El bienestar social es la suma de la contribución individual de todos y cada uno de nosotros

Cotizalia.com

Una de las perversiones más significativas de los distintos sistemas de gobierno a lo largo de la Historia es la preeminencia que, con el tiempo, ha ido ganando el derecho positivo, creado por los hombres y recogido en normas de mayor o menor categoría que constituyen la parte fundamental del Ordenamiento Jurídico, sobre el derecho natural, entendido en su simplificación más absoluta, que mi amiga Falkenberg me perdone, como los límites mínimos de convivencia cuyo quebranto puede llevar, en distinto grado, al caos social.

No se me ocurre una definición mejor. En las estructuras políticas de carácter autoritario, tal supremacía de la ley sobre la razón es casi una obligación derivada del modo en que el poder se ejerce. Pero no por ello deja de ser una anomalía. Por el contrario es en las sociedades democráticas donde tal preeminencia resulta más chocante y, por ende, más perversa. Es la voluntad del pueblo, a través de sus representantes, la que adopta medidas que condicionan su presente y ensombrecen su futuro. Estamos hablando, se lo pueden imaginar, de la ley del aborto, esa innecesaria cortina de humo que quiere distraer, a favor de quien le interese, el discurso de la crisis hacia otros derroteros.

Consideraciones económicas del Aborto

Desde el punto de vista económico, contenido fundamental de este Valor Añadido, cabe hacer tres consideraciones fundamentales. La primera y principal hace referencia, una vez más, a la ausencia de realismo de nuestros dirigentes acerca de la situación del país y a su incapacidad para establecer políticas de medio plazo que permitan corregir su incierta deriva actual.

Hemos señalado en repetidas ocasiones en este mismo blog la problemática a la que se enfrenta la Seguridad Social debido al progresivo desequilibrio entre contribuciones y prestaciones que emana, entre otros factores, de la evolución de la pirámide poblacional española. Y hemos hablado hasta la saciedad de la necesidad de una política integral de fomento de la natalidad toda vez que el flujo de la inmigración amenazaba con llegar a su fin y significarse por su incorporación a las necesidades y no por ayudar a las disponibilidades como hasta ahora.

Desde ese punto de vista, resulta difícil conciliar las medidas fiscales de apoyo a las familias con la nueva normativa que se pretende imponer. Es como el agua y el aceite. Es imprescindible una visión circular del problema. Esto es algo que han entendido todas las naciones de nuestro entorno, incluidos los siempre progresistas y defensores de los derechos de la mujer países nórdicos.

En segundo término, aunque suene a aberración pero en España existe, de facto, un mercado nacional e internacional de recién nacidos o niños poco mayores. Son muchos los padres que, en España, consumen mucho tiempo y dinero en tener los hijos que la naturaleza no les concede por la vía de la adopción. Y estoy convencido que son muchas las mujeres que estarían dispuestas a llevar su embarazo a término si contaran con una ayuda estatal incluso superior al de los partos deseados condicionada a la posibilidad de dar esos bebés en adopción.

Alguno podrá argumentar que estamos hablando de madres de alquiler. No han entendido nada. Sólo digo que la cuestión económica a la hora de proseguir o no con un embarazo se puede resolver, si es verdaderamente así, de modo igualmente económico. Se trata de evitar el mal mayor con un mal menor. Claro, pero es que si veo a la criatura me voy a sentir incapaz de separarme de ella. Bien, entonces hagamos dos cosas. Regulemos legalmente los derechos de la madre genética y de la adoptiva, salvaguardando en todo caso el interés del menor, por una parte. Y, por otra, seamos lo suficientemente valientes como para establecer como requisito previo al aborto, el que la madre vea una ecografía de su hijo y oiga el latido de su corazón. Y entonces que tome la decisión. Estamos en una sociedad en la que lo que no se ve, no existe. Bueno, reparémoslo.

Tercero y último. Resulta chocante que lo que pretenda la futura ley sea legalizar un gigantesco fraude de ley del que se han beneficiado una serie de clínicas que han hecho del riesgo psíquico para la futura madre el cajón de sastre que legitimaba su intervención. Los abortos derivados de violaciones son los menos, la evolución de la medicina ha minimizado sustancialmente los peligros para la parturienta durante el parto y la gestación mientras que el tema de las malformaciones del nasciturus, aún entrando en un tema de mucho mayor calado moral, se encuadra dentro de las prácticas eugenésicas, es decir: aquellas que persiguen perfeccionar la raza humana por la vía del descarte.

Sólo en 2007 hubo 112.000 abortos en España contra 491.000 nacimientos. Paradójicamente, más del 95% de los mismos se produjeron en dichos centros privados, lo cual no deja de ser sospechoso, ¿no creen? Se supone que la ausencia de interés pecuniario de las instituciones públicas, hace que el cumplimiento de los requisitos sea obligado. Y, naturalmente, su actividad mucho menor, más allá de la deontología profesional. A 600 euros de media por intervención, estamos hablando de 11.000 millones de las antiguas pesetas de facturación anual. ¿No habría tenido más sentido reforzar el cumplimiento de la norma anterior antes que dar carta de naturaleza al tocomocho que, con vidas humanas, se está ahora produciendo?

La necesidad de recuperar el verdadero sentido de progreso

Siempre me he negado a aceptar el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo. Interrumpir implica continuidad posterior. Y, en el supuesto que nos ocupa, de lo que hablamos es de terminación, que es algo muy distinto. Es fundamental que las ramas semánticas no nos impidan ver el bosque a la hora de abordar el problema.

En cualquier caso, sobre este particular siempre me hago las dos reflexiones siguientes, que me atrevo a compartir con ustedes. Primera, no conozco a nadie que no haya pasado por la fase embrionaria que legitima un aborto. A nadie. El que esté libre de ese pecado, que me tire la primera piedra. La aceptaré con gusto. Segunda, no se sabe ni cuándo ni cómo el ser humano toma conciencia de sí mismo, lo que refrenda el absurdo de la personalidad civil derivada de vivir 24 horas separado del vientre materno.

Tengo cuatro hijos y les puedo garantizar que el proceso de formación física y mental de mi prole es igual de acelerada dentro del vientre de su madre en las primeras semanas de gestación que ya fuera de ella como ser independiente. Sólo que llora de modo audible, reclama su comida y hay que cambiarle. Un cambio que se inicia en el momento cero y que proseguirá toda su vida. Hasta la muerte. ¿Dónde cortar?

En cualquier caso, nunca me oirán un juicio moral sobre las mujeres que, pese a todo, toman esa decisión. Como creyente que soy, sé que no me corresponde. Pero ojalá que empecemos a distinguir, de una vez por todas, lo que es progresista, avance y mejora, de lo que no lo es; a valorar lo esencial, la protección de la vida humana, frente a lo accidental; a dar primacía a las bondades de la prevención frente a las dramáticas consecuencias de la reparación; a defender la libertad verdadera (del que sabe dónde va y elige el camino correcto) y denostar la impuesta (por aquellas parejas que inducen a sus compañeras al aborto por el bien de los dos, toma ya); a equiparar la realidad que se ve (el niño abandonado en el contenedor, que no es persona a efectos civiles) con la que se esconde (el orfelinato de 300 nasciturus que cada día muere en España); a no utilizar los límites de edad y las responsabilidades asociadas a los mismos de forma torticera sino coherente.

A recuperar, en definitiva, el valor del ser humano desde su concepción hasta su muerte, el inmenso depósito de riqueza que son las relaciones personales y la familia, la luminosa conciencia de que el bienestar social es la suma de la contribución individual de todos y cada uno de nosotros y del modo cómo contemplamos a los demás en su totalidad. Ojalá sea así.