La vida humana es un precioso bien aunque precario. Pero ni en la peor pesadilla habríamos imaginado que su precariedad fuera tanta que llegara a depender sólo de un simple acto de voluntad de la madre
Gaceta de los Negocios
El proyecto de Real Decreto sobre condiciones técnicas básicas de Sanidad Mortuoria, que prepara el Ministerio de Sanidad, del que informaba ayer La Gaceta, permitirá que las clínicas abortistas traten a los fetos muertos por aborto antes de la vigésimo novena semana de gestación como restos no humanos, y puedan así ser tirados a la basura. El proyecto define como restos humanos de entidad suficiente a las partes del cuerpo humano procedentes de abortos de más de 28 semanas. 
El resto podrá tratarse como restos no humanos.
El Ministerio ha colado esta medida a todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP, que han aprobado este proyecto de Real Decreto. La medida, que venía siendo solicitada por las clínicas abortistas, evitará a estos centros la molestia de tener que contratar servicios funerarios.
Me temo que lo fundamental no es sólo evitar esta molestia engorrosa, sino intentar eludir en vano la verdadera naturaleza criminal del aborto voluntario. Basta asomarse a una unidad de cuidados intensivos de prematuros para saber que un niño de, por ejemplo, 26 semanas de gestación, es un niño. Matar a ese niño es un infanticidio. Y en nada cambia su naturaleza criminal el hecho de que aún no haya salido del seno materno. Lo mismo cabe afirmar de todo ser humano desde el momento de la concepción.
Los incumplimientos de la ley en la mayoría de las clínicas abortistas son masivos. No sólo se viene incumpliendo la reforma del Código Penal, que no ha legalizado el aborto, ni menos lo ha convertido en un derecho, sino que continúa considerándolo un delito y sólo exceptúa la aplicación de la pena en tres casos tasados.
Uno de ellos es la existencia de grave peligro para la salud física o psíquica de la madre. De suyo, era previsible que este supuesto se convirtiera en patente para violar la ley, pero no era fácil pensar que se llegara a tanto, pues sabemos que en algunas clínicas se practicaban abortos sin la previa existencia de un dictamen psicológico.
Por lo demás, la ley exige que se trate de grave peligro para la salud de la madre. Después hemos sabido de otra vulneración de la ley: los restos humanos de abortos practicados en embriones en avanzado estado de gestación eran arrojados a la basura, a pesar de que la ley lo impedía.
El ministro Bernat Soria vuelve a regalarnos otra exhibición de una manera, al parecer muy socialista, de entender la vida del Derecho. Cuando éste se incumple, en lugar de vigilar y exigir su cumplimiento, se modifica la ley, y ya no hay nada que vigilar ni exigir. Entonces, ya no será posible acusar a las clínicas de vulnerar la ley ni al Gobierno de hacer dejación de sus funciones. Claro que entonces habremos dado un paso más hacia la barbarie legal.
Ignoro si todos los votantes del PSOE comparten una barbaridad semejante, aunque lo dudo mucho. Pero eso no excusa su responsabilidad. En cuanto se incremente la presión de los grupos proabortistas, no es improbable que el Gobierno se avenga a elaborar una ley de plazos. Entonces sí, el aborto se convertiría en un derecho entre nosotros. En el camino imparable hacia el disfrute de derechos, acabaríamos por consagrar uno nuevo y terrible: el que asistiría a toda madre a matar a su hijo dentro de un plazo fijado por la ley.
La vida humana es un precioso bien aunque precario. Pero ni en la peor pesadilla habríamos imaginado que su precariedad fuera tanta que llegara a depender sólo de un simple acto de voluntad de la madre. Lo dicho: la barbarie legal.
