«Lo peor de este pecado no es la ley sino el aborto mismo y el desierto moral de la sociedad que lo asume»

ABC

«Lo peor de este pecado —aunque no delito, qué sarcasmo— no es la ley sino el aborto mismo y el desierto moral de la sociedad que lo asume. Habría que pedirle a Dios que nos arranque el corazón de piedra para convertirlo en corazón de carne».

Bueno; digo, malo: pues ya está en plena operatividad la Ley Orgánica de la Salud Sexual y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un eufemismo biensonante del aborto puro y duro, provocado, libre y gratuito, que segará en flor, no aún en fruto autónomo, la vida de miles y miles de seres humanos, los más inocentes, indefensos y dignos de protección; pero, ¡tranquilos!, porque eso ocurrirá "solamente" durante las catorce primeras semanas de su gestación en el claustro materno.

La sedicente "ley de plazos" sucede, a un cuarto de siglo, a la primera de 1985, cuya memoria no puede ser más nefasta: un millón con creces de víctimas cruentas, de las que el noventa y cinco por ciento lo fueron por el infame coladero de las certificaciones falsas sobre la salud psíquica de las madres.

Las cifras anuales de abortos han ido creciendo, año tras año, hasta el pasado 2009 con ciento dieciséis mil en su trofeo, uno por cada cinco embarazos. Ninguna ley de aborto puede ser calificada como buena, pero sí diversificarse entre malas y peores. Tal es la disyuntiva en la que nos sitúan las de 1985 y de 2010.

Sobre la primera, me remito a lo dicho y, sobre la nueva, resumo en breves trazos su génesis y sus contenidos. Una ley de este género no venía reclamada por la opinión pública del país, ni figuraba en el programa electoral del partido gobernante; tampoco ha tenido el refrendo de los preceptivos Consejos, de Estado, Fiscal, o de la Bioética de España. Sí, empero, el de la Comisión de Expertos, creada por el Ministerio de Igualdad, con acreditados miembros proabortistas.

Tampoco el debate parlamentario ni la delgada mayoría de votos le han granjeado nuevas adhesiones al texto legal, sino todo lo contrario: un abierto rechazo y contramanifestaciones públicas de las sesenta asociaciones provida, más las severas advertencias de la Asociación Nacional de Objetores de Conciencia, de la Asociación Médica Colegial y de otros entes paralelos de ginecólogos y de sectores diversos del personal sanitario; hoy por hoy, se presagia, sobre todo en los centros públicos, una masiva legión de objetores de conciencia. Ya veremos.

La accidentada prehistoria y el problemático futuro de la nueva ley se debe, sin lugar a dudas, a su antropología precaria y a la inconsistencia de los pilares éticos de su fundamentación jurídica. El día de su aparición en el BOE (6 del 7) la editorializó este periódico con el rótulo "La peor ley posible", argumentándolo en la «premisa inmoral de negar humanidad al feto, contaminando todo el discurso proabortista; y porque banaliza la muerte de seres humanos, ratifica el menosprecio de la ley anterior por los enfermos y minusválidos —que han exteriorizado su protesta—, considera el aborto como un anticonceptivo y convierte al Estado en su promotor».

Nada de esto se aviene con la recta conciencia del bien y del mal que anida en el corazón humano, a lo que se ha llamado siempre ley natural. El Concilio Vaticano II define el aborto como «un crimen abominable, un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad del ser humano… y hiere, gravemente también, la dignidad de quien lo comete» (Gs). El Papa Ratzinger en su discurso en Viena, a las autoridades nacionales y al Cuerpo Diplomático, el 7 de diciembre de 2007, afirmó por su parte que la tutela del bien fundamental de la vida humana forma parte de las obligaciones de la autoridad.

Y, con clara referencia a nuestro país y a nuestro asunto, la Conferencia Episcopal Española, en su LXXXVI Asamblea Plenaria (marzo de 2006), ya se anticipó en estos términos: «El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo, y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen». A raíz de la ley de plazos, diversas declaraciones episcopales han denunciado con firmeza su aberrante suplantación del derecho a vivir del nasciturus por el supuesto y tétrico derecho de su madre a darle muerte (dicho esto último con vergonzantes eufemismos). Silenciarlo, dicen los obispos de Aragón, nos convertiría en sus cómplices.

Sobre el aborto en toda su magnitud y su escandalosa extensión social en España y en Europa, la Historia nos llamará a capítulo, según advirtieron Julián Marías y Miguel Delibes, y ahora lo hace el profesor Manuel Ollero; así ocurrió con la esclavitud en los primeros siglos cristianos, y con las prácticas inquisitoriales en la Europa cristiana del Medioevo y del Renacimiento, por las que el Papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia en el jubileo del año 2000.

Lo más triste y desolador del fenómeno abortista es que contamina a millones de personas, a ciudadanos normales e incluso gentes de bien, que, aunque ellos no lo practicarían, han caído en la trampa de justificar la libertad de otros para perpetrarlo y la del Estado para permitirlo y tutelarlo. Sin apercibirse de su propia dureza de corazón.

Lo peor de este pecado —aunque no delito, qué sarcasmo— no es la ley sino el aborto mismo y el desierto moral de la sociedad que lo asume. Habría que pedirle a Dios, recordando el pasaje del profeta Ezequiel, que nos arranque el corazón de piedra para convertirlo en corazón de carne. Lo primero es reafirmar nuestras propias convicciones sobre el don sagrado de la vida humana, sin dejarnos contaminar por todos los tópicos y sofismas de lo que han llamado los últimos Papas "cultura de la muerte". Decía el adagio latino: «Asueta vilescunt», lo acostumbrado pierde valor. No deberíamos jamás acostumbrarnos a considerar natural el sacrificio sistemático de personas inocentes.

Corresponde a la ciudadanía y a los partidos políticos con sensibilidad humanista el esfuerzo, sin fijar plazos, de sustituir la ley vigente por otra que proteja a la mujer encinta con miedo a la maternidad, en la gestación, el alumbramiento de su bebé, y la inserción digna de ambos en la sociedad. Se nos impone a todas luces a la Iglesia, los padres, los educadores y los creadores de opinión generar democráticamente en la sociedad una "metanoia" o conversión (gracias, Juan Manuel de Prada) para que se salve a sí misma evitando a toda costa su autodestrucción.

Decía mi inolvidable maestro y hermano Don Jesús Iribarren que los abortistas lo son porque sus padres no lo fueron. ¡Qué mal agradecemos hoy ese admirable don de la existencia propia y ajena! santa Teresa de Calcuta le dijo en su tiempo a Ronald Reagan: «Señor presidente, no deje usted matar a tantos niños. Démelos a mí». ¡Cuánto bien están haciendo a este propósito los admirables movimientos provida de dentro y fuera de España! Ya estamos recogiendo los frutos en la reacción adversa a esta ley, herida en el ala por un ambiente social consciente y responsable.

Y déjenme terminar el sermón con un bellísimo recuerdo del Evangelio de san Lucas: la Visita de Isabel a su prima en los montes de Judea, cuando estando ella de seis meses, danzó de gozo en su seno Juan el precursor ante la también presencia uterina de Jesús, en el seno de María, que lo estaba de tres. Estos sí que fueron plazos entrañables de la inminencia gozosa de nuestra salvación. ¿Saltarán también en el seno materno los hijitos a los que hayamos podido salvar en sus primeras catorce semanas? ¡Quiéralo Dios!

Antonio Montero, Arzobispo emérito de Mérida-Badajoz