“El Gobierno se siente agraviado por lo que se dijo en la concentración de Madrid y rescata su discurso más hostil y soez contra convocantes y asistentes...”

Arguments

Han pasado un par de semanas desde la fiesta de las familias cristianas en Madrid y desde entonces, como dice ABC en un editorial, “no ha habido una sola jornada en la que faltara una acometida de miembros del Gobierno o de la dirección socialista contra los prelados españoles que criticaron determinadas leyes de esta legislatura. Ningún comunicado de ETA, ninguna de las embestidas de los nacionalismos contra la Constitución o la Corona ha merecido en estos casi cuatro años de Gobierno socialista una réplica tan continuada y gruesa como la que está dedicando a los obispos”.

Y dice más adelante: “El Gobierno está en su derecho de discrepar de la Iglesia Católica”; pero no puede negarle “la libertad para expresarse sobre leyes que, objetivamente, son contradictorias con el concepto cristiano de la familia”.

El obispo de Palencia, Mons. José Ignacio Munilla, en una Carta Pastoral se refiere al acto de Madrid y dice que “en aquella asamblea no hubo politiqueo alguno”; más bien “se lanzaron mensajes esperanzadores” (…); “no para defender un interés de la Iglesia, sino para defender un patrimonio común de toda la sociedad: la familia”.

La Carta manifiesta también que, en efecto, “estamos retrocediendo en el reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos, desde el momento en que se está provocando o permitiendo que la familia quede desprotegida. La cosa no tiene vuelta de hoja: lo que es malo para la familia y le hace daño, es contrario a los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos”.

Reproducimos un artículo de Javier Zarzalejos, publicado en El Correo de ayer, que se titula “La indigestión laicista”.

Por Javier Zarzalejos

El Evangelio de San Juan (8, 32) narra lo que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: "Si os mantenéis firmes en mi doctrina, si sois de veras discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". A José Luis Rodríguez Zapatero le debió de parecer que Jesucristo no estuvo acertado en este episodio que cuenta el evangelista, de modo que en un recordado mitin puso las cosas en su sitio y dirigiéndose a las juventudes socialistas precisó que no era la verdad la que nos haría libres, sino la libertad la que nos haría verdaderos. Ahí queda eso.

El precedente arroja alguna luz sobre las actitudes del Gobierno y del Partido Socialista contra la jerarquía eclesiástica después de la concentración del pasado 30 de diciembre en Madrid. Si el secretario general del PSOE enmienda la plana al propio Jesucristo en su predicación evangélica, no es extraño que el secretario de organización, en estricta observancia de la línea jerárquica, desafíe al Papa a quien seguramente Blanco considera su contraparte para discutir estos asuntos.

Que Blanco se encare con el Papa forma parte de ese laicismo cutre que viene practicando el PSOE, con los intervalos coloristas de las visitas a Roma de la vicepresidenta del Gobierno. Fernández de la Vega supo apreciar las posibilidades de proyección que ofrece manejar un 'dossier' tan sensible como el de las relaciones con la Iglesia. Desde que se hizo cargo del asunto, ha frecuentado la embajada de España ante la Santa Sede hasta levantar sospechas entre sus compañeros de sufrir un incipiente 'síndrome de Estocolmo' vaticano, simbólicamente sugerido por el cuidado con el que se le ha visto entonar su conocido vestuario con los sanguíneos colores cardenalicios de sus interlocutores.

A la vista de su reciente comparecencia parlamentaria sobre el particular, el temor de los socialistas a una eventual abducción de su compañera por las fuerzas vaticanas parece infundado. En todo caso, la asignación de esta responsabilidad a la vicepresidenta, al igual que la designación de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede, fueron medidas de rectificación -el signo de esta legislatura de ensayo y error- a las que Zapatero tuvo que recurrir después de comprobar lo indigesto que puede llegar a ser un conflicto global con la Iglesia. Un conflicto a su vez incendiado por otra indigestión del presidente, pero en este caso la de un laicismo primario y decimonónico, libresco y pedante, una caricatura azañista más que nada por el tufo que despide a anticlerical de casino provinciano.

El Gobierno se siente agraviado por lo que se dijo en la concentración de Madrid y rescata su discurso más hostil y soez contra convocantes y asistentes. El Gobierno se escandaliza de que la Iglesia no reconozca la benevolencia que ha tenido con ella. Acusa a la jerarquía de intentar imponer su moral, de querer convertir el pecado en delito y de otras tantas desmesuras para que hasta los más espesos en el manejo del argumentario laicista se sientan debidamente indignados. Felipe González llegaba a quejarse de que la Iglesia se empeñara en salvarnos, lo cual desde otra perspectiva es un interés muy de agradecer y se corresponde con su objeto fundacional aunque no se garantice el éxito.

Los socialistas creen haber encontrado en esta nueva confrontación una suculenta veta electoral para movilizar a ese sector de votantes potenciales de izquierda radical a los que se supone que les divierte este espectáculo ya que no parece que den el tipo de víctimas de la represión moral que se atribuye a la Iglesia.

Al margen de que se compartan las tesis episcopales, algunas observaciones pueden ser pertinentes.

En primer lugar, la Iglesia se manifiesta, expresa sus críticas y preocupaciones pero como toda organización que se proyecta en una sociedad democrática y pluralista, aguanta, a su vez, las críticas que se le hacen, nada templadas por cierto. Lo que se ha leído y escuchado estos días contra el Papa, la jerarquía, contra lo que han dicho y cómo lo han dicho, en nada se corresponde con la imagen de una institución intocable y privilegiada que quiere ofrecer de la Iglesia. En medio de esta tamborrrada que suele tener tanto éxito de convocatoria, la única respuesta institucional de la Conferencia Episcopal ha sido una escueta nota en la que se felicita por la asistencia y desarrollo de la concentración de Madrid. La Iglesia demuestra así haber asumido las reglas del juego democrático mucho más cabalmente que muchos de sus detractores y, naturalmente, reclama que le sean reconocidas cuando se trata de expresarse con libertad y no sólo cuando le toque soportar las críticas.

En segundo lugar, que el Gobierno juegue al victimismo suele ser un mal indicio y un peor argumento. En relación con la Iglesia es sencillamente grotesco. El laicismo cutre del Gobierno ha entendido que la hostilidad -no la separación- hacia lo religioso le otorgaba un valor añadido de progresismo. No se debe olvidar tan fácilmente lo bien que se lo han pasado ministros y altos cargos socialistas encabezando marchas y manifestaciones en las que la ridiculización y el escarnio a la religión y sus símbolos constituían el único tema visible.

En tercer lugar, el mensaje de la Iglesia y que muchos católicos sienten desde la perspectiva de su fe, forma parte de una preocupación más extendida por la crisis de valores prepolíticos de la que se resiente la vertebración social. La profunda insatisfacción por el estado de la educación, que alcanza mucho más allá de la opinión de los católicos, es un ejemplo muy significativo de esa preocupación de fondo que no sólo tiene derecho sino que debe estar presente en el debate público.

En cuarto lugar, a uno se le ocurre preguntarse por qué en un país en el que tenemos una buena cuota de partidos y organizaciones que bordean posiciones antisistema, que día tras día no es que critiquen sino que niegan el carácter democrático del régimen constitucional, que proclaman su voluntad de incumplir la ley y romper el Estado, que predican la insolidaridad, que practican la imposición lingüística y cultural, en un país, en suma, en el que puestos a irritarse no faltan ocasiones, por qué la Iglesia es el objeto fóbico por excelencia. Sería muy recomendable que el Gobierno y la partida de la porra que inspira reservara para sus relaciones con la Iglesia una mínima porción de la tolerancia y el cuidado que dispensa a los verdaderos adversarios de la democracia y la Constitución.

Tal vez lo más sintomático de esta situación sea observar a un Gobierno que como remedio a sus problemas exige silencio. Quien no se pliegue a esa exigencia, o se incorpora a alguno de los múltiples cordones sanitarios que el Gobierno ha tendido para protegerse o sólo podrá elegir entre convertirse en un reaccionario moral, un antipatriota económico o un ultra político.