Los abortos provocados es una actividad que necesita fingir que no se aplica sobre seres humanos
Ramón Pi, periodista.
La Gaceta de los negocio, 9 de noviembre de 2006
En la jornada electoral del martes, en Estados Unidos se sometieron a votación popular en varios Estados las más diversas cuestiones, además de la preceptiva provisión de muy diversos cargos públicos. Desde hace al menos tres décadas, entre las cuestiones favoritas de este tipo de consultas están las referidas a las agresiones que en los últimos tiempos sufren los seres humanos más débiles e indefensos: el aborto, la eutanasia, los embriones de nuestra especie. Aquel país acoge en sus leyes muchos de estos ataques, pero la sociedad americana es viva y activa, y nunca ha renunciado al debate, a veces muy fuerte, sobre estas cuestiones que afectan a valores esenciales como la dignidad de la persona.
Paradójicamente, cuando la esclavitud ya no figura en las leyes de ningún país del mundo (aunque de hecho siga existiendo) y la abolición de la pena de muerte a los culpables de los peores crímenes avanza imparable, se extiende por todo el planeta una ola de ataques contra individuos inocentes de toda culpa, pero que por una u otra razón interesa eliminar, bien porque pueden servir de material de laboratorio, bien porque representan una complicación o, simplemente, una incomodidad o un engorro para sus familiares o para las arcas públicas. Los abortos provocados, la eutanasia, determinadas prácticas eugenésicas, la experimentación con embriones, son actividades que, para desarrollarse, necesitan fingir que no se aplican sobre seres humanos, sino sobre “proyectos”, “agregados de células” o, cínicamente, si esta ficción no es posible, se presentan como un favor que se hace a las víctimas; tremenda e intolerable actitud.
A este modo de proceder, algunos lo califican de progresista. La realidad es que se trata de un retroceso a tiempos que creíamos superados, en los que unos hombres podían ser propietarios de otros hombres y, en consecuencia, dueños de su vida y de su muerte. Al aceptarse esta disposición de vidas inocentes, desaparece todo fundamento posible para oponerse, por ejemplo, a la pena de muerte. Y si el abolicionismo persiste pese a todo y nuestras sociedades aceptan esta contradicción, es porque se ha sustituido el carácter indisponible de la vida humana por el valor utilitario, que se oculta o disimula, de procurar las más gratas condiciones de vida para los victimarios.
Sin embargo, de vez en cuando no es posible este enmascaramiento hipócrita y atroz, y se ponen pública y descarnadamente sobre la mesa los verdaderos motivos del genocidio silencioso. La semana pasada, La Real Sociedad de Obstetricia y Ginecología británica dio a conocer una propuesta a favor de la “eutanasia activa” (entiéndase, el infanticidio) de los recién nacidos con severas discapacidades o malformaciones, según informó The Times el domingo 5. Entre otros argumentos, destacan estos dos: por una parte, de esta manera se reducirían los abortos de tercer trimestre, más peligrosos para la madre; por otra, dado que los medios actuales permiten a esos bebés sobrevivir más tiempo, es recomendable su eliminación a favor del bienestar de sus familias: “un niño gravemente discapacitado significa una familia discapacitada”, dice el documento, que, sorprendentemente, añade que no pretende pedir formalmente la muerte de esos bebés, sino contribuir al debate social sobre el asunto.
Nótese que esta propuesta no está hecha en un país primitivo que tenga al hechicero como máxima autoridad. Nada de eso: es en el Reino Unido, cuarta potencia industrial del mundo, civilizado país que, además, se enorgullece de su defensa de los derechos humanos.
La antigua Esparta tenía establecido un sistema parecido, mediante el abandono de los niños malformados en la falda del monte Taigeto, para que fueran recogidos por ilotas o periecos o, en otro caso, muriesen. Hoy los instrumentos son distintos, pero la finalidad es idéntica: mejorar el bienestar de la sociedad, sea para obtener mejores guerreros, mantener el nivel de vida de las familias afectadas o ahorrar recursos a la Seguridad Social. Es difícil imaginar planteamiento más salvaje que éste: los defectuosos, enfermos o simplemente molestos deben ser eliminados.