ROMA, miércoles, 27 abril 2005 (ZENIT.org).- «Radio Vaticano» ha dado espacio este miércoles a las «ásperas polémicas» suscitadas en España ante la perspectiva de la legalización del «matrimonio homosexual».
«Algunos alcaldes anuncian la objeción de conciencia» --en su función de casar a estas parejas--, «mientras los juristas católicos invitan a la magistratura a no dar en adopción a los niños a las parejas gay» por el perjuicio que podría causarse a los pequeños, apunta la emisora.
Por 183 votos a favor en el Congreso frente a 136 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el jueves pasado en España el proyecto de Ley que modifica el Código Civil para extender el derecho a contraer matrimonio y a adoptar niños a las pajeras del mismo sexo. El texto será remitido al Senado y regresará al Congreso, previsiblemente el mes de junio, donde debería ser ratificado de manera definitiva.
Reacciones de disconformidad a la medida han llegado, por ejemplo, de organismos jurídicos de la máxima solvencia en España, como son el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial o la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Además organizaciones ciudadanas han planteado una iniciativa parlamentaria popular contraria a la ley y la práctica totalidad de las confesiones religiosas han manifestado su disconformidad con la norma.
«Se perfila en España un enfrentamiento directo entre los promotores» de la ley «y quien por motivos religiosos o de ética social se opone firmemente a este falseamiento de la institución familiar», alerta la emisora pontificia, recordando que «la Iglesia católica ha invocado la “libertad de conciencia” y el “deber de oponerse”».
El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal Alfonso López Trujillo, pidió la objeción de conciencia de los católicos ante esta eventual ley en una entrevista concedida el viernes pasado a «Il Corriere della Sera».
«Una ley no tiene razón por el simple hecho de ser una ley», recordó el purpurado. «No se pueden imponer cosas inicuas a los pueblos. Es más, precisamente porque son inicuas, la Iglesia llama con urgencia a la libertad de conciencia y al deber de oponerse», alertó.
«Y ya algunos alcaldes en España han anunciado su negativa a celebrar bodas entre personas del mismo sexo», recoge «Radio Vaticano».
«Con toda probabilidad, el funcionario público que rechace concertar un matrimonio homosexual será sustituido por otro funcionario dotado de tales poderes, que en cambio no tenga frenos de carácter ideológico o religioso ante este tipo de matrimonio», apuntó en los micrófonos de la emisora el profesor Francesco D’Agostino, presidente de la Unión italiana de juristas católicos y del Comité nacional de bioética.
Igualmente aclaró «el valor simbólico que este tipo de objeción lleva consigo»: «Quien objeta al matrimonio entre homosexuales objeta en nombre de la verdad de una institución como la del matrimonio, que tiene un carácter universal que es conocido por todas las culturas, en todas las épocas como relación entre un hombre y una mujer»; «se hace objeción por la verdad del matrimonio, para defender la verdad del derecho contra una objetiva manipulación introducida por un Parlamento fuertemente ideológico».
En cuanto a la posibilidad para las parejas homosexuales de adoptar niños, en opinión del jurista italiano en este punto «verificaremos la buena conciencia de los magistrados que serán llamados a valorar la idoneidad a la adopción de estas parejas».
«Nosotros sabemos que la psicología de la edad evolutiva desde siempre repite que un niño necesita de una doble figura genitora: de un padre y de una madre --añadió el profesor D’Agostino--. Y sabemos también que, correctamente, la adopción presupone un juicio por parte del magistrado en cuanto a la adecuación de la pareja que quiere adoptar frente a la carga que se asume».
«Me parecería muy extraño --frente a las muchas peticiones de adopción que no son atendidas por falta de niños para dar en adopción-- un carril preferencial a favor de parejas homosexuales que, objetivamente, sin hacer polémica, problemas de psicología de la edad evolutiva respecto a los niños no pueden no crearlos».
«Creo que la magistratura, en este caso, tiene la posibilidad de comportarse sabiamente no utilizando un instrumento que también la ley pondría a su disposición», subrayó.
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