En el marco de la operación de post-emergencia puesta en marcha, Cáritas Peruana está asistiendo actualmente de forma directa a 53.000 familias (unas 250.000 personas)
Dos meses después del violento terremoto que afectó a varias ciudades del Perú el 15 de agosto, Caritas sigue llevando a cabo una vasta labor de ayuda humanitaria a los damnificados, entre quienes ha distribuido hasta la fecha un total de 2.177 toneladas de bienes de primera necesidad.
En el marco de la operación de post-emergencia puesta en marcha, Cáritas Peruana «está asistiendo actualmente de forma directa a 53.000 familias (unas 250.000 personas)», informa un comunicado de la institución católica de ayuda.
Según los últimos datos oficiales, el seísmo dejó tras de sí un saldo de 127.906 familias damnificadas.
Según el comunicado, el trabajo de la red Cáritas en las zonas afectadas se está centrando en distintos ámbitos:
Albergue temporal y vivienda: Cáritas Perú ha construido en Ica dos módulos de albergue temporal, adaptados a las condiciones de la emergencia, con estructura de paneles de madera y cubierta de plástico reforzado.
Asimismo, los equipos de Caritas de Cañete, Yauyos, Chincha e Ica han realizado labores de desescombro y han evaluado la situación de las viviendas, además de elaborar y difundir unos folletos de orientación sobre métodos de construcción segura para a las familias que están optando por la autoconstrucción.
En la zona de Castrovirryena, Cáritas y el Comité Regional de Emergencia han diseñado un plan de mejoramiento de viviendas dotadas de medidas antisísmicas y condiciones de habitabilidad más saludables.
Agua y saneamiento: Cáritas mantiene la distribución de agua potable en Pisco, donde todavía existen serias limitaciones al reparto a través de camiones cisternas en las zonas rurales de la provincia.
Salud: Se está llevando a cabo el suministro de medicamentos a los servicios parroquiales de salud y a las brigadas del Ministerio de Salud.
Educación: Cáritas Perú ha realizado una evaluación en 10 centros educativos de Pisco e Ica, con objeto de poner en marcha un plan de reconstrucción y dotación de aulas. En esas zonas, aunque se han reanudado las clases en un 10 % de las escuelas inspeccionadas, el absentismo escolar sigue siendo muy elevado.