«La escuela ha de atenerse con escrupuloso respeto a lo que representa la familia y contribuir al desarrollo de sus fines» (...) «Se educa a partir de la familia, en la familia y colaborando con la familia»,

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La Fundación García Morente y la Universidad CEU San Pablo organizaron un curso de verano sobre Educación para la ciudadanía, en el que los representantes del Gobierno dejaron clara su tesis: consideran que los padres no son los únicos responsables de la educación de sus hijos, en contra de lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que dice: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté acuerdo con sus convicciones»

«No creo que el Estado sea subsidiario [del derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos] ni que la familia sea subsidiaria, sino que es una tarea compartida». Con estas palabras reiteraba don Alejandro Tiana, Secretario General de Educación, su visión del papel educador del Estado, un papel que no se corresponde con lo que establece el artículo 27.3 de la Constitución española. Toda la polémica en torno a la asignatura de Educación para la ciudadanía nace, precisamente, de esta concepción errónea de un derecho fundamental. Y esa brecha entre los defensores del derecho de educar a los hijos y los defensores de la intromisión del Estado en esta tarea, se hizo especialmente patente en un curso de verano organizado por la Fundación García Morente y la Universidad CEU San Pablo. En dos días de intensas conferencias, se pudieron conocer las tesis de defensores y críticos con la conflictiva asignatura.

El hecho de que el señor Tiana reconociera abiertamente y sin rubor que, en su opinión, la educación moral no la definen en exclusiva los padres, explica, en parte, la obsesión por mantener la asignatura a toda costa. En palabras del señor Tiana, que no quiso entrar a contestar de forma directa a la carta que la hermana María Rosa de la Cierva le había hecho llegar a través de las págians de este semanario, «la formación ética y moral es una tarea compartida, que no corresponde en exclusiva a nadie». Pero, como puntualizaba con acierto don Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, organización muy comprometida con la objeción de conciencia, ningún precepto constitucional reconoce el derecho de la escuela a educar moralmente a los hijos, y sí el derecho de los padres.

Don Alejandro Tiana no es el único convencido de esta falsa atribución del Estado. La ministra de Educación afirmaba, en RTVE, que «los padres y madres deben colaborar con los centros escolares, pero es responsabilidad de los centros y responsabilidad pública explicar, enseñar y brindar instrumentos para que los alumnos puedan crear sus propias opiniones, defenderlas y discutirlas».

Don Eugenio Nasarre, portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, trajo a colación la discusión que, justo un día antes, había vivido en la Carrera de San Jerónimo. El señor Nasarre planteó la necesidad de llegar a un acuerdo en torno al artículo 27.3 de la Constitución, y se topó con la expresión desairada de un diputado del BNG que se preguntaba cómo se coló ese artículo y que aseguraba que debía tomarse como papel mojado, y otro del PNV que se negaba a que la Constitución sirviera de base para el diálogo. El señor Nasarre sabe que la concepción del artículo 27, uno de los más discutidos durante la elaboración de la Carta Magna, es el quid de la cuestión y que «la tutela del Estado en el ámbito educativo puede llevar al totalitarismo». El cardenal Antonio María Rouco Varela también recordaba la mala experiencia de la Europa de principios del siglo XX en la clarificadora conferencia con la que clausuró este curso de verano. El cardenal catalogó la asignatura como anticonstitucional y éticamente reprobable. Tras un análisis pormenorizado, explicó los motivos por los que la intromisión del Estado en la educación moral era inaceptable.

Coincidió plenamente con él el también cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, quien aseguró que «la escuela ha de atenerse con escrupuloso respeto a lo que representa la familia y contribuir al desarrollo de sus fines». Y añadió que «se educa a partir de la familia, en la familia y colaborando con la familia», motivo por el cual es especialmente grave el ataque constante que sufre por parte del Gobierno. «No se puede dar educación degradando, al mismo tiempo, la familia», decía el cardenal.

Una asignatura inaceptable

«El Estado no puede imponer una asignatura moral a los padres de familia», dejaba claro el cardenal Rouco. Y los contenidos son moralizantes porque «no se trata de educar a ciudadanos, sino a personas. Se subsume, bajo la categoría de ciudadano, la totalidad de la persona humana». Para el arzobispo de Madrid, «la educación de la persona se concibe de una manera determinada -por lo menos, por omisión-, se prescinde de elementos de trascendencia». Y es que uno de los problemas de esta asignatura es que no es sólo grave por lo que dice, sino por lo que no dice, como expresaron también don Jaime Urcelay y doña Pilar del Castillo, ex ministra de Educación. Para el cardenal Rouco, incluso aunque algunos centros católicos hayan anunciado que van a hacer compatible la asignatura con su ideario, la gravedad de la situación radica en el intento de imposición de una moral de Estado.

El arzobispo de Toledo, que dio apertura a este curso de verano, explicó que su preocupación surge «porque sabemos a dónde nos conduce este laicismo radical y el relativismo moral. Se trata de aspectos que se oponen a la verdad del hombre y son inaceptables para los cristianos». En palabras de don Benigno Blanco, «si es difícil ser bueno en una sociedad en la que se distingue entre el bien y el mal, si esta diferenciación no existe, es imposible».

Para doña Lucía Calvo, directora de un centro concertado, en la difícil etapa de la adolescencia no basta con que se den todas las opciones como igualmente buenas en aras de una mal entendida tolerancia. «A los adolescentes hay que orientarles, necesitan la verdad, no siempre necesitan opciones, necesitan lo que les conviene». Pero, como expresaba con acierto doña Pilar del Castillo, en Educación para la ciudadanía «los valores se convierten en a-valores ».

A los problemas del contenido de la asignatura se suman las marcadas diferencias según la Comunidad Autónoma en la que se resida. En poco más de dos meses, la asignatura se empezará a impartir en cinco Comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que en las del PP la implantación no llegará hasta dentro de un año. Y con Decretos de desarrollo donde se ha suavizado algo el contenido. Explica doña Pilar del Castillo que la asignatura se utilizará al antojo de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas: «En aquellas en las que haya una presencia de nacionalistas radicales, será utilizada para resaltar la conciencia independentista; en aquellas en las que haya sectores izquierdistas, para resaltar los valores propios de la izquierda más radical; y en el mejor de los casos va a traer un relativismo moral tan terrible que no se va a saber qué es bueno o malo».

El hecho de que no en todas las Comunidades Autónomas la situación sea igual no significa que no se tomen medidas. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, daba su apoyo a los objetores este pasado domingo desde las páginas de ABC. Hay muchas medidas que se pueden tomar sin la asignatura en marcha y que, aunque tengan carácter meramente simbólico, permiten apoyar moralmente a Comunidades donde la situación es extremadamente crítica, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Éste es el mismo motivo por el que ha sorprendido la actitud de los colegios concertados en los que no se admiten las objeciones. Desde el Gobierno se asegura que los contenidos son compatibles, que «van a poder decidir qué libro se va a utilizar», como recalcó la ministra doña Mercedes Cabrera, o que dependerá de cómo imparta la materia cada profesor, como puntualizó el señor Tiana. Pero lo cierto es que, como explicó claramente el cardenal Rouco, «hay un deber de solidaridad de los colegios con ideario católico respecto a los demás colegios». El cardenal tuvo palabras de ánimo para los muchos objetores de conciencia que incluso se enfrentan a consecuencias para sus hijos. En España, aproximadamente el 80% de los alumnos asisten a clase en centros públicos. De ellos, una gran mayoría elige la asignatura de Religión, de modo que Educación para la ciudadanía, tal y como se va a impartir en los centros públicos, sería contraria a la moral que quieren para ellos.