Una tolerancia peligrosa

Alfa y Omega

El Estado está obligado a cooperar con las confesiones religiosas: lo dice la Constitución, y lo subraya el profesor Andrés Ollero en su último libro: Un Estado laico, un documento idóneo para una correcta comprensión del papel de la religión en la sociedad, así como de la defensa que hace de ella la propia Constitución

La laicidad es una afirmación cristiana, que empieza con lo de Al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, muchos no lo ven, e insisten en atribuir a la Iglesia un papel distorsionante en la vida de la democracia. El profesor Andrés Ollero es uno de los que mejor conocen las implicaciones que tiene la religión en la vida social, y de ello habló en una charla que tuvo lugar recientemente en el oratorio de Caballero de Gracia, de Madrid, con motivo de la publicación de su último libro: Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional (ed. Aranzadi).

Hay que empezar por diferenciar los términos. «Laicismo —explicó el profesor Ollero— supone separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, la laicidad comprende la cooperación de los poderes públicos con las instituciones religiosas, al igual que cooperan con instituciones deportivas o culturales, en beneficio del desarrollo del país. Esto significa reconocer que lo religioso tiene una dimensión positiva en la vida social. Por ello, España es, en este sentido, un Estado laico, cuya Constitución obliga a establecer relaciones de cooperación con la Iglesia católica».

Pero los laicistas quieren que laico y laicista sean sinónimos, y tratan de ganar una autoridad moral que no tienen por vía de la imposición de leyes. Así, sobre el horizonte legislativo del Gobierno para este año planea ya la reforma de la Ley de libertad religiosa.

Los principios de esta reforma no son por el momento conocidos, pero, según el profesor Ollero, «no cabe descartar que se pretenda que los poderes públicos no tengan relaciones con las instituciones religiosas. Esto podría afectar a los símbolos religiosos, a los funerales de Estado, a la presencia de autoridades civiles en actos religiosos...»

Y advierte también que la Ley podría no denominarse de libertad religiosa, sino más bien de libertad de conciencia. «Con esta denominación —aclara el profesor Ollero— se quitaría fuerza al derecho a la libertad religiosa». Este derecho no debería entenderse, según explica don Andrés, «como la no injerencia del Estado en los asuntos de las religiones, sino que el mismo Tribunal Constitucional indica que las relaciones de cooperación de las que habla la Constitución se traducen en una atención asistencial y prestacional» a las confesiones religiosas.

¿Dónde está el truco al explicitar una así llamada libertad de conciencia? Explica el profesor Ollero: «Al reconocer el derecho a la libertad de conciencia —que no figura en la Constitución—, se pretendería reconocer derechos de los ateos, de modo que se beneficien de unas relaciones de cooperación. Esto es algo que en el marco de la libertad religiosa no tiene sentido».

Quizá con este cambio quedaría el camino libre para que el Estado reste peso a la colaboración con las religiones, y pueda colaborar más abiertamente con sociedades filosóficas.

Las causas del laicismo

Sobre las últimas iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno, advierte que «la parte relativa a la ley de educación sexual en la ley del aborto va a dejar en ridículo a la asignatura Educación para la ciudadanía. Conviene estar avisado. Puede ser algo devastador».

En el origen de toda esta situación está, en realidad, una mala comprensión de la religión. Explica el profesor Ollero que «hay quien piensa que la religión es poder, y ven la autoridad moral de la Iglesia como poder, y está claro que el que manda políticamente no quiere compartir el poder». Y esto se suma, además, a una mala comprensión de la democracia, según la cual «el que gana las elecciones se cree con el derecho a imponer su moral a la sociedad».

Por todo ello, anima a tomar conciencia y a hacer valer la Constitución: «Debemos exigir que se respete nuestro derecho a la libertad religiosa. Algunos pretenden tolerar a los creyentes, pero yo no tolero que me toleren».

Para no tirar la toalla

De la importancia de la formación, a la hora de defender los propios argumentos, da idea este párrafo del libro de don Andrés Ollero, en el capítulo ¿Un laicismo autoasumido?:

«Quien profesa la fe del carbonero suele mostrarse, ante problemas que su propia confesión considera de ética natural, incapaz de aportar argumento racional alguno, descartada la invocación a un sobrenatural argumento de autoridad. En tal situación estará obligado a inhibirse, para que no le acusen de imponer sus convicciones los que acabarán imponiendo las suyas.

Sigue predominando todavía entre los ciudadanos católicos la exigencia de que los obispos defiendan de inmediato ante la opinión pública la postura católica, como si los obispos no fueran tanto sus pastores como sus representantes políticos. Ignoran con ello que la polémica política es tarea prioritaria de los fieles laicos y no de su jerarquía eclesiástica.

La laicidad positiva está sometida a una inevitables condición: que los propios creyentes no se autoconvenzan a priori de que sus creencias no deben ser tenidas en cuenta».

Enlace relacionado:

El proyecto de modificación de la ley religiosa en España