El Gobierno ha exhibido una intransigencia incompatible con la propia materia. La aprobación de Educación para la Ciudadanía entraña un triple error: político, jurídico y moral

La Gaceta de los Negocios

    Es un grave error político crear una nueva asignatura que persigue la formación cívica de los alumnos sin alcanzar, y ni siquiera intentarlo, un acuerdo político con la oposición. El Gobierno y sus aliados parlamentarios han exhibido una intransigencia, incompatible, por lo demás, con la propia naturaleza de lo que se pretende, entre otras cosas, enseñar: nada de diálogo y todo de imposición mecánica de exiguas mayorías. Perfecto ejemplo de educación cívica. Si toda gran reforma educativa debería nacer del consenso general de la sociedad y de sus representantes políticos, lo mismo cabe exigir cuando se trata de la creación de una nueva asignatura obligatoria de naturaleza moral. El fracaso de la nueva asignatura no es cuestión opinable: la asignatura del consenso y la democracia no ha generado sino división social y disenso. Es una pura falsedad afirmar que sólo pretende el conocimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales. Es evidente que va mucho más allá de ello. Basta consultar los descriptores de la asignatura u ojear los manuales existentes, en los que se incluyen cuestiones relativas a la condición humana, la identidad personal, la orientación sexual, la educación emocional o la construcción de la conciencia moral, de las que nada dice la Carta Magna. Es un error político la intromisión del Gobierno en la educación moral que han de recibir los alumnos. Hay que añadir que es falso que se trate de una asignatura equivalente a las que existen en otros países democráticos, pues en éstos no se invade el ámbito de la conciencia moral. Es un error jurídico. Habrá que esperar a lo que decida la Justicia y, especialmente, el TC, pero parece evidente que la imposición de la asignatura entraña una vulneración del artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación moral que han de recibir sus hijos. Las democracias liberales no entregan al Estado el derecho a dirigir la educación, sino sólo la misión de garantizar el libre ejercicio de ese derecho, cuyos titulares son los alumnos y sus padres. El Estado no es el dispensador de una especial sabiduría moral, sino el garante del ejercicio del derecho a la educación. La asignatura, tal como ha sido configurada, entraña la violación de un derecho fundamental de los padres y es, en este sentido, inconstitucional.

    Constituye además un grave error moral y filosófico. La asignatura persigue el adoctrinamiento de los alumnos y promueve una determinada visión de la antropología y de la moral, que excluye la dimensión religiosa y trascendente de la persona humana, impone la ideología de género, la manipulación de las emociones y una visión relativista de la cultura y la moral. La concepción del hombre en la que se sustenta resulta incompatible con la fe religiosa, de manera que sus contenidos resultan incompatibles con los de la asignatura de religión católica, optativa elegida por la mayoría de los padres y alumnos. Más que una asignatura, es la imposición de una determinada ideología laicista. El argumento de la adaptabilidad de la asignatura a las preferencias de los padres o a los idearios de los centros no hace sino confirmar su condición adoctrinadora, pues si se tratara de la mera enseñanza de la Constitución y sus principios, valores e instituciones, no sería necesario recurrir al pluralismo ideológico de sus versiones. El contenido de los libros de texto existentes prueba, de modo elocuente, el carácter fuertemente ideologizado y adoctrinador de la asignatura, hasta el punto de que algunos colectivos de homosexuales reclaman la retirada del único texto, al parecer, que se opone a los desmanes de la corrección política y la manipulación ideológica. Es evidente que los centros educativos y los profesores pueden evitar los peores desmanes del engendro, pero acogerse a esa posibilidad y tolerar el mal para los demás sería muestra de insolidaridad con los padres, que no tendrán la misma posibilidad de elegir y de evitar la violación de su derecho. Que un mal sea parcialmente evitable no significa que no sea un mal. Además, lo decisivo no es tanto el contenido concreto de las enseñanzas que se impartan como el hecho de que el Estado invada un ámbito que no es de su competencia, como es el de la formación moral de los alumnos, que corresponde a los padres. Esta invasión es propia de los regímenes políticos totalitarios, que se caracterizan por la invasión por parte del poder político de todos los ámbitos de la vida social y por la decisión de imponer a toda la sociedad un sistema único de (valga la exageración) pensamiento. Es una manera de manipular las conciencias y regimentar las vidas, propia de la pesadilla que denunció Orwell. Un atentado contra el derecho de los padres.

    Por todas estas razones políticas, jurídicas y morales, y otras que cabría añadir, resulta debido oponerse a la implantación injusta de esta asignatura totalitaria.