Cada vez más musulmanes cultos levantan su voz ante las violaciones de los derechos humanos de las minorías, tratadas como ciudadanos de segunda categoría, aunque nadie hable de ‘apartheid’
Las primeras informaciones, después de los comicios que dieron la victoria a la antigua figura del equipo paquistaní de cricket Imran Khan −que tomará posesión el 14 de agosto, aniversario de la independencia de 1947−, aventuraban una política continuista en materia de libertad religiosa y un posible distanciamiento de Estados Unidos. La falta de libertad es notoria, por la fuerte presión y las frecuentes violencias islamistas: basta pensar en que el Tribunal Supremo no se atreve a dictar sentencia en la apelación de Asia Bibi, una mujer cristiana encarcelada −según todos los indicios, injustamente− desde 2010.
Mucho se ha escrito sobre la falta de equidad que supone la amplia “ley de la blasfemia”, inscrita dentro del código penal, que permite gravísimas injusticias: se utiliza en la práctica, con acusaciones falsas, por motivos que nada tienen que ver con la religión: venganzas, ajustes de cuentas, envidias que mueven a apoderarse de bienes ajenos. También son musulmanes algunas víctimas de los artículos 295b y 295c del código, que castigan con cadena perpetua o pena de muerte el desprecio del Corán o del Profeta Mahoma.
Hasta ahora, han fracasado los esfuerzos por derogar esa injusta norma −aplicada además de modo inicuo−, que defienden con tenacidad no exenta de violencia movimientos y partidos islamistas, deseosos de apoyo popular. Algunos famosos garantes de la libertad murieron en atentados en 2011: el musulmán Salman Taseer, gobernador de la provincia de Punjab, y el católico Shabaz Bhatti, entonces Ministro Federal para las Minorías.
A pesar de todo, no faltan signos favorables al diálogo interreligioso, más allá de los inoperantes Consejo Nacional para la paz y la armonía religiosa y Consejo Internacional para la armonía interreligiosa, instituidos dentro del Ministerio de Asuntos Religiosos: cada vez más musulmanes cultos levantan su voz ante las violaciones de los derechos humanos de las minorías −2% de hindúes, 1,6% de cristianos−, tratadas como ciudadanos de segunda categoría, aunque nadie hable de apartheid en Pakistán. Incluso, abogados musulmanes se arriesgan a defender a personas injustamente vejadas, denunciadas y juzgadas en los tribunales.
También Imran Khan se manifestó al comienzo de la década a favor del diálogo entre los líderes religiosos, de las minorías, y de todos los partidos, para la reforma de la ley. Lo reiteró tras el asesinato de Salman Taseer. No obstante, el hijo de éste le acusa de no haber hecho nada contra esa ley "escrita para perseguir a la gente, no para respetar a nuestro profeta". En sus discursos tras los comicios, Khan aseguró que defenderá los principios fundamentales garantizados por la Constitución. Pero permite que otros líderes de su partido hablen, en mítines y entrevistas, de los cristianos como kaafir (infieles) y churhas (pertenecientes a castas bajas).
Mucho dependerá de los nombramientos para los cargos más delicados en el gobierno federal y en el de la provincia de Punjab, donde vive la mayoría de los cristianos de Pakistán, y donde ha mandado la Liga Musulmana de Pakistán Nawaz en la últimas tres décadas. En cualquier caso, Khan estaría en condiciones de contrarrestar el actual fundamentalismo religioso, porque parece contar con el apoyo de los militares, opuestos lógicamente a protestas y manifestaciones populares.
Más allá de pactos y posibles acuerdos políticos, habrá que confiar también en la peculiar idiosincrasia religiosa del pueblo paquistaní: la intolerancia en algunos lugares es compatible con las peregrinaciones masivas (también con presencia de musulmanes, hindúes y sijs) a la Virgen de Mariamabad (“ciudad de María”) en Lahore, especialmente en la fiesta del Santo Nombre de María del 12 de septiembre.
