Creo que se trata de un proyecto para perpetuarse en el poder

Gaceta de los Negocios

El Gobierno socialista, a través de la ministra de Igualdad (en serio, de Igualdad), ha publicado su intención de aprobar una nueva ley del aborto. Para empezar, en España no existe tal ley, sino una reforma del Código Penal de 1985 que despenalizó el delito de aborto en tres supuestos. En los demás casos, continúa siendo un crimen. Algo, pues, bastante alejado de un derecho. No alcanzo a comprender la necesidad de un Ministerio de Igualdad, como no la encuentro para uno de Libertad o Fraternidad. Pero, una vez que existe, tampoco llego a entender su relación con el aborto.

La capacidad argumentativa de su titular no va a la zaga de la inanidad de su departamento. Uno de los argumentos invocados para la reforma legal apela a las dificultades de cumplir la actual ley. Pero, entonces, suponiéndose que así fuera, y no más bien que estemos ante un caso de fraude masivo de ley, de lo que se trataría sería de aplicar la legislación actual, no de transformarla.

También apela la ministra Aído a la vetustez de la legislación. Por esa línea argumental, habría que despenalizar el asesinato. Incluso invoca la necesidad de “garantizar los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que las atienden”. Al parecer, para la ministra, entre los derechos fundamentales de las mujeres se encuentra el de matar, antes de nacer, al hijo concebido. Así, todo parece indicar que el Gobierno prepara una ley de plazos, mediante la cual una mujer tendrá derecho a abortar durante las primeras semanas de la gestación. Suponemos que, traspasado el arbitrario plazo, el derecho se transformará, alquímicamente, en delito. Misterios jurídicos socialistas.

Una ley de plazos, aparte de otras consideraciones jurídicas y morales, se opone a la Constitución y a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. La Carta Magna establece que “todos tienen derecho a la vida”, sin excluir al concebido y no nacido. El Tribunal, con toda razón, ha sentado la doctrina de que el embrión es un bien jurídico susceptible de protección jurídica. Pero una ley de plazos anula radicalmente esta protección, pues queda al arbitrio de la madre la decisión de quitarle la vida. Por supuesto, sin intervención de la voluntad del padre, convertido en convidado de piedra. Luego, eso sí, los arcanos de la igualdad obligarán al callado varón a compartir equitativamente los cuidados de los niños, siempre que sus madres estimen que pueden nacer.

Cabe también argumentar sobre las parejas que desean adoptar, sobre los trastornos físicos y psicológicos de las mujeres que abortan o sobre el negocio lucrativo de las clínicas abortistas. Pero todo esto es muy secundario si se considera, como es debido, que el aborto consiste en quitar la vida (es decir, matar) al embrión. El interés, la conveniencia, el bienestar, los planes de vida o cualquier otra finalidad de una madre no pueden prevalecer sobre el derecho a la vida de un ser humano. Ésta es la cuestión: matar o no matar. Queda, por lo demás, para los defensores de una ley de plazos argumentar cuál es la extraña transformación que sufre el embrión en la cuarta semana, en la sexta o en la octava de la gestación, que lo modifica, taumatúrgicamente, dejando de ser un puñado de células, parte disponible y prescindible del cuerpo de la madre, para convertirse en un ser humano titular de derechos.

No sé si el Gobierno utiliza el aborto a modo de cortina de humo que difumine los desastres de su gestión, especialmente económicos y autonómicos. Me da un poco igual, aunque creo que no se trata de eso, sino de un proyecto, de raíz totalitaria, para transformar la sociedad y perpetuarse en el poder. Acaso parte de la sociedad ande tan descarriada que no le importe la vida humana, pero a mí, si lo son, estas cortinas de humo me parecen más graves que el declive de la economía que tratarían de velar. Pues la vida es muy superior al bienestar material. Por ese camino, podría proponerse la invasión de Portugal para que los ciudadanos no reparen en sus dificultades de encontrar trabajo o llegar a fin de mes.

Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía del Derecho.