La educación para la ciudadanía democrática es tarea de toda la sociedad y en especial, precisa el Consejo de Europa, de la familia. La búsqueda del pasaje paralelo en los textos españoles resulta infructuosa

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En una democracia verdadera, es razonable y muestra de salud ciudadana que haya sectores de la sociedad —a veces, sectores mayoritarios— que disientan activamente de algunas pretensiones del gobierno.

Así ocurre ahora en España. Se aprecia un creciente rechazo contra el proyecto del gobierno Zapatero para imponer a nuestros hijos una pretendida "Educación para la ciudadanía" cuyo contenido huele muy mal, aunque, como en el chiste, a algunos parece que les gusta el olor a huevos podridos.

Dice Ignacio Carbajosa en paginasdigital.es: “La asignatura ‘Educación para la ciudadanía’ se presenta como una materia ‘neutral’, que respeta las opiniones de los alumnos y fomenta un mínimo común ético aceptable por todos. (…) La idea de neutralidad es, en el mejor de los casos, claramente ingenua. En realidad detrás de ella se esconde el deseo de generar una nueva mentalidad que, más que neutral, es unificadora. Se entiende así que Gregorio Peces-Barba, poco después de la llegada al poder de los socialistas, afirmara, en referencia a la asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’, que ‘sólo con ser capaz de poner en marcha esta iniciativa el Gobierno habría justificado la legislatura’ [Cf. ‘La educación en valores, una asignatura imprescindible’, El País, 22 noviembre 2004]” .

Aparentemente, el gobierno pretende seguir las directrices del Consejo de Europa, en el sentido de dar prioridad en la política educativa a una educación para la ciudadanía democrática. Pero eso sólo es una apariencia, porque hay una distinción esencial en el contenido.

Lo que preocupa al Consejo de Europa es la apatía política de los ciudadanos y su desconfianza de los gobernantes. Nada hace referencia a fundamentos éticos, ni el mundo afectivo-emocional aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía.

En cambio, la educación para la ciudadanía que pretende el ejecutivo socialista español entra indebidamente en cuestiones de muy hondo calado moral. Entre otros: profundizar “en los principios de la ética personal y social”, ”construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas”, etc. ¿Quién es el Gobierno para expropiar y sustituir a los padres en su derecho fundamental a decidir con qué criterios morales desean formar a sus propios hijos?.

Como es natural, la ética que se enseña en esa asignatura es la del relativismo moral: es decir, nada tiene que ver con el esfuerzo por delimitar y distinguir lo bueno y lo malo; es la política de la tolerancia indiferenciada tanto hacia el bien como hacia el mal; es la política de la confusión entre el positivismo jurídico y la ética, especialmente en temas trascendentales como el derecho a la vida o el matrimonio.

“¡Son leyes!: ¡que cumplan las leyes, como todos!” Así, más o menos, se le veía gesticular y gritar en un telediario, de modo muy desagradable, a la Vicepresidenta Fernández de la Vega. Y claro, como la ley la aprueba y la cambia el poder, si la ética es la ley, la ética será lo que diga el poder en cada momento.

La ideología de género está presente una y otra vez en la Educación para la Ciudadanía, con su fraseología y parafernalia específica: “orientación afectivo-sexual”, “diversidad afectivo-sexual”, “homofobia”, etc. Y lo referente a la “identidad sexual”: como se sabe, para la ideología de género, ‘hombre’ y ‘mujer’ no son realidades naturales sino construcciones culturales”; “no existen dos sexos naturales sino distintas orientaciones afectivo-sexuales”, de idéntico valor; los “tipos de familia”, los “roles de padre y madre” en los casos de uniones homosexuales con criaturas a su cargo, etc.

De todo esto habla el Prof. Jorge Otaduy en un artículo titulado 'El pecado original de la educación para la ciudadanía', que fue publicado hace pocos días en ABC (20-VI-2007) y que reproducimos a continuación.

Por Jorge Otaduy, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

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La democracia requiere un cierto grado de consenso en torno a los valores básicos -libertad, pluralismo, derechos humanos, imperio de la ley...- que garantice la subsistencia del modelo. ¿A quién puede extrañar que el sistema educativo contribuya a sostener tan noble causa? Convendría insistir aún más en la conveniencia de que la educación para la ciudadanía democrática fuera objeto de cualquier actividad educativa, formal y no formal, desarrollada por todos los agentes sociales, no sólo en el sector público.

Los decretos de enseñanzas mínimas han establecido ya los contenidos de la nueva asignatura. Se dice, y con razón, que se han rebajado las referencias más chirriantes a cuestiones con implicaciones morales inmediatas, como los tipos de familia, la dimensión humana de la sexualidad, la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sexistas.

La supuesta flexibilidad ministerial, con todo, no ha conseguido poner punto final al debate; los contenidos siguen siendo más que discutibles, porque adolecen de una carga ética, apenas disimulada, relativa a conductas personales no implicadas directamente en la construcción de una sociedad democrática. Se percibe, en concreto, una particular fijación en lo referente a la educación afectivo-emocional, que impregna gran parte de los contenidos de la disciplina. No existe ningún recato, asimismo, a la hora de abordar los fundamentos ético-morales de las instituciones -como el sistema democrático, las organizaciones internacionales- o de las materias objeto de estudio -como los derechos humanos-, aun cuando la referencia a tales presupuestos obliga inevitablemente a la expresión de particulares concepciones ideológicas. Con ocasión del estudio de los problemas sociales se propone el recurso al método de análisis de los dilemas morales generados en el mundo actual. Si fuera una materia de libre elección resultaría digerible, pero una asignatura obligatoria con tan insoslayables contenidos morales será en la práctica difícilmente compatible con el respeto a las convicciones de padres y alumnos.

Me parece injusto tachar de pusilánimes, alarmistas o de paradójicos colectivos anti-sistema a quienes alzan su voz manifestando la considerable incomodidad que les produce la perspectiva de la nueva asignatura. ¿Sobre qué fundamentos se harán descansar los valores constitucionales objeto de ilustración? ¿Cuál será el enfoque con el que los grandes dilemas éticos serán afrontados? ¿Qué tipo de educación afectivo-emocional inspirará la tarea formativa? ¿Qué idea de libertad subyace en los programas? No es fácil quitarse de la cabeza que el Gobierno que ha pergeñado la disciplina es el impulsor de una legislación social -aprobada por mayorías parlamentarias a veces exiguas- que ha arrollado sin grandes miramientos convicciones y sensibilidades de millones de ciudadanos, en materias como el matrimonio o la protección de la vida humana. La particular interpretación -indudablemente ético-moral- de los principios de la Constitución que han dado curso legal a tales reformas no pueden monopolizar el panorama social ni presentarse de modo autoritario a través del sistema educativo oficial, como es inevitable que suceda en el marco de la educación ciudadana que se propone.

El Gobierno pretende jugar la carta europea. El Consejo de Europa aprobó en 2002 una recomendación según la cual la educación para la ciudadanía democrática debe ocupar un lugar prioritario en la reforma y ejecución de las políticas educativas. La lectura del documento europeo permite calibrar la notable diferencia de fondo y de forma respecto de los textos españoles. Lo que preocupa al Consejo de Europa es la apatía política y civil y la falta de confianza en las instituciones democráticas, la corrupción, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo violento, la intolerancia ante las minorías, la discriminación y la exclusión social, elementos que representan todos ellos una importante amenaza a la seguridad, estabilidad y crecimiento de las sociedades democráticas. Las referencias a fundamentos ético-morales brillan por su ausencia y el mundo afectivo-emocional no aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía democrática. Por otra parte, no parece que la responsabilidad de transmisión de las mencionadas competencias a los ciudadanos haya de reposar, poco menos que en exclusiva, sobre el sistema educativo. La educación para la ciudadanía democrática es tarea de toda la sociedad y en especial, precisa el Consejo de Europa, de la familia. La búsqueda del pasaje paralelo en los textos españoles resulta infructuosa.

EL maquillaje de última hora ha disimulado los defectos más vistosos, pero no ha transformado la naturaleza de la disciplina. La actual educación para la ciudadanía no puede ocultar que es hija de un poder adornado con ribetes de laicismo, que tiende a una interpretación exclusivista y autoritaria del «mínimo común ético constitucionalmente consagrado», en lugar de reconocer los derechos de libertad ideológica y religiosa de las personas y favorecer su libre ejercicio. No es inocente que la propia LOE advierta que los contenidos de la asignatura no pueden considerarse sustitutorios de la enseñanza religiosa. El legislador respira por la herida; parece comprender que una lectura sin prejuicios puede razonablemente conducir a la conclusión de que el sentido de la educación para la ciudadanía es contribuir a establecer, con patrocinio estatal, un código ético alternativo o a crear una nueva conciencia social, mejor acomodada a la realidad legal).

La educación para la ciudadanía es una hermosa criatura, pero, en España, ha venido al mundo con pecado original.