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A estas alturas del año, todavía hay quien piensa que la polémica Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es una asignatura. Realmente, se trata de un área de contenidos que agrupa a su vez a varias materias escolares y de un pretexto para imponer a los alumnos determinados valores e ideologías que se presentan como una ética común cuando en realidad son posiciones morales y valores de algunas personas. Y esa es la cuestión fundamental que se trata de ocultar a los padres.
Educación Ética-Cívica
Así, una de las novedades del próximo curso escolar es que EpC se implantará, con carácter obligatorio, en toda España en 3º o 2º de ESO (a criterio de cada comunidad autónoma), en 4º de ESO y en Bachillerato. En esta última etapa la asignatura mantiene en parte los antiguos contenidos de Filosofía I aunque cambia su nombre por el de Filosofía y Ciudadanía.
La culminación ideológica de EpC en Educación Secundaria se llama Educación Ético-Cívica. Se impartirá por primera vez durante el curso 2008-2009 en 4º de ESO en todas las comunidades autónomas. Esta nueva materia, al igual que EpC de 3º o 2º de ESO, incluye objetivos como «profundizar en los principios de ética personal» y abordar «contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional», o ayudar a los alumnos a «construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos». Sin embargo, Educación Ético-Cívica incorpora algunas novedades. Así, en el decreto de contenidos mínimos dictados por el entonces Ministerio de Educación (BOE 5 de enero de 2007), esta asignatura incluye contenidos como «los dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes», «los interrogantes del ser humano o los derechos humanos como una conquista histórica inacabada». Igualmente, Educación Ético-Cívica pretende comprobar «si el alumno comprende el pluralismo moral y si utiliza adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales».
Como sucede con todas las materias escolares, a partir de los contenidos mínimos establecidos por el Gobierno central, las comunidades autónomas establecen sus propios contenidos. Y este desarrollo autonómico ofrece algunas novedades.
Así, por ejemplo, el decreto gallego que desarrolla Educación Ético-Cívica (Diario Oficial de Galicia, 13 de julio de 2007) establece que los alumnos deberán identificar las principales etapas en la conquista de los derechos humanos, incluida la «tercera generación de derechos». La misma Comunidad introduce un criterio de evaluación que comprobará «si las alumnas y los alumnos entienden y aceptan la propia identidad como algo construido y no dado, que es posible redefinir».
Por su parte, el decreto del Gobierno vasco que desarrolla EpC (BOPV, 13 de noviembre de 2007) afirma que, con esta materia obligatoria, «el alumnado se enfrentará a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia la actividad crítica sobre los propios valores y conductas». Concretamente, Educación Ético-Cívica, en su versión vasca, se centra en «la construcción de valores morales ligada a la educación del juicio moral». Esta asignatura incluye también el concepto de «orientación sexual» y establece, como criterio de evaluación, que el alumno «proporcione diferentes respuestas a una misma situación éticamente problemática de acuerdo a diferentes teorías éticas».
La Comunidad de Aragón (BOA, 1 de junio de 2007), por su parte, establece una metodología específica de trabajo para Educación Ético-Cívica en la que el alumno «trabajará temas que impliquen conflictos de valores o presenten aspectos controvertidos desde el punto de vista social». Partiendo de situaciones reales o hipotéticas, los alumnos abordarán problemas morales, por escrito o de forma oral, plasmando sus reflexiones con argumentos razonados.
Para Educación Ético-Cívica, el Principado de Asturias, y la Comunidad de Cantabria (BOPA, 12 de julio de 2007 y BOC, 25 de mayo de 2007), pretenden evaluar si los alumnos emplean adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales «y su grado de conocimiento y respeto a las posiciones divergentes de los interlocutores tanto en el aula como en el ámbito familiar y social».
Cataluña, por su parte, incluye entre sus contenidos de Educación Ético-Cívica (DOGC, 29 de junio de 2007), «la interpretación del significado histórico y plural de las pautas culturales y valores morales de los individuos y las sociedades actuales».
Para Fernando López Luengos, profesor de Filosofía, «hasta ahora, la asignatura de Ética había respetado la neutralidad ideológica del sistema educativo. La Ética como ciencia, trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Se trata pues de la reflexión que nos conduce al descubrimiento del sentido de la vida y a la felicidad como plenitud humana. Por su contenido y por sus objetivos es una de las disciplinas que más directamente afectaría a la dimensión íntima personal que nuestra Constitución protege como elemento esencial de una convivencia democrática plural. Por este motivo, asegura, la enseñanza de la asignatura de Ética en la LOGSE se limitaba a una enseñanza filosófica (por lo tanto, crítica, racional) que en nada pretendía entrar en la dimensión personal del alumno. Se pretendía enseñar Ética y no una ética, reflexionar sobre las teorías éticas y no construir la conciencia moral de los alumnos desde los supuestos de una teoría ética concreta. Esto es algo evidente que los profesores hemos respetado con absoluta naturalidad».
Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, es muy evidente que Educación Ético-Cívica se introduce de lleno en la moral personal y familiar de los alumnos. «A éstos, asegura, se les va a examinar no de su conocimiento de las teorías éticas a lo largo de la historia sino de sus criterios morales y los de su familia, lo cual supone una intromisión y un adoctrinamiento inaceptables».
EpC según sus defensores
Por otra parte, fuentes de la asociación Profesionales por la Ética aseguran que la cara real de EpC la muestran sus defensores.
Así, a título de ejemplo:
José Blanco, secretario general del PSOE, aseguró que para detener el aborto era necesaria aumentar la información sobre el uso de métodos anticonceptivos, un asunto que, según el dirigente socialista, algunos rechazan que esté en EpC (Forum Nueva Economía, 25 de junio de 2008).
José Luis Pérez Iriarte, ex director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, afirmó en una comparecencia pública en el Ministerio de Educación (6 de junio de 2006) que con EpC «se trata de transmitir un cuerpo de conocimientos que permita manejarse en el conjunto de la ciudadanía pero sobre todo de educar en comportamientos y actitudes propios de la educación ciudadana». En efecto, en los criterios de evaluación en ESO se evalúan «las habilidades sociales adquiridas» o «los comportamientos», lo que denota las pretensiones ideologizantes de la asignatura.
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación en la anterior legislatura, aseguró, en defensa de EpC como proyecto de educación moral, que «el principio de que la educación sea subsidiaria respecto a las familias no es un principio aceptable para un sistema educativo moderno». (Comparecencia pública en Vitoria el 8 de marzo de 2006).
Los lobbies homosexuales han reivindicado la implantación de EpC. Así, este año, en vísperas del Día del Orgullo Gay, el presidente de los Gays y las Lesbianas de la Rioja, Francisco Pérez Diego, ha exigido de nuevo «una completa educación afectivo-sexual y de identidad de género, con particular atención a la diversidad y que además garantice que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se imparta, sin mutilar sus contenidos, en todos y cada uno de los colegios, escuelas e institutos del Estado». Pedro Zerolo, miembro de la ejecutiva socialista, ya había afirmado que «queremos promover un pluralismo moral que acuerde una plena igualdad para los gays y las lesbianas. En esta perspectiva, la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía es un paso de gigante». (Famille Chretienne, 18 noviembre 2006).
José Antonio Marina, autor del manual de EpC de la editorial SM (la preferida por los colegios de FERE), justifica la necesidad de esta asignatura porque «las familias, en muchos casos, son las más eficaces transmisoras de prejuicios religiosos, políticos, raciales, etc.». El filósofo asegura también que «El Estado debe encargarse de facilitar a todos nuestros jóvenes aquella educación que la sociedad considera necesaria para el desarrollo de los proyectos personales». (Idea de La Mancha, publicación de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha nº 6).
«En definitiva, asegura Fabián Fernández de Alarcón, eso de que EpC trata sobre la Constitución Española y los Derechos Humanos no es más que un pretexto para imponer a los alumnos determinados valores e ideologías que se presentan como una ética común cuando en realidad son posiciones morales y valores de algunas personas. Y esa es la cuestión fundamental que se trata de ocultar a los padres».
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