Demuestra que desde las políticas públicas se puede atender a los más débiles
Gaceta de los Negocios
Las políticas públicas que merezcan tal nombre han de hacerse a favor de todas las personas para mejorar las condiciones del ejercicio de la libertad solidaria del pueblo. Es más, las políticas modernas, las políticas humanas, son aquellas que procuran ayudar a los 
que más lo necesitan. Es decir, políticas que hacen posible el primer y principal derecho humano: el derecho a la vida.
En este sentido, una bocanada de aire fresco habrán experimentado todos aquellos que aspiran a un mundo más solidario al conocer el anuncio del Gobierno de la Comunidad Valenciana relativo al proyecto de ley dirigido a la protección de las mujeres embarazadas y de los futuros niños. Por fin, una medida en positivo, una medida que contempla la realidad tal y como es: como un asunto de dos personas. Una que ya es y otra que está en camino irreversible de serlo.
Por fin, una ley, si es que se aprueba en el Parlamento, que protegerá de verdad a la madre que puede tener problemas para sacar adelante a su hijo. Para ello, se podrá conceder una ayuda pública a la madre que acredite el embarazo, algo que se puede hacer mucho antes de que se produzca el nacimiento, puesto que el niño en potencia ya está en el claustro materno desde la concepción. La ayuda, pues, se podrá conceder nueve meses antes de dar a luz, justo cuando es más necesaria para las mujeres gestantes que puedan tener dificultades de diversa naturaleza para llevar adelante su embarazo.
La filosofía de este proyecto es ciertamente innovadora por solidaria: se considera al niño todavía no nacido como un miembro más de la familia a efectos de obtener cualquiera ayuda de la Administración, sea en materia escolar o de acceso a la vivienda. Estamos en presencia de una manifestación de políticas de apoyo integral a la familia, de acuerdo con el espíritu y la letra del artículo 39 de la Constitución española. Es una medida natalista, algo que todos los políticos reclaman y que sin embargo pocas de las políticas emprendidas promueven. En la Comunidad Valenciana, según parece, sus dirigentes tienen bien claro que la promoción de la natalidad garantiza el futuro de las prestaciones más importantes: las pensiones. Se atiende a los mayores, garantizando las pensiones, y se facilita que quien quiera ser madre pueda serlo.
El proyecto contempla medidas especiales para madres adolescentes, a las que se ofrecerá apoyo psicológico, educativo y personal en el centro docente y en su domicilio. En caso de necesidad económica, tendrán también derecho a la ayuda garantizada, al igual que cualquier madre que tenga dificultades económicas para llevar adelante su embarazo. Las madres discapacitadas también dispondrán de las mismas ayudas, que se aplicarán a cualquier madre que resida en la Comunidad de Valencia, con independencia de de su nacionalidad y de sus circunstancias sociales y personales.
La futura ley del Parlamento valenciano crea centros de atención a la maternidad y a la paternidad, así como centros asistenciales y sanitarios y equipos itinerantes que podrán atender, informar y asesorar a las madres gestantes en sus propias casas. Igualmente, se prevé, también de forma pionera, la constitución de redes de voluntariado atendidas por la propia sociedad para atender a las futuras madres o padres necesitados de algún tipo de ayuda.
He aquí un proyecto de defensa de la vida en positivo que pretende ayudar a las madres que puedan tener problemas o dificultades para traer al mundo a sus hijos. Un proyecto sensible a la madre, y, también al futuro hijo. Un proyecto que demuestra que desde las políticas públicas se puede, y se debe, atender a los más débiles, a los que no tienen voz para defenderse. Un proyecto solidario con las pensiones del futuro abierto a la vida para que de verdad quien quiera ser madre pueda serlo con todas las garantías.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo
