La ingente tarea asistencial que lleva a cabo la Iglesia Católica con los más necesitados, una verdadera política social
Los intensos debates de los últimos meses entre organizaciones internacionales, gobiernos, empresas y bancos no son suficientes para reflejar las consecuencias directas de la crisis económica en la vida diaria de cientos de miles de familias, abocadas en un margen muy corto de tiempo al desempleo y a la precariedad más absoluta.
Hasta no hace más de un año, algunos miembros del Gobierno socialista vaticinaban que serían pocos los ciudadanos que tendrían que apretarse el cinturón ante una crisis cuya realidad no se cansaban de rechazar. Pero la economía real demuestra el inmenso error de cálculo del Ejecutivo: son muchos los ciudadanos que cada día tienen problemas para satisfacer de
mandas tan básicas como la alimentación y el vestido, un fenómeno que está sucediendo en aquella España que el presidente del Gobierno situó en la liga de campeones de la economía internacional.
Las cifras no mienten. Según informaba ayer ABC, Cáritas Madrid ha atendido en los seis primeros meses de este año a 66.804 personas, frente a las 55.179 del período 2006-2007. El incremento no puede ser más revelador de la profundidad del deterioro de la economía. Los solicitantes de la ayuda de esta organización católica son españoles y extranjeros a partes casi iguales, lo que demuestra que la crisis se está extendiendo a las capas más vulnerables de la sociedad, sin distinción de nacionalidad, porque ya no es sólo la construcción -sector principal para la mano de obra inmigrante- la que ha entrado en un proceso de caída.
Si estas son las cifras del primer semestre del año que maneja Cáritas, es seguro que la evolución a corto plazo empeorará la situación de otras miles de familias, a las que ya llega tarde cualquier medida de aseguramiento financiero o discurso político pretendidamente tranquilizador. Se ha llegado tarde para muchos porque, entre otras razones, el Gobierno no atendió los síntomas claros de crisis que aparecieron antes del verano del pasado año.
Las dramáticas consecuencias de la crisis son una llamada urgente a la solidaridad y, como sucede siempre en estos períodos de empobrecimiento, la respuesta más generosa y desprendida llega de las dos grandes instituciones no políticas de la sociedad española: la familia y la Iglesia Católica. Una y otra constituyen el andamiaje de urgencia que soporta lo que el Estado no puede o no sabe atender en casos de crisis.
Es la cara oculta del Estado del bienestar. Y esto sucede sin una política seria de apoyo a la familia sustituida por una estrategia de descalificación y acoso hacia la familia tradicional y con un activismo laicista del Gobierno de Rodríguez Zapatero que además de políticamente arbitrario, porque sólo se aplica a la Iglesia Católica resulta materialmente injusto, porque desprecia el papel insustituible de esta institución en tiempos de crisis, cuando se convierte en sostén para miles de personas necesitadas de atención y desasistidas por la Administración.
Las cifras del trabajo desarrollado por Cáritas hablan por sí solas y no necesitan interpretación. Cuando miles de ciudadanos acuden a las puertas de las parroquias para solicitar ayuda es por la certeza que tienen de que la Iglesia Católica cumple siempre su labor humanitaria, sin condiciones previas y porque sólo en ellas encontrarán el auxilio que necesitan.
Es algo que deberían tener en cuenta los partidos de izquierda que utilizan la amenaza de revisar la financiación de la Iglesia como castigo a su función pastoral con los creyentes o ponen en duda la legitimidad de los acuerdos con la Santa Sede cada vez que la jerarquía eclesiástica reclama su derecho a expresarse sobre los problemas actuales de la sociedad. La realidad es que el Estado no podría en este momento y quizás en ningún otro asumir la ingente tarea asistencial que lleva a cabo la Iglesia Católica con los más necesitados una verdadera política social, que cada día son más, aunque sólo se hable de bancos y empresas.
