Lejos de ser enemigos irreconciliables, el Estado y la Iglesia son dos instituciones llamadas a entenderse, para el bien de todos los ciudadanos: tal es el mensaje que se desprende del acto conmemorativo del XL aniversario de la Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II, sobre la libertad religiosa, organizado, la semana pasada, por la Conferencia Episcopal Española, y en el que intervinieron el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, y el cardenal Julián Herranz, Presidente d...
Lejos de ser enemigos irreconciliables, el Estado y la Iglesia son dos instituciones llamadas a entenderse, para el bien de todos los ciudadanos: tal es el mensaje que se desprende del acto conmemorativo del XL aniversario de la Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II, sobre la libertad religiosa, organizado, la semana pasada, por la Conferencia Episcopal Española, y en el que intervinieron el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, y el cardenal Julián Herranz, Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos
Interesante por lo que se refiere a las relaciones actuales entre la Iglesia y el Gobierno fue todo cuanto se dijo en el marco del acto conmemorativo de la Declaración Dignitatis humanae, organizado por la Conferencia Episcopal Española. El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, hizo un recorrido histórico por las vicisitudes que acompañaron la publicación de este documento del Concilio Vaticano II: «La Declaración Dignitatis humanae fue uno de los textos debatidos con mayor pasión durante los cuatro períodos de sesiones conciliares. En el trasfondo de la discusión estaban presentes varios hechos: una concepción de las relaciones entre la Iglesia y el Estado influida por el nacimiento del Estado liberal y las ideas herederas de la Revolución Francesa, con el avance del laicismo; el intento de conciliación entre el liberalismo y el catolicismo; el desarrollo fulgurante de la Iglesia en Estados Unidos y su relación con el Estado, basada en los principios de libertad religiosa… Además de ello, tras la segunda guerra mundial se realiza un esfuerzo por reconquistar la dignidad de la persona y, con ella, la fuente de sus derechos; se entiende que estos derechos son anteriores al Estado, y que la democracia y el liberalismo están al servicio de esa persona; y se produce una revisión de la categoría de bien común. Por aquellos años, se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en las Constituciones de los nuevos Estados libres se recoge la dignidad de la persona. Estos antecedentes tuvo el Concilio Vaticano II, que declara la libertad religiosa como un derecho civil, anterior al Estado, con el único límite de no alterar el orden público. El Concilio también entiende que el hombre tiene la obligación de buscar la verdad y de dar testimonio de ella, y que el orden jurídico debe respetarlo».
Laicidad, no laicismo
A las palabras del cardenal Rouco siguieron las del cardenal Julián Herranz, Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Algunos tramos de su intervención son de gran actualidad, leídos al hilo de las actuales relaciones entre la Iglesia en España y el Gobierno: «En las reformas legislativas, en proyecto o en acto, de algunos Estados democráticos que se declaran aconfesionales, se configura el peligro de un fundamentalismo laicista, distinto del sano concepto de laicidad, que se puede convertir en una especie de religión de Estado, en un ateismo militante no declarado, pero real». Asimismo, el cardenal Herranz manifestó que «se está produciendo otro fenómeno preocupante; me refiero al progresivo empobrecimiento ético de las leyes civiles o de proyectos políticos que se quieren convertir en leyes: desprecio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial y aun del mismo concepto natural de matrimonio; liberalización del aborto, de la eutanasia, de la droga; insuficiente tutela de la institución familiar; reducción relativista de la libertad religiosa. En estos casos se puede decir que se asiste a una especie de retroceso de la civilización. El Derecho, en una sana democracia, debe tener muy en cuenta cuál es la identidad de la persona humana: su naturaleza inteligente, libre y con una dimensión trascendente y religiosa del espíritu, que las leyes civiles no pueden ignorar. Si se negase esta verdad universal sobre la naturaleza y la dignidad de la persona humana, estaríamos ante un Derecho antinatural, esencialmente inmoral, instrumento de un ordenamiento social totalitario, de una dictadura relativística y agnóstica, aunque se calificase retóricamente de democrática».
Juan Luis Vázquez
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