Transportistas, pescadores, agricultores, mineros…: en las últimas semanas se han sucedido las protestas de diferentes sectores de nuestro país; protestas ante las que el Gobierno ha acabado cediendo antes o después –más bien antes–. Próximamente, no sólo trabajadores, sino familias enteras, van a salir a la calle para pedir al Gobierno la retirada de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el que parece ser el único lenguaje que entiende el Gobierno a la hora de relacionarse con los ciudadanos ...

Transportistas, pescadores, agricultores, mineros…: en las últimas semanas se han sucedido las protestas de diferentes sectores de nuestro país; protestas ante las que el Gobierno ha acabado cediendo antes o después –más bien antes–. Próximamente, no sólo trabajadores, sino familias enteras, van a salir a la calle para pedir al Gobierno la retirada de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el que parece ser el único lenguaje que entiende el Gobierno a la hora de relacionarse con los ciudadanos

 

Acaba de comenzar el curso escolar, y padres, alumnos y profesores se van a ver sometidos próximamente a una Ley Orgánica de Educación (LOE), una vuelta de tuerca más en el camino emprendido por el Gobierno para monopolizar ideológicamente el pensamiento de los ciudadanos. Esta iniciativa no sólo ha provocado la oposición de los profesionales, sino también de los padres de familia, que ven cómo el Gobierno cercena, unilateralmente, su derecho a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos; un derecho natural, y que la Constitución recoge y ampara.

 

El pasado 22 de julio, en pleno período estival, el Gobierno aprobó, unilateralmente y por sorpresa, la tramitación de este Proyecto de Ley, dejando agonizante la Comisión mixta Estado-Iglesia. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española denunció entonces que esta ley «recorta el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos; limita gravemente la libertad de la escuela católica y de las instituciones educativas de iniciativa social; pone en peligro la enseñanza de la Religión y arbitra un nuevo estatuto de los profesores de Religión que contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

 

Malestar generalizado

 

No queda lejos la manifestación del 18 de junio pasado, cuando un millón de personas salió a la calle para mostrar su desacuerdo con la ley que equipara las uniones homosexuales al matrimonio, cuyo máximo logro ha sido casar a apenas un centenar de parejas. La próxima concentración ciudadana será para protestar contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), en defensa de la libertad de enseñanza, que garantiza la Constitución española.

 

La manifestación ha sido convocada por diversas asociaciones de padres y educadores, y ha sido apoyada por la Conferencia Episcopal Española. La pasada semana apareció en el diario ABC una noticia que afirmaba que la Conferencia Episcopal había alcanzado un acuerdo con el Gobierno acerca de esta ley, pero el episcopado español calificaba esta noticia como falsa, reiterando su apoyo a esta manifestación, «porque se trata de un medio legítimo por el que los padres y otros agentes educativos salen en defensa de sus derechos».

 

Entre las asociaciones convocantes están la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), la Asociación de Profesores de Secundaria (APS), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Nacional de Estudiantes (CES), la Coalición Democrática de Estudiantes (CODE), la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Plataforma Tiempo de Educar (PTE), la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO), y el Foro Español de la Familia. Este último, que comprende a más de 5.000 asociaciones y más de 4 millones de familias, ha afirmado que el proyecto de ley «no introduce ninguna medida para cortar el altísimo fracaso escolar, y es un grave riesgo de manipulación política del sistema educativo por parte del Gobierno de turno».

 

Además de las asociaciones convocantes, son más de 200 las agrupaciones que se han adherido a la manifestación. Entre ellas, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), que engloba a casi 2.000 centros en los que estudian más de un millón de alumnos, ha definido a esta ley como partidista, acusándola además de que «no mejora la calidad de la educación, recorta las libertades educativas y maneja un concepto unilateral y demagógico de equidad».

 

Sin duda, la manifestación del próximo sábado constituirá un termómetro social sobre dos sectores básicos para la estabilidad de un país: la educación y la familia. ¿La próxima será para reclamar la libertad de expresión en los medios de comunicación?

 

J. L. V.

 

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