Levante-EMV, Miércoles, 23 de noviembre de 2005   Una reciente encuesta del CIS no sitúa la educación entre los principales problemas de España, aunque no sé si la manifestación del pasado día 12 lo desmiente. Es cierto que hay otros más acuciantes de modo inmediato pero, a la larga, la educación es el futuro del país de manera evidente. Sin embargo, incluso sin marcharnos al futuro, son muchas las cuestiones que afectan ahora a la tarea escolar: calidad de enseñanza y de educación -unid...

Levante-EMV, Miércoles, 23 de noviembre de 2005

 

Una reciente encuesta del CIS no sitúa la educación entre los principales problemas de España, aunque no sé si la manifestación del pasado día 12 lo desmiente. Es cierto que hay otros más acuciantes de modo inmediato pero, a la larga, la educación es el futuro del país de manera evidente. Sin embargo, incluso sin marcharnos al futuro, son muchas las cuestiones que afectan ahora a la tarea escolar: calidad de enseñanza y de educación -unidos, pero no sinónimos-, fracaso escolar, apuros serios de disciplina que han requerido a la policía en algunos centros educativos, venta de droga en torno a las escuelas, mejorar la gratuidad, dificultades derivadas de la enseñanza mixta (lo advierten serios estudios y en campos diversos, tales como la facilidad para destacar en unas u otras materias, distinta en chicos y chicas, otras sobre falta de motivación, agresividad, etc.) y también, a veces, cierto acoso a la enseñanza diferenciada, que no supone discriminación alguna, sino una libre opción más. Otra cuestión podría ser la de qué valores se adquieren en la escuela y preguntarse, por ejemplo, por qué ha ardido Francia.

 

Pero, además, está a punto de debatirse en el Congreso de Diputados un proyecto de Ley Orgánica de Educación, que es poco alentador para las nuevas generaciones y para el ejercicio de los derechos que, en esta materia, tienen los padres de familia y la sociedad civil. Además, vuelve a nacer una ley que no es fruto de un pacto escolar de Estado, único modo de dar estabilidad al sistema educativo y de crear las condiciones adecuadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza.

 

Todo esto lo ha recordado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en un acto que lejos de ser una injerencia política, es una vigorosa defensa de derechos fundamentales de los educandos, sus padres, las entidades capaces de crear y dirigir centros, la Iglesia católica u otros, etc. Sí es una injerencia en la vida de las familias y de la sociedad la propuesta de un modelo educativo que muchos rechazan. La Carta de las familias, publicada en el año 2000 por la Santa Sede, después de haber consultado a las Conferencias Episcopales, tiene un artículo 5 sin desperdicio. Allí -resumo bastante- se recuerda una vez más que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, que tienen derecho a proporcionarles un tipo de educación conforme a sus convicciones morales y religiosas, que deben poder elegir libremente las escuelas para sus hijos y asegurar que las subvenciones estatales se repartan de manera que este derecho sea real, sin que tengan que soportar cargas injustas.

 

Hago un pequeño paréntesis para recordar que un alumno de una escuela concertada cuesta al Estado mucho menos que en sus escuelas. En España, desde hace muchísimos años -también antes de la democracia-, el Estado ha sido injusto con la escuela de iniciativa social y, por tanto, con las familias que optan por ella. Así, la libertad de elegir queda enormemente restringida. Es mejor decirlo claro, porque tal vez se pretenda ahogar esa iniciativa. Se dice una y mil veces que el dinero público para la escuela estatal, sin tener en cuenta que ese dinero es para lo que deseen los ciudadanos, puesto que el Gobierno es un simple administrador de la suma de muchos dineros particulares.

 

Sigue la Carta de las familias: los padres tienen que tener la opción de que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que están de acuerdo con sus ideas morales y religiosas. La citada Nota de los Obispos, en consonancia con este derecho, muestra su preocupación con la asignatura prevista en el Proyecto de Ley, llamada Educación para la Ciudadanía, estimando que vulneraría el artículo 27.3 de la Constitución Española y me temo que también el 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero me gusta realzar que, sobre todo, actuaría contra el derecho natural del ser humano que es siempre anterior al Estado y a toda ley o declaración, porque es inherente a la misma condición de persona.

 

También afirma la Carta de las Familias que el Estado hace injusticia a los padres cuando excluye toda formación religiosa. No es el caso de este Proyecto de Ley porque no hay exclusión, pero sí entorpecimiento, que es otra forma de injusticia, como también apunta el número 4 de la Nota de los Obispos españoles. Se reclama también la posibilidad de que los padres participen en el funcionamiento de las escuelas, siempre en el marco de que son los primeros educadores de sus hijos. Así mismo, tienen las familias derecho a esperar que los medios de comunicación sean instrumentos positivos para construir la sociedad y para fortalecer los valores principales de la familia.

 

Cabría volver a insistir en que este Proyecto de Ley Orgánica conculca gravemente el principio de subsidiariedad, según el cual «una estructura social de orden superior -se lee en Centessimus Annus- no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común». Cuando eso sucede, se camina al totalitarismo escolar, y así se deteriora la misma democracia, como afirman los obispos. Se deteriora porque la falta de libertad escolar -que ya es grave- se transforma sencillamente en falta de libertad. Merece la pena que los españoles nos ocupemos e impliquemos más en este asunto, porque es importante en sí mismo por su densidad humana, y porque esa estatalización escolar es una grave amenaza a la libertad. Quizás nos hemos acostumbrado a las comodidades y avances del Estado del bienestar, que proporciona sin duda seguridad en muchos terrenos, pero que si va más allá de esa seguridad que mejora la calidad de vida, nos sumerge en el materialismo y absorbe al individuo, a las familias y a los grupos sociales, sofocando su libertad. Esto puede suceder de un modo más o menos lento, adormeciendo a la sociedad en ese bien vivir, pero quizás cuando despierte ya no sea una sociedad libre y ya no viva bien.

 

Pablo Cabellos

          Vicario de la Delegación del Opus Dei en Valencia