La ideología de poner la libertad de las mujeres para abortar o la autonomía para disponer de la propia vida figuran también entre las causas que impiden una adecuada protección de la vida humana

Una adecuada protección de la vida humana y de la familia son pilares de una buena sociedad. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos más básicos y cuándo en una sociedad tal respeto se deteriora, se erosiona un bien común fundamental y tal sociedad se degrada en su humanidad. 

Es nuestro país hay importantes déficits en la protección de la vida humana que interpelan a trabajar por su regeneración. Aunque el trasfondo cristiano de nuestra cultura y la aceptación de los derechos humanos propician tal respeto a la vida, en no pocas personas y en algunas leyes, el juicio sobre la protección de la vida humana cambia cuando se refiere a las primeras o a las últimas fases de la existencia. 

Déficits en la protección de la vida

Leyes abortistas

Un déficit importante en la protección de la vida es la permisividad del aborto o, empleado un eufemismo, la «interrupción voluntaria del embarazo». En 1985, en España, se despenalizó el aborto inducido en tres supuestos (violación, riesgo para la salud de la madre y motivos terapéuticos). Con ello, en 1986 se contabilizaron 411 abortos inducidos. Pronto se descubrió un modo de acogerse a la nueva ley extendiendo el supuesto a riesgo para la salud de la madre a su «salud psíquica»: algo difícil de probar y fácil de justificar con un certificado médico que, con frecuencia, era proporcionado por las propias clínicas abortistas. En 1990 los abortos procurados llegaron a 37.231; diez años más tarde, en el 2000, fueron 63.756 y en 2009 se alcanzaron los 111.482. La mentalidad de que es legal pudo contribuir a tal crecimiento. 

En 2010 se promulgó la llamada ley de «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» en la cual se despenalizaba la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del embarazo, sin que la mujer tuviera que alegar motivo alguno, y hasta las 22 semanas en algunos supuestos que exigen el certificado de un médico. La ley significó un cambio cualitativo. En las 14 primeras semanas ya no se trataba de excepciones sino de un verdadero derecho a abortar. Ahora basta la decisión de la madre para justificar la eliminación del hijo. Los abortos subieron a 118.611 en 2011. En 2014 y 2017 la cifra anual de abortos es alrededor de 95.000. Esta ligera disminución es difícil de interpretar, atribuible ¿quizá un mayor recurso a la denominada píldora del día después, o un mayor uso de medios anticonceptivos? El 90% de mujeres que abortan se acogen a su libre decisión antes de las 14 semanas. Lo llevan a cabo mediante medicamentos (aborto químico) o mediante intervención quirúrgica (aborto quirúrgico). 

Los abortos están financiados públicamente y reconocidos por el Sistema Nacional de Salud. Generalmente se realizan en clínicas privadas especializadas −muchos profesionales sanitarios del sistema público invocan objeción de conciencia− a través de un sistema de conciertos entre los centros acreditados y las administraciones sanitarias autonómicas. Esta circunstancia ha facilitado que el aborto provocado deje de ser una intervención privada para consolidarse como una prestación sanitaria. Posiblemente, se produzcan más abortos que los recogidos oficialmente. Por el contrario no hay ayudas oficiales a mujeres en riego de abortar. 

En junio de 2010 el Partido Popular presentó un recurso contra varios preceptos de la ley ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha resuelto. En el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular incluyó en su programa electoral la modificación de la ley del aborto. Esa promesa electoral fue incumplida y el ministro de Justicia que lideró la posible reforma, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió al verla frenada por el Ejecutivo. 

Mientras se dan tantas facilidades para abortar, muchos matrimonios desearían adoptar niños y no los encuentran entre los menores españoles. En 2017 el número de menores adoptados fue de 680, mientras que 2.730 familias quedaron pendientes de asignación.

Fecundación «in vitro» y experimentación con embriones

Otro capítulo de deficiencias en la protección de la vida humana tiene su origen en la reproducción asistida y, concretamente, en la fecundación in vitro. Sin entrar en la valoración moral de esta técnica, ni en el detalle de la falta de respeto a la vida del embrión, en un artículo como éste sobre la protección de la vida humana, no puede faltar una referencia, aunque sea breve, a este asunto.

Es conocido que para tratar de asegurar el éxito se fecundan varios óvulos, creando in vitro los correspondientes embriones. Se implantan varios embriones para aumentar la probabilidad de que alguno prosiga su desarrollo. Con frecuencia, los sobrantes –ya en proceso de gestación– son eliminados. 

Los embriones no utilizados son congelados en espera de otra reproducción asistida o de algún otro uso. Quizá se utilicen para experimentar con ellos y/o para obtener células madres. Con el tiempo, los embriones sobrantes quizá sean destruidos. Se calculan en 230.000 los embriones congelados que esperan un destino en nuestro país. 

Con todo ello, estos seres humanos son reducidos a simple material biológico manipulable. Aunque las leyes establecen algunas limitaciones en la manipulación y experimentación con embriones, la dignidad humana del embrión es cuestionada y el respeto por la vida humana en estas primeras fases queda bastante desprotegida. 

Eutanasia

En España, desde hace un par de décadas, ha habido, y sigue habiendo, una fuerte presión en algunos colectivos y algunos medios de comunicación para que se apruebe la eutanasia activa −distinta de la prolongación artificial de la vida con encarnizamiento terapéutico− con la consiguiente eliminación de vidas humanas en situaciones más o menos terminales. El partido socialista introdujo una ley que fue aceptada para su tramitación en junio de 2018, aunque a fecha de hoy no ha sido aprobada por la disolución del Parlamento en marzo de 2019. Finalmente, el martes 11 de febrero de 2020, fue admitida a trámite en el Congreso una ley que ya no sólo despenalizará la eutanasia sino que pretende reconocerla como un derecho personal. 

En el proyecto de ley, se incluía entre las personas a quienes se podía aplicar la eutanasia, a los pacientes con una discapacidad grave, un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible» o una «altísima» dependencia de otras personas. Quienes se oponen a la ley lo hacen destacando el valor de toda vida humana y los recursos técnicos actuales para evitar el sufrimiento físico. Además, las supuestas garantías, en la práctica parecen poco eficaces. Los países con eutanasia tienden a descuidar los cuidados paliativos.

En lugar de permitir la eutanasia, los políticos que están en contra han propuesto desarrollar unos cuidados paliativos de calidad. Aunque la ley establece ciertas garantías −un diagnóstico realizado por un profesional sanitario y una segunda opinión médica− la eutanasia es una puerta abierta para eliminar vidas de quienes ya no resulten útiles o se vean como una carga. 

Perspectiva ética

El respeto incondicional a cada ser humano, a cada persona, exige en primer lugar, respetar la vida como un don precioso. La Revelación cristiana lo confirma plenamente a través del Quinto Mandamiento: «No matarás» (Ex 20,13). La tradición judeo-cristiana afirma el deber de salvaguardar las vidas de los más pequeños e inocentes, como las comadronas hebreas que se opusieron al mandato del faraón de matar a los niños varones recién nacidos porque temían a Dios (cf. Ex 1, 17). El «no matarás» incluye el caso del aborto y la eutanasia, que «son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar». 

También las distintas técnicas de reproducción artificial, aunque intencionalmente al servicio de la vida, «en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida» al exponer al embrión al riesgo de muerte por lo general en brevísimo tiempo. 

No basta con afirmar, «no estoy de acuerdo» o «yo no abortaría nunca», sino que es necesario defender la vida como parte significativa del bien común. Los cristianos, por un nuevo título, y no sólo por su significación racional estamos llamados a difundir el «Evangelio de la vida», que se encuentra en toda la enseñanza bíblica, aun sin utilizar este nombre. La encíclica Evangelium vitae, dedicada a la defensa de la vida humana es muy elocuente:

«La Iglesia sabe que este Evangelio de la vida, recibido de su Señor, tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente, porque, superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cfr. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política».

Leyes como las que permiten el aborto y la eutanasia, no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, «ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto». 

Además, en la medida de lo posible, deben cambiarse tales leyes por injustas. Volveremos sobre este último punto, más abajo.

Fomentar una cultura pro-vida

Las personas pro-abortistas no se promueven abierta y directamente la muerte voluntaria de seres humanos. Se presentan como ro-elección (pro-choice), pero las reivindicaciones encierran una cultura de muerte. «Nosotras decidimos» suele leerse en las manifestaciones pro-abortistas de movimientos feministas. Se defiende, sin razón, la libertad de la madre a eliminar la vida de su propio hijo con tal que éste no tenga más de 14 semanas de vida. Una libertad, por otra parte, con frecuencia sometida a presión del entorno y a las dificultades de un entorno social poco acogedor a la vida naciente. La supuesta libertad de abortar degrada, y mucho, a la mujer revertiendo su noble misión de ser guardiana de la vida.

No cabe, a ciencia cierta, aludir a que hasta las 14 semanas todavía no existe un ser humano. La biología enseña que desde la concepción hay una entidad humana distinta del padre y de la madre, que lo único que necesita para alcanzar sucesivas fases de desarrollo es alimentación y un entorno favorable para crecer. Un desarrollo, por cierto, que continúa después de la semana 14 y aun después del nacimiento y por espacio de varios años. 

Atribuir la condición de ser humano a la fase de desarrollo embrionario en que se encuentre es poco serio. Es verdad que a partir de la décima semana de gestación cambia el nombre de embrión por el de feto, pero eso es sólo una cuestión terminológica relacionada con el tamaño y las características externas apreciadas. Hay algo permanente en todas las fases del desarrollo del embrión-feto y es justamente el sujeto humano que subyace en estas características.

Otro argumento pro-abortista también muy endeble es que si un país no permite el aborto, quien quiera abortar irá a otro o lo hará de modo clandestino. Cada país es soberano y los ciudadanos responsables de sus leyes, con independencia de lo que hagan otros. Por otra parte, el mejor modo de evitar abortos clandestinos es ayudar a la maternidad con la debida protección de las madres tentadas de abortar y mediante un buen sistema de adopción. 

Además de afrontar estos sofismas sobre el aborto, es necesario regenerar la cultura actual promoviendo mentalidad pro-vida y fomentando el respeto a todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Regenerar es también fomentar la gestación y la natalidad y facilitando la adopción de hijos no deseados. 

Respecto a la eutanasia, se promueve magnificando casos extremos, pero la eutanasia que se promueve es una ley general; por ello, los casos singulares no pueden fundamentar la eutanasia. Se argumenta, sobre todo, subrayando la autonomía personal para disponer de la propia vida, decidiendo cuándo y cómo morir o incluso facultando a familiares para que tomen la decisión si al interesado le faltara la capacidad para decidir por sí mismo. 

Estamos ante un error en la comprensión de la libertad y la autonomía humana. Ciertamente, tenemos libertad para actuar de un modo otro, naturalmente, dentro de las limitaciones humanas; como autónomos para actuar bien o mal, pero sería una pretensión desmesurada determinar qué está bien o que está mal. Así, alguien puede decidir calumniar a otro, pero sería un abuso afirmar «yo he decidido que calumniar está bien». 

Algo parecido ocurre con quitarse la vida, ya sea mediante un suicidio o mediante la ayuda de otros para logar una muerte dulce. La vida es un don precioso que nadie se ha dado a sí mismo −los creyentes afirmamos que en último término viene de Dios, es un don de Dios−. Y, tenemos la responsabilidad de respetar el don de la vida en otros y en uno mismo. La mentalidad de que la vida es mía y hago con ella lo que quiero es irresponsable. Esta mentalidad racionaliza −sin una sólida justificación− el consumo de drogas, la bebida inmoderada o perjudicar la propia salud por causas triviales. Es esta mentalidad la que busca legitimar quitarse la propia vida cuando uno así lo decide. 

Se argumenta que con la eutanasia se quiere evitar el sufrimiento y eso suena bien, pero contiene una falacia. Como afirma Miró i Ardèvol: «El fin de la eutanasia, como del suicidio asistido, no es evitar el sufrimiento, sino matar para que el sufrimiento no se produzca». Y, añade: «La sociedad debe fundarse en el respeto a la vida y la supresión del sufrimiento. Introducir la muerte como solución abre una dinámica ética que nos retrotrae a las épocas de la eugenesia». 

La solución está en evitar el sufrimiento tanto como sea posible, aunque esto entrañe su acortamiento sin que este sea su fin; hoy tenemos medios técnicos para lograrlo en gran medida. Es necesario proponer soluciones positivas, en concreto, la extensión de cuidados paliativos de calidad universales financiados por la sanidad pública. 

Todavía hay otra necesidad de regenerar mentalidades y culturas: extender el amor a los ancianos y enfermos terminales como personas y −desde la fe− como alguien que es amado por Dios, en quien vemos su imagen y la imagen de Cristo que se identifica con los necesitados.

Cambiar o aminorar leyes gravemente injustas 

La regeneración en la protección de la vida humana exige recuperar el deber de tutela −por parte del Estado− del derecho fundamental de la vida, incluso ante la propia madre, sin ver en ello un derecho represivo, sino una condición de sentido y de legitimidad del propio ordenamiento jurídico. El naciturus (el hijo que va a nacer), es un bien jurídico a proteger. Es pues necesario trabajar por cambiar leyes injustas que no defienden la vida humana. Sin embargo, hay fuertes resistencias y no siempre es posible una mudanza radical. Ello sugiere, intentar mejorar tales leyes con vistas a su cambio total cuando sea posible. Por ejemplo, modificando una ley de plazos (que supone un derecho al aborto) para volver a una ley de supuestos −evitando el fraude de ley de la supuesta salud psíquica de la madre. 

El Magisterio alude a la posibilidad de aminorar leyes gravemente injustas en relación con el aborto, aunque con una aplicación que podría ser más general. Así, «cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública». Aclara que, «obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos».

A modo de conclusión

A mi juicio, los déficits citados de falta de protección de la vida humana responden en gran medida a criterios emocionales e ideológicos. La presentación de casos extremos es un argumento recurrente en la promoción de aborto y eutanasia. No se acepta el infanticidio, pero sí que se puede matar a este niño antes de nacer. Un niño mueve a la ternura y matar a un niño se considera, y con razón, un crimen horrendo. Y, al revés, se considera que no hay que escatimar esfuerzos para salvar a un niño en riesgo de muerte. 

Un botón de muestra. Cuando Julen, el niño de dos años que, el 13 de enero de 2019, cayó por una pequeña apertura de 25 cm de un pozo de prospección mal cerrado en la localidad de Totalán (Málaga), con una profundidad de casi 110 metros, no se regatearon medios que intentar rescatarlo, aunque lamentablemente no lograron sacarlo con vida. Más de 100 efectivos humanos participaron en la operación de salvamento, entre técnicos, bomberos y brigadas mineras especializadas; no se ahorró en maquinaria, diseños especiales de rescate o medios geotécnicos de localización. Fueron 13 días angustiosos seguidos al detalle por los medios de comunicación. Esto indica, sin duda, el valor que se reconoce en cada vida humana. Sin embargo, tal valor parece decaer antes de nacer, al menos en los plazos en los que es posible abortar. Un niño de dos años es un ser humano llamado a crecer y desarrollarse, pero este mismo ser humano ha sido antes un bebé indefenso y aún un feto en el seno materno. Diferentes etapas de desarrollo, pero la misma persona. 

Algo parecido ocurre al final de la vida. Cuando la llamada calidad de vida disminuye, la vida ya no se valora tanto y en algunos países se acepta la eutanasia, que se presenta con eufemismo como una muerte digna. 

La ideología de poner la libertad de las mujeres para abortar o la autonomía para disponer de la propia vida figuran también entre las causas que impiden una adecuada protección de la vida humana. Son ideologías que hay que denunciar por colocar la libertad por encima del bien de las personas. 

En sentido positivo, la regeneración debería empezar por una comunicación convincente del valor de la vida humana en todas las fases de su existencia. Conviene empezar por cambiar mentalidades para después cambiar las leyes y costumbres.

Domènec Melé es titular de la Cátedra de Ética Empresarial, IESE Business School. Doctor en Teología y en Ingeniería industrial.

Fuente: temesdavui.org.

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