Según esta forma de pensar, los creyentes son los únicos que cuando expresan su opinión en público, 'imponen'. En realidad, hay la pretensión rechazable de reducir el hecho religioso a un asunto privado, íntimo, algo que queda estrictamente recluido en la interioridad de cada persona ...

Gaceta de los Negocios

El derecho al ejercicio de la libertad religiosa está contemplado por la Constitución en términos que garantizan claramente su presencia en el espacio y la vida pública, por lo tanto también en la escuela, la Administración, los hospitales, y un lógico y largo etcétera. Este derecho debe contar en su ejercicio con la colaboración positiva de los poderes públicos.

El Tribunal Constitucional establece que “la libertad de creencias garantizada en el artículo 16.1 de la Constitución (CE). protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de conciencia que impida… hacer manifiesta su creencia (dimensión externa)”.

Asimismo afirma que “los poderes públicos conculcarán dicha libertad (…) si perturban o impiden de algún modo la adopción, el mantenimiento o la expresión de determinadas creencias”.

Todas estas garantías no son lo suficientemente respetadas hoy en España , donde se aplican criterios por parte de los Gobiernos, central y autonómicos, que nada tienen que ver con el marco constitucional. El simple hecho de que el sindicato USO haya tenido que constituir un observatorio sobre la situación de los profesores de religión en los centros públicos por el mobbing que registran, es una muestra de la presión que se ejerce contra la presencia del hecho religioso, incluso cuando se encuentra, como en el caso aludido, perfectamente establecido y concretado, en leyes y decretos.

La dictadura de lo políticamente correcto practica, además, una manipulación, en el sentido de que toda formulación de una opinión religiosa constituye una imposición. Cuando los creyentes se expresan libremente sobre un tema, no opinan, como todo el mundo, sino que quieren “imponer”. Si un obispo hace una declaración crítica con una ley o una práctica, automáticamente, la policía intelectual de la dictadura de lo políticamente correcto proclama que es “una imposición”.

Según esta forma de pensar, los creyentes son los únicos que cuando expresan su opinión en público, “imponen”. En realidad, hay la pretensión rechazable de reducir el hecho religioso a un asunto privado, íntimo, algo que queda estrictamente recluido en la interioridad de cada persona y no se puede manifestar públicamente.

Es una contradicción demasiado grande con la libertad de expresión, querer negar la voz pública, el derecho a opinar de la gente, desde el laico al obispo, porque se expresa en clave religiosa. Bajo esta interpretación el derecho a la voz pública estaría restringido a la condición previa de considerar que Dios es inexistente, o irrelevante para la vida de la humanidad. Sólo la no creencia tendría carta de naturaleza. Lo dicho desde el agnosticismo o el ateísmo poseería así una jerarquía muy superior a toda consideración surgida desde la religión.

En otros términos, se estaría afirmando que la gran mayoría de la humanidad que es religiosa, debe callar en relación a su sentido auténtico de la vida. Porque al actuar así también se niega el ejercicio de un valor básico: la autenticidad consigo mismo. La busca de esta autenticidad, sería una necesidad para todos menos para aquellos que tienen su vida construida sobre la experiencia religiosa. Éstos sólo pueden serlo en su vida privada, pero callar en la vida pública, es decir, otorgar, asumir aquello que choca con su conciencia.

Esta presión continua que vive la religión en España choca con lo que se dice en Francia, cuna del laicismo de la exclusión religiosa, y el único país europeo que tiene una constitución de este perfil. El actual presidente de la Republica, Nicolás Sarkozy, publicó un libro con una larga entrevista, La República, las religiones, la esperanza. Conversaciones con Thibaud Collin y Philippe Verdin, que precedió a una gran victoria electoral. En él, Sarkozy constata la importancia de la religión para el conjunto de la sociedad francesa:

“Para nuestra sociedad, las religiones constituyen un asunto de gran importancia, pues son portadoras de una esperanza. El hecho religioso es un elemento primordial, dado que inscribe “la vida” en un proceso que no se interrumpe con la muerte. Por eso no tengo una concepción sectaria de la laicidad. Ni tampoco la visión de una laicidad indiferente. En la Francia de inicios del tercer milenio, el lugar que ocupa la religión es central.” (...) “Creo, pues, en una laicidad positiva; es decir, en una laicidad que garantiza como un derecho fundamental de la persona el derecho a vivir la propia religión. La laicidad no es enemiga de las religiones”.

Y afirma sin complejos su función positiva: “¿Tienen las religiones una importancia específica para el equilibrio de nuestra sociedad?. Responderé sin dudarlo con un doble sí. Sí, porque a lo largo de los años, la Religión católica ha tenido un papel de instrucción cívica y moral ligada a la catequesis que existía en todos los pueblos de Francia. El catecismo ha dotado de un sentido moral bastante afinado a generaciones enteras de ciudadanos. En tiempos se recibía educación religiosa incluso en las familias no creyentes. Esto permitía la recepción de valores necesarios para el equilibrio de la sociedad. Sin lugar a dudas la Iglesia católica, casi hegemónica hasta la primera mitad del siglo XX, ha ejercido en la sociedad francesa una función educadora e incluso integradora”.

Esta es la visión del presidente de la Francia laica y republicana. Ahora la pregunta es, por qué en España la dinámica política empuja exactamente en sentido opuesto. Vale, la culpa es de ZP, su Gobierno y su partido. ¿Pero sólo de él?