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Forumlibertas.com, 17 de marzo de 2005

El Congreso de los Diputados rechazó este jueves, en una votación conjunta, las dos enmiendas a la totalidad presentadas respectivamente por el grupo del Partido Popular (PP) y por los 4 parlamentarios de Unió Democrática, integrados en Convergència i Unió, para pedir la retirada del proyecto de reforma del Código Civil que prevé la legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, lo que implica automáticamente la adopción. En la votación, además del voto en bloque del PP, se reflejó la división entre los dos socios de la federación nacionalista catalana ante esta cuestión. Mientras los de Unió apoyaron la devolución de la iniciativa gubernamental, 4 de los 6 de Convergència se pronunciaron a favor de la nueva normativa y, por tanto, contra la petición de retirada. Los otros dos, el ex consejero Jordi Vilajoana y Jordi Xuclà, se ausentaron del Pleno en el momento de la votación. La única sorpresa fue el voto de uno de los diputados de Coalición Canaria (CC), que se decantó a favor de las enmiendas.

Las dos enmiendas, que pedían la devolución del texto legislativo al Gobierno, fueron rechazadas por 178 votos y recibieron el apoyo de los 135 diputados del PP y de Unió presentes en el hemiciclo. Estas formaciones apostaron por regular las uniones homosexuales a través de fórmulas de parejas de hecho y sin permitirles la adopción, pero la mayoría apoyó la tesis defendida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien afirmó que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo es cumplir el mandato constitucional de remover las barreras de desigualdad y discriminación. El portavoz socialista, Julio Villarrubia, señaló que la finalidad de este proyecto es luchar por la plena igualdad jurídica de las personas y defendió la adopción por parte de las parejas del mismo sexo tras esgrimir varios informes de expertos que descartan alteraciones en el desarrollo de la personalidad del niño.

Sin embargo, la portavoz del PP, Ana Torme, recordó las dudas del Consejo General del Poder Judicial sobre la constitucionalidad del proyecto y, pidió, como el Consejo de Estado, crear una figura jurídica especial para las parejas del mismo sexo, convencida de que "quebrar" la institución del matrimonio es una opción "perjudicial" y "excepcional" en el ordenamiento jurídico internacional. Torme pidió al Gobierno que retirara el proyecto al considerarlo un "grave error" que no cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad, genera confrontación y lleva a la "fractura social". En este contexto reprochó al PSOE que se dedique "a dividir" y a "distinguir entre buenos y malos, entre mejores o peores, víctimas del terrorismo buenas y víctimas menos buenas, católicas y no católicas, homosexuales y heterosexuales, defensores de los derechos de los homosexuales y homófobos".

Josep Antoni Duran i Lleida fue el encargado de defender la enmienda a la totalidad de Unió desde el convencimiento de que el matrimonio es "la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer" y de que el debate no es entre derechas o izquierdas, o entre concepciones religiosas y "un supuesto progresismo". Tras citar a líderes extranjeros socialistas que apuestan, como su partido, por la unión civil para las parejas homosexuales y tras oponerse de forma expresa a que puedan adoptar, Duran rechazó que sea discriminatorio mantener la actual configuración del matrimonio, porque "la discriminación sería tratar de forma idéntica realidades que son diferentes". Su grupo contó con libertad de voto, y, así, el diputado de Convergència Carles Campuzano intervino ante el pleno para mostrar su apoyo al proyecto en defensa de una visión "moderna" de la familia, de los hijos de las familias homosexuales y "de la libertad de todos, no de la libertad de la mayoría".

El resto de grupos

La diputada del PNV Margarita Uría reconoció que, dentro de su grupo, partidario de equiparar derechos, no hay consenso en torno a la denominación de las parejas de homosexuales como matrimonio, pero rechazaron en bloque las enmiendas para poder debatir reformas parciales más adelante. Por su parte, el portavoz de ERC Agustí Cerdà expresó la necesidad de "dar un paso a la pluralidad de las manifestaciones afectivas", y señaló que el reconocimiento de los matrimonios homosexuales es un tema de "justicia, igualdad y libertad".

En el mismo sentido, desde Izquierda Verde, Carme García recordó que "hay hombres que se quieren entre sí y parejas de mujeres que se quieren y que defienden algo tan básico como poderse casar como el resto de las parejas, por amor", y aseguró que una regulación diferenciada es "discriminación y no se puede disfrazar". El rechazo de Coalición Canaria a las enmiendas lo argumentó su portavoz, Luis Mardones, quien apostó por permitir al Parlamento debatir un proyecto que abre "una página nueva en la concepción jurídica del derecho" al matrimonio. Finalmente, el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, criticó las "reacciones intolerantes" al proyecto y comentó que esta ley supone que "el Estado español va a dar un paso cualitativo en relación con el resto de la humanidad, un arma que servirá para al evolución social".

Concentración delante del Congreso

El miércoles por la tarde, a pocas horas de la sesión parlamentaria, varios centenares de ciudadanos (500 según la plataforma HazteOir) se concentraron delante de la sede de la Cámara Baja para defender el matrimonio entre hombre y mujer y protestar por la tramitación parlamentaria del proyecto, que previsiblemente acabará aprobándose por mayoría simple a pesar de que supone una ruptura antropológica que vacía de contenido la propia unión matrimonial. En representación de los manifestantes, Benigno Blanco (del Foro Español de la Familia), Ignacio Arsuaga (de Hazteoir.Org) José Ramón Losana (de la Federación Española de Familias Numerosas) y Eduardo Hertfelder (del Instituto de Política Familiar) entregaron a los parlamentarios un manifiesto “a favor del diálogo, la familia y la infancia”.