Da la impresión de que hay quien no quiere entender a la Iglesia. Lo diré con palabras del otrora cardenal Joseph Ratzinger en la Pontificia Universidad Lateranense, el 13 de diciembre de 2004: «La Iglesia nació como una comunidad de mártires, y no como una religión de Estado (…). No tiene otros medios para guiar a la gente que la fuerza de la convicción: el mismo Dios es razón y amor».
A estas alturas de la serie Iglesia-Gobierno, Estado-Santa Sede, ya sabemos cuáles son las armas con...
Da la impresión de que hay quien no quiere entender a la Iglesia. Lo diré con palabras del otrora cardenal Joseph Ratzinger en la Pontificia Universidad Lateranense, el 13 de diciembre de 2004: «La Iglesia nació como una comunidad de mártires, y no como una religión de Estado (…). No tiene otros medios para guiar a la gente que la fuerza de la convicción: el mismo Dios es razón y amor».
A estas alturas de la serie Iglesia-Gobierno, Estado-Santa Sede, ya sabemos cuáles son las armas con la que trabajan los terminales de la Moncloa: de la filtración como medio, a la mentira por sistema como fin, pasando por las descalificaciones sistemáticas a los obispos –José Blanco dixit– y el todo vale en una polémica que se sintetiza en aquello de difama, que algo queda.
La historia no es que comenzara en Galilea, quizá en las calles de Madrid. Más de un millón y medio de personas son muchas personas. En el momento en el que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española –y no tal o cual obispo, como se ha querido hacernos creer– decide que se han acabado las conversaciones con el Gobierno, tal y como discurrían y sobre lo que discurrían, porque «sobre los derechos fundamentales no se negocia»; cuando en Moncloa creían que lo tenían casi todo atado y bien atado –acaso piensan que la primogenitura se vende por un plato de lentejas–, y ante la inminente explosión social de libertad, el estertor de la desesperación lleva a la Vicepresidenta a Roma. Nos enteramos del contenido de la reunión, en medio de la cortina de humo que fue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, por el artículo del domingo de Soledad Gallego-Díaz en El País, que citaba sistemáticamente fuentes de La Moncloa. De las conversaciones con los obispos sabíamos, también desde el domingo, por lo que nos contó Victoria Prego en el diario El Mundo, noticias que se atribuían a los fontaneros de la Moncloa.
Llegados al lunes, la señora Fernández de la Vega, en medio del clamor de grillos que sistemáticamente se dedicaban a calificar a los obispos de mentirosos y preconstitucionales, amén de otras lindezas sobre su responsabilidad en la COPE, la Vicepresidenta traza una larga cambiada de aúpa y dice aquello de que «la Iglesia ha ido incumpliendo su objetivo de autofinanciación. Creo que hemos llegado a un punto en donde las aportaciones son muy importantes, pero ya no pueden ir a más, tendrán que ir a menos, porque la Iglesia tendrá que cumplir su objetivo de autofinanciación».
El calentamiento de la atmósfera social y eclesial alcanza grados insospechados. El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y portavoz, el jesuita padre Juan Antonio Martínez Camino, en La Tarde, de la COPE, con intención urbi et orbi, a la altura del lunes, sale a aclarar la cuestión y las cuestiones con unas distinciones del más puro escolasticismo. Dice, refiriéndose a los encuentros con el Gobierno sobre la LOE: «Efectivamente, no pudo ser, pero no pudo ser porque, cuando fue el momento oportuno, es decir, en el mes de julio, antes de que el día 22 se aprobara el proyecto de ley, había que haber negociado, por los cauces habituales, a plena luz y taquígrafos, con la Comisión mixta Iglesia-Estado. Pero eso no pudo ser. Además, cuando el 22 de julio se aprueba el proyecto, la Conferencia Episcopal ni siquiera conocía el texto de la ley, es decir, que no hubo correspondencia a la actitud permanente de diálogo y a la insistencia por parte de la Conferencia Episcopal de que se dialogara. Y no pudo ser. Entonces, el Comité Ejecutivo de la CEE, el mismo día 22 de julio –nadie se debe llamar a engaño–, publicó una breve nota muy significativa ya en su título: Ley de educación, por sorpresa e inaceptable.
La señora Vicepresidente hace referencia a que ha habido numerosas reuniones con la alta jerarquía de la CEE. Efectivamente, en el mes de octubre, cuando ya la ley está aprobada por el Gobierno, una ley inaceptable y desconocida para la CEE, de repente se nos llama para ver si se llega a un acuerdo. Yo he asistido a tres reuniones, lo digo ahora porque ya se ha dicho; no lo pensaba decir, porque había un acuerdo de discreción en este asunto y, sobre todo, porque no se pudo llegar a nada concreto. Asistí a tres reuniones con la señora Vicepresidenta y con el señor Pérez Rubalcaba, junto con el Vicepresidente de la CEE. Éstos han sido los actores. Fue del 10 al 25 de octubre. ¿Esto eran negociaciones? El Comité Ejecutivo de la CEE es el que decide cada uno de los pasos que se dan en este asunto, ningún obispo en particular, y quien les habla, de ninguna manera. Se acude a tres reuniones para mostrar nuestro interés de hablar, siempre. Eso son conversaciones, sin calendario previo, no son propiamente negociaciones.
Sobre los asuntos de las conversaciones, yo no he contado los puntos exactos, porque lo que hubo fue un repaso del texto de la ley; y había, efectivamente, distintas palabras, expresiones, que nuestros técnicos proponían cambiar, y se aceptaba su cambio; pueden ser 12, pueden ser 15, no sé, un número grande de cosas que se aceptaron cambiar, pero había 3 cosas sustanciales en las que no había cambio. Esas tres cosas son las siguientes: en primer lugar, el reconocimiento y la tutela efectiva, como puede ser en un país democrático y avanzado, un país como el nuestro, de la libertad de enseñanza, tanto para los padres como para los centros. Hicimos propuestas concretas de modificación, que no se aceptaron. En el campo de las condiciones de admisión de los alumnos y en el campo de las condiciones en las que los centros pueden o no acogerse a los conciertos o las subvenciones estatales. (...) Además, no quedaba claro, aunque se hicieron intentos de cambiar, qué es esa asignatura de Educación para la ciudadanía. (...) El tercer punto es el estatuto académico de la enseñanza de la Religión en la escuela. Sigue esta asignatura, como en la época de la LOGSE, manteniéndose al margen del cuerpo de la Ley, en una disposición adicional que no tiene garantía de ser una asignatura normal, como se exigiría para responder al derecho de los padres. Es una asignatura que queda en el alero». Ha dicho.
José Francisco Serrano
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