Entrevista a Concepción Naval

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Concepción Naval, Profesora Titular de Teoría de la Educación en la Universidad de Navarra y directora de la revista Estudios sobre Educación, responde a las preguntas de Páginas Digital sobre la situación de emergencia educativa que vive España y describe cómo se puede desarrollar una auténtica educación ciudadana.

Usted viene investigando desde hace años sobre educación para la ciudadanía, ¿considera que la asignatura que ahora recibe este nombre se corresponde con los objetivos que la educación cívica debe favorecer?

Quizá una cuestión previa que plantear en este marco sería: ¿a qué responde este interés internacional más o menos reciente por la Educación para la Ciudadanía? Probablemente tiene que ver con una serie de necesidades sociales y políticas entre las que se pueden destacar las siguientes: mantener la estabilidad, consolidar y regenerar las democracias; promover la participación y el compromiso político, especialmente entre los jóvenes; hacer frente a los problemas y retos de la sociedad actual (interculturalidad, diversidad, migraciones o globalización); afrontar los desafíos de la desigualdad y la injusticia; y, en el caso de Europa, crear una identidad de ciudadanía europea.

Si se repasan las iniciativas que se han llevado a cabo en algunos países europeos, se comprueba que muchos de los proyectos desarrollados son una respuesta directa a los cambios políticos y socioeconómicos que se han sucedido sobre el mapamundi. A esto se añade que tanto los gobiernos como los educadores han reconocido que las asignaturas y los programas que se venían impartiendo resultaban insuficientes a la hora de preparar a los estudiantes para la ciudadanía activa. Sin embargo, parece olvidarse con relativa frecuencia que la clave de la educación no está única ni primariamente en la escuela, sino antes que nada en la familia.

¿Y los contenidos de la asignatura en España?

El currículo de Educación para la Ciudadanía se afirma que se elaboró teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea y la legislación de distintos países en los que ya se impartía la asignatura. En casi todos los casos, el punto de partida era bastante genérico. La UE ha recordado que los diferentes sistemas educativos deben velar para que en la comunidad escolar se promueva el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. De hecho, el 26 de enero de 2004 aprobó un programa de acción con la finalidad de promocionar "la ciudadanía europea activa". En la misma línea, el 6 de abril de 2005, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo Europeo un nuevo programa denominado "Ciudadanos para Europa", que se llevará a cabo hasta 2013, y cuyos objetivos son contribuir a la construcción de Europa, forjar una identidad europea, y mejorar la compresión mutua de los ciudadanos europeos.

En el caso de España, los contenidos y los objetivos de la asignatura se mantiene que también se han diseñado teniendo en cuenta la propia Constitución, que en el artículo 1.1 enumera los valores que deben sustentar la convivencia social: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 27.2 establece que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad con el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales".

Desde entonces, el modo de abordar la educación cívica se ha ido detallando en las distintas leyes que han regido el sistema educativo español. Concretamente la LOE (2006) es la primera que la contempla como asignatura. El temario se fue perfilando a partir de las declaraciones y propósitos recogidos en los párrafos anteriores, que en algunos casos no pasaban de ser meras generalidades.

Los problemas y las contradicciones que laten en el fondo de la cuestión se han multiplicado a la hora de organizar en la práctica la nueva asignatura. Entre las complicaciones sobrevenidas, una importante es la de los manuales. Un caso concreto puede servir para ilustrarlo. En el programa oficial de la asignatura aprobado a finales de 2006 figura un bloque que se titula "Relaciones interpersonales y participación", que incluye, entre otros, los siguientes apartados: "Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones" o "Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales".

Se trata de conceptos muy genéricos que pueden dar lugar a explicaciones diversas. Probablemente, la disparidad de criterios y de planteamientos en temas tan esenciales guarda una relación estrecha con la división política y social que ha creado la asignatura Educación para la Ciudadanía: si los dos partidos mayoritarios no lograron ponerse de acuerdo prácticamente en ningún aspecto de la iniciativa, parece lógico que los manuales —promovidos por editoriales de muy distinta inspiración y trayectoria— reflejen también esas diferencias, por mucho que todos ellos deban ajustarse a unos contenidos mínimos designados por el Gobierno.

Muchas de las críticas recibidas por la EpC señalan que es una asignatura que, tal y como está concebida, usurpa la responsabilidad y libertad de los padres en la educación de sus hijos, ¿qué opina usted al respecto?

Educación para la Ciudadanía es el nombre de una asignatura y de una polémica. Con ocasión de la última reforma educativa, el Gobierno español consideró conveniente incluir en el plan de estudios de todos los escolares una materia que sirviera para la formación ciudadana. La reacción fue inmediata en un sector de la población contrario a que el Estado impusiera planteamientos morales a los alumnos. Para muchos, lo que el Gobierno presenta como una ética de mínimos es percibido de hecho como una ética de máximos que el Estado impone ignorando los deseos de las familias, los grupos religiosos, las comunidades culturales, los ciudadanos, etc. Sin embargo, un recorrido por los manuales que se están utilizando en las escuelas en estos dos años permite descubrir que los programas y los objetivos oficiales amparan textos heterogéneos y hasta contradictorios. A juzgar por sus contenidos, cabe suponer que el perfil de los futuros ciudadanos dependerá mucho del manual que hayan estudiado, o dicho de otro modo, de cómo se implemente esa materia en las distintas escuelas y aulas.

¿Cómo se educa un buen ciudadano? ¿Qué ideas y qué planteamientos hay que proporcionar a los escolares de trece años para que lleguen a ser personas responsables, comprometidas y solidarias? ¿Quién determina los valores y actitudes que deben incorporar a su vida? ¿Quién se los transmite? ¿Es legítimo transmitirlos? Las cinco preguntas resumen de algún modo la polémica que ha provocado la iniciativa de introducir en el plan de estudios una asignatura que sirva para formar buenos ciudadanos.

Fue el propio Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación en aquel entonces, quien en una entrevista explicó el sentido de este proyecto con una afirmación compleja: "En el fondo, todos coincidimos en la necesidad de que nuestros jóvenes se formen como ciudadanos, y que haya una serie de valores comunes que no tienen por qué interferir en los valores personales. Hay una serie de avances en nuestra sociedad que están al margen de nuestras convicciones personales". Ya aquí se aprecia claramente algo que está en la raíz de esta iniciativa: la falacia de disociar en la persona lo "personal" de lo "común", separar a la ética de la ciudadanía, pensar que las convicciones y los avances "no tienen por qué interferir", como si las decisiones personales no afectaran en la vida de los demás y en el conjunto y a la inversa.

Una vez más se constata que el problema de la educación es un problema ético, que alcanza una dimensión política. Cabe plantearse y es la pregunta a la que una adecuada educación para la ciudadanía debería responder en último término: ¿cómo debería ser entendida y realizada la educación, en su vertiente social, para que sea un catalizador en el proceso de potenciación de la dignidad humana y de la libertad, en el marco de una búsqueda del bien común? En último término, todas las concepciones de la ciudadanía se apoyan sobre un sistema de educación moral. De hecho, marginar la educación moral, y el protagonismo que las familias tienen en ella, sustituyéndola por una instrucción cívica omniabarcante, supondría un peligro para la vida política.

Ortega ya se lamentó en su día de la pretensión de reducir la enseñanza de la ética a una educación para la convivencia, o dicho de otro modo, de la ceguera que supone pensar la tarea educativa de humanizar al ser humano reducida a su mera socialización. Nadie duda de la necesidad de una formación de ciudadanos, pero ésta no es suficiente, hace falta una formación de personas. Y es un elemento esencial en ese sentido adquirir criterios éticos, y junto a la educación del juicio moral, la del carácter moral. Si se marginan los criterios éticos de la educación, se corre el riesgo de introducir la educación cívica en el discurso de la mera adaptación. Así se convierte incluso la vida social en meros protocolos, puras normas de procedimiento.

Tal como está regulada la asignatura y con las competencias educativas de las comunidades autónomas, ¿cree que es posible unificar los contenidos y métodos con que se imparte? En realidad, el decreto que desarrolla la ley incluye tanto contenidos como objetivos, todos ellos enunciados en términos muy genéricos. El primero de los objetivos señala que la asignatura ayudará a los alumnos a "reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales, respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima". Se habla además de "desarrollar y expresar los sentimientos y emociones", de "reconocer los derechos de las mujeres", de "conocer los fundamentos del modo de vida democrático", de "valorar la importancia de la participación en la vida política", de "reconocerse miembros de una ciudadanía global", de "identificar y analizar las principales teorías éticas" o de "adquirir un pensamiento crítico".

Una conclusión que se obtiene del estudio de los manuales es que su programa se solapa en muchos casos con los de otras asignaturas. Por ejemplo: si se analizan los contenidos de Ciencias de la naturaleza y de Ciencias sociales, geografía e historia, se comprueba que a los alumnos se les va a evaluar, entre otras cosas, por sus conocimientos acerca de temas como "La gestión sostenible del agua", "La importancia del ahorro energético", "Los aspectos básicos de la reproducción humana", las posibilidades de mejorar determinados "problemas medioambientales" o las tendencias migratorias. Son cuestiones que tienen a su vez un tratamiento destacado en los libros de texto de Educación para la ciudadanía. Asimismo, se supone que un manual debería tener en cuenta los conocimientos que ya tienen los alumnos a los que va dirigido, pero, como hemos dicho, los de la nueva asignatura se redactaron sin saber siquiera en qué curso se iban a emplear.

Usted participa en varias redes internacionales dedicadas a la educación cívica y participación social. ¿Existe una situación similar a la española en otros países?

Más allá de los manuales y de su adecuación a la propuesta oficial, parece oportuno tratar de alcanzar un consenso social en torno a la nueva asignatura. Es más, ese acuerdo sería una condición necesaria si realmente se cree en la misión educativa que se pretende cubrir. Los casos de Inglaterra y Holanda apuntan claramente en esta línea: el acuerdo social es la única forma de proporcionar continuidad a una propuesta educativa de estas características.

La experiencia internacional revela que una de las cuestiones clave —quizá la más importante— a la hora de diseñar una política de educación para la ciudadanía es tener claro cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. Es decir, qué tipo de ciudadanía se busca. No existe un acuerdo unánime ni en la práctica ni entre los expertos sobre cuáles son los contenidos propios de toda educación ciudadana. Sin embargo hay tres grandes temas comunes relacionados entre sí: la democracia, la cohesión social y la participación ciudadana. La experiencia internacional apunta a tres contenidos básicos en este ámbito de la educación: los derechos humanos, algunas nociones de derecho constitucional y la participación social.

Aunque estos temas habrá que concretarlos mejor, es preciso evitar que se conviertan en un cajón de sastre donde se amontonen todas las cuestiones socialmente problemáticas. Por ejemplo, la experiencia inglesa aconseja no confundir la educación para la ciudadanía con la educación vial, la educación para la salud o la educación sexual.

Aunque en España la iniciativa del Gobierno es relativamente reciente, la historia del impulso a la educación cívica suma en Europa casi quince años. Se trata además de un empeño internacional que ha dado lugar a enfoques, ámbitos y diseños curriculares muy variados. En el fondo, se ve la educación como el medio adecuado para ayudar a la convivencia ciudadana: educar en, para y sobre la ciudadanía democrática. Más aún, la educación se presenta, en ocasiones utópicamente, como tabla de salvación ante las problemáticas sociales del presente.

El último informe de la OCDE vuelve a situar a España a la cola en materia educativa, con unas tasas de fracaso y abandono escolar que siguen superando el 30%, ¿cuál es su diagnóstico ante estos indicadores y cuál es el camino que podría mejorarlos?

El diagnóstico desafortunadamente nos lo dan estos datos. Cabría indagar en las causas y en medidas de mejora, pero eso nos llevaría lejos. En lo que se refiere a la cuestión que nos ocupa, una adecuada educación ciudadana debe proporcionar a los ciudadanos conocimientos de sus principios e instituciones; habilidades para pensar críticamente, participar y aplicar esos conocimientos a la vida cívica; y disposiciones que les inclinen a proteger los derechos de los miembros de la sociedad y promover el bien común. Es preciso conseguir la implicación de todos los agentes sociales, especialmente y en primer lugar de las familias, y también crear un ethos o clima escolar adecuado. Todo esto apunta a un acuerdo social. Holanda, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo para lograrlo entre los distintos partidos.

¿Ha tenido ocasión de conocer la propuesta educativa de Luigi Giussani?

Sí, tuve ocasión de leer una obra suya (Il rischio educativo) realmente interesante, con ocasión de una invitación que se me hizo a un congreso en la Universidad de Turín en el otoño de 2007. Me impresionó muy positivamente su lectura y agradezco esa oportunidad que tuve de ponerme en contacto con esa línea de pensamiento.