Una intervención del Sebastián Piñera en defensa de la vida humana y en contra de la legalización del aborto

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La forma como una sociedad trata a sus miembros más débiles −los adultos mayores, los enfermos, los más pobres, los que sufren alguna discapacidad y los niños que están por nacer− dice mucho más sobre el grado de su civilización que su riqueza material, o la altura de sus edificios, o la calidad de su infraestructura o su poderío militar

      De acuerdo, esto es muy largo y he estado a punto de hacer unos pocos recortes; pero, al fin, me he decidido a reproducirlo entero. Se trata de una intervención del Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile, en defensa de la vida humana y en contra de la legalización del aborto. Vale la pena leerlo y aplaudirlo.

      No es corriente, por desgracia, que un jefe de Estado hable con tanta claridad sobre este asunto.

    «He seguido con mucha atención el debate sobre el aborto, luego que la Comisión de Salud del Senado aprobara tres proyectos de ley, tendientes a despenalizarlo, bajo ciertas circunstancias.

    Antes de expresar mi posición respecto del fondo, creo útil y necesario hacer dos consideraciones de forma. La primera, es que este es un debate legítimo y necesario en una sociedad democrática y plural como la nuestra. La segunda, es que no debemos plantear este debate presumiendo mala fe o descalificando al contendor, sino argumentando, con respeto y seriedad, en base a principios, convicciones y la búsqueda del bien común.

    Respecto al fondo, como todo el país sabe, soy contrario a la legalización del aborto por múltiples razones y de diversa naturaleza. Me asiste la tranquilidad de ser ésta una posición que he mantenido en público y en privado, durante toda mi vida, incluido el período en que fui Senador, dos veces candidato a la Presidencia, y así quedó consignado en los respectivos programas presidenciales, y que hoy ratifico como Presidente de la República.

    Esta firme y clara posición se sustenta en argumentos de distinta naturaleza. Primero, de carácter jurídico. Nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han fallado invariablemente que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el niño por nacer (‘nasciturus’) es también una persona, cuya vida debe ser protegida. Y por si esto fuera poco, la propia Constitución le encarga al legislador la adopción de las medidas necesarias para “proteger la vida del que está por nacer”.

    La segunda razón es de orden práctico. En la duda siempre es mejor optar por la vida. Porque aún si no tuviéramos certeza respecto del tratamiento jurídico que ha de darse a una vida humana en gestación, lo correcto y sabio es asumir una posición humilde y optar por aquella que sea más favorable a la protección y desarrollo de esa vida. Tratándose de cuestiones que involucran la vida o la dignidad humana, en consecuencia, más vale ser prudentes que proceder de manera apresurada.

    La tercera razón es que no se trata de una decisión que competa solamente a la madre o a los padres del niño que está por nacer. Está involucrada también la vida de un ser nuevo, único, irrepetible y distinto a sus padres, cuya vida debe ser defendida con mayor fuerza, precisamente por su condición de plena inocencia e indefensión.

    La cuarta razón es de orden religioso. Como cristiano creo en la vida como un don de Dios. Sólo él tiene el poder para dar la vida y el derecho a quitarla. Por eso, soy partidario de proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y, por lo mismo, soy también contrario a la eutanasia y la pena de muerte.

    Sin perjuicio de ello, estoy consciente que este argumento de naturaleza religiosa, por sí solo, no es suficiente para justificar una prohibición estatal absoluta del aborto en nuestro país. Entre otras razones, porque no tiene sentido debatir en la esfera pública desde convicciones puramente religiosas, que no son susceptibles de ser deliberadas, ni pueden ni deben quedar sujetas a las reglas de mayorías, propias de un sistema democrático.

    Buena parte de la discusión de estos días se ha centrado en el que es, sin duda, el caso más dramático al que una madre embarazada puede verse enfrentada: tener que decidir si realizarse o no un tratamiento médico, que le permitiría salvar su vida, pero a costa de poner en riesgo la del hijo o hija que lleva en su vientre. Afortunadamente, los avances de la ciencia y la medicina han hecho que la posibilidad de una colisión ineludible entre estas dos vidas sea altamente improbable. Pero aun así, no estamos en condiciones de descartar que situaciones como ésta puedan producirse. Para estos casos excepcionales y extremos, no cabe duda que tanto nuestro ordenamiento jurídico como los protocolos médicos autorizan a intervenir, quirúrgica o terapéuticamente, para salvar a la madre si así ella lo decide, aun cuando, como efecto no deseado ni buscado, dicha intervención pudiere poner en riesgo la vida del hijo. En pocas palabras, si la madre opta por realizarse el tratamiento que le salvará su vida pero no la de su hijo, no estaríamos frente a un caso de aborto. De la misma manera que si decide optar por la vida de su hijo y arriesgar o sacrificar la suya propia, decisión que debe respetarse, no estaría cometiendo suicidio. Se trata de una decisión sin duda desgarradora, frente a la cual la sociedad puede y debe acompañar y dar apoyo a la familia afectada, pero en ningún caso juzgarla ni, menos aún, condenarla.

    Por otra parte, los argumentos en favor del aborto eugenésico, que es el que se propugna para situaciones de inviabilidad o malformaciones del feto, y del que ha sido denominado aborto ético-social, que permitiría poner término a un embarazo que ha sido consecuencia de una violación, son incorrectos puesto que supondrían atribuirnos el derecho a clasificar a seres humanos en superiores —aquellos que merecen vivir— e inferiores —aquellos que no merecen vivir—, y además, condenar a muerte a seres absolutamente indefensos e inocentes de las circunstancias de su concepción.

    Pero no basta simplemente con oponerse al aborto aunque sea con muy buenas razones. No sabemos con certeza cuántos abortos provocados se realizan cada año en Chile, entre otras razones, porque se trata de una conducta ilícita, por lo que la inmensa mayoría de quienes lo realizan lo hacen de manera clandestina y secreta para evitar ser objetos de una sanción penal. Pero sí sabemos que, lamentablemente, no se trata de una práctica aislada en nuestro país, sino que su número se contaría, en el mejor de los casos, en decenas de miles cada año. Es decir, estamos frente a una situación dramática, no sólo para esos miles de niños que nunca llegarán a nacer, sino también para su madre, su familia y la sociedad toda.

    En consecuencia, debemos intentar desentrañar sus causas profundas, comprender mejor sus consecuencias e implementar mejores políticas para prevenir los abortos y los embarazos no deseados. Este ha sido un compromiso central de nuestro Gobierno, a través de múltiples políticas públicas, entre las que quisiera destacar: primero, la ampliación del postnatal de tres a seis meses y la ampliación de su cobertura, de una de cada tres, a la totalidad de las mujeres trabajadoras en edad fértil, beneficiando así, potencialmente, a dos y medio millones de mujeres chilenas. De esta forma pretendemos que la maternidad nunca sea un obstáculo para acceder a un trabajo, ni el trabajo un obstáculo para ser madre.

    Segundo, el programa de maternidad vulnerable, que desarrolla el ‘Sernam’, y que ya ha beneficiado a más de 55 mil mujeres. Este programa que incluye a sicólogos, abogados, sociólogos y asistentes sociales, presta atenciones presenciales y en línea a mujeres con problemas relacionados con el embarazo o la maternidad, tales como acceso al pre y post natal, depresión pre y post parto, embarazos no deseados, duelo por pérdida de un hijo, problemas de pensión de alimentos, tuiciones, etc.

    Y tercero, el programa del ‘Sernam’ orientado a las madres adolescentes, que atiende a miles de mujeres en materia de reinserción educacional y laboral, cuidado de niños, prevención de nuevos embarazos no deseados, etc.

    Estos programas son especialmente útiles y necesarios porque estoy seguro que ninguna madre que recurre al aborto, lo hace sin un profundo desgarro interior y la mayoría de las veces impulsada por un sentimiento de angustia y abandono. Detrás de esta acción muchas veces se esconde la desesperación, el desamparo y la incomprensión de la sociedad, y muchas veces también de su familia, lo que la hace sentirse incapaz o imposibilitada de llevar a feliz término su embarazo.

    Algunos esgrimen que Chile sería un país menos moderno y civilizado por no imitar lo que han hecho otras naciones supuestamente más desarrolladas, donde el aborto no sólo es legal sino ampliamente aceptado. Pero están equivocados. Olvidan que Chile tiene una tradición más que centenaria de protección de derechos fundamentales. Que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer la libertad de vientres y prohibir la esclavitud. Y que precisamente la forma como una sociedad trata a sus miembros más débiles —los adultos mayores, los enfermos, los más pobres, los que sufren alguna discapacidad y los niños que están por nacer— dice mucho más sobre el grado de su civilización que su riqueza material, o la altura de sus edificios, o la calidad de su infraestructura o su poderío militar».

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