La medida de los 2.500 euros por nacimiento muestra que la política familiar se convierte en baza electoral

El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el texto de la ley para conceder a todas las familias con residencia legal en España 2.500 euros por hijo nacido o adoptado desde el pasado 3 de julio, según lo que el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero anunció ese día por sorpresa en el debate sobre el estado de la nación. El gobierno ha solicitado el trámite de urgencia, de modo que la medida entre en vigor en noviembre y la prestación pueda cobrarse desde diciembre. Sin embargo, la ayuda se puede pedir desde el 16 de julio mediante formulario impreso disponible en las oficinas y la web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es).

Las familias que se beneficien de la reforma antes de la entrada en vigor de la ley percibirán los 2.500 euros en el mes siguiente a su aprobación. A partir de la entrada en vigor de la ley los abonos se harán efectivos en el mes siguiente al nacimiento. La prestación es universal y se suma a cualquier otra que se reciba, como la de los 100 euros mensuales para madres con trabajo remunerado e hijos menores de tres años, y posiblemente el pago se realizará como el de los 100 euros, a través de una deducción fiscal que anticipa el Estado.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega señaló que esta medida no se debe entender “como acto de caridad o beneficencia, sino de justicia”. Algo tradicionalmente defendido por las asociaciones familiares y que se pelea con el concepto de “ayuda” que generalmente se utiliza para referirse a este tipo de medidas.

“Gracias, pero proteja a la familia”

Las asociaciones familiares más representativas han tenido una reacción similar: saludar la prestación, pero criticar que no es fruto de una política familiar integral del gobierno, hasta ahora inexistente o perjudicial. El Foro Español de la Familia “agradece” la prestación, pero la considera “incoherente” con la actitud legislativa del Ejecutivo respecto a la familia durante su mandato, con “reformas de las leyes a favor de la desestructuración y desestabilización” del matrimonio, en palabras de su presidente, Benigno Blanco.

Para Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, la medida es “positiva, pero claramente propagandista y electoralista”, “un parche”. Holgado ha recordado que “en el último congreso de las familias numerosas, celebrado en 2004, Zapatero también prometió universalizar la prestación por hijo a cargo y extender la paga de 100 euros a todas las madres, trabajaran o no fuera del hogar, y sin embargo, no lo cumplió”.

A ese mismo discurso ha remitido la Federación Castellano-Manchega de Familias Numerosas (FCMFN), para quienes la propuesta “supone un paso adelante en el reconocimiento del Estado a las familias por la aportación de capital humano que realizamos a la sociedad pero no es lo prometido por Rodríguez Zapatero”. Según los cálculos, estas prestaciones van a suponer 1.200 millones de euros anuales a las arcas del estado, o lo que es lo mismo, la inversión en familia va a subir una décima, del 0,5% al 0,6% del PIB, cuando el compromiso de Zapatero –recuerda la FCMFN– era llegar al 1,5% del PIB en los primeros 4 años de su gobierno, y después hasta el 2,2%, que es la media europea.

El Instituto de Política Familiar (IPF), por medio de su presidente, Eduardo Hertfelder, considera que la propuesta “tiene un déficit de credibilidad, porque hasta ahora el presidente del gobierno ha incumplido el 80 por ciento de sus compromisos electorales con respecto a la familia”. Señala que la ayuda “es válida para el primer año, pero se trata de una ayuda puntual que es claramente insuficiente para la crianza de los hijos”.

Penalización fiscal por hijos

Anna Cabré, directora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma en El País (13-07-2007) que este tipo de medidas no influyen en la natalidad, “al menos de forma directa”, aunque sirve para que “las familias se sientan arropadas, ya que son síntoma de que se las tiene en cuenta”.

De opinión parecida es Valentín Bote, economista que en el blog del Instituto de Empresa (7-07-2007, http://economy.blogs.ie.edu) escribe que no “parece tener mucho sentido elevar la presión fiscal a los contribuyentes y luego devolver recursos con transferencias directas de esta naturaleza”. Y es que, como recuerda, “la reforma del IRPF realizada por el actual gobierno es novedosa en un aspecto respecto a las anteriores: esta vez genera no sólo ganadores, sino también perdedores. Aproximadamente el 26,1% de los contribuyentes pagarán más con el nuevo IRPF. Estos perdedores se concentran, sobre todo, en las clases medias y, especialmente en familias con hijos. Los ganadores son, sobre todo, solteros y parejas sin hijos. ¿No les parece sorprendente? Por un lado un maltrato a las familias en el IRPF y por otro un anuncio de una ayuda para los nuevos hijos”. Estas críticas ya fueron realizadas por asociaciones de familia cuando se anunció la reforma fiscal.

Precisamente, en la línea de dejar de penalizar a los matrimonios para comenzar a reconocerlos fiscalmente se ha manifestado rotundamente David Cameron, líder conservador británico, en un reciente artículo en el Daily Mail (11-07-2007) titulado “La hora de hacer del matrimonio una prioridad”, del que se puede leer un resumen en la web de Aceprensa.