrentará a todo tipo de problemas de la sociedad en la que vive pero, desde luego, no a la violencia”.
Iker Rioja Andueza, en eldiario.es/
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