Entrevista con Alfonso Santiago, profesor de derecho constitucional de la Universidad Austral de Buenos Aires

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El gobierno debe promover el deporte pero no debe ser aficionado de un equipo, explica para ilustrar lo que es la laicidad el autor de un libro recién publicado con el título "Religión y política: sus relaciones en el actual magisterio de la Iglesia católica y a través de la historia constitucional argentina".

Como sucede en el caso de un deporte nacional, el Estado puede tener un cierto y limitado trato preferencial a un determinado culto religioso, por motivos históricos, culturales o sociológicos, siempre y cuando ello no signifique la prohibición o limitación de los restantes

El autor, Alfonso Santiago, habla de la sana diferenciación entre el ámbito político y religioso, así como del aporte recíproco que ambas instituciones pueden darse.

Cita además en repetidas ocasiones, textos del magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI que buscan dialogar desde la perspectiva eclesial con el ámbito político contemporáneo.

También hace un análisis es de las principales leyes y situaciones que tienen que ver con las relaciones entre Iglesia y Estado en su país.

ZENIT habló con Alfonso Santiago, profesor de derecho constitucional de la Universidad Austral de Buenos Aires, sobre los desafíos tanto de la Iglesia como del Estado en esta materia, sin rechazar la respuesta a preguntas sobre la situación argentina.

Desde hace unos años se puso de moda el tema del papel público de las religiones. Desde las perspectivas teológica, cultural y filosófico-política, que aborda en su libro, ¿cómo cree que deben ser entendidas las relaciones entre la religión y la política?

Religión y política son dos realidades, dos dimensiones de la vida humana, que han acompañado y acompañarán siempre la existencia de cada persona y de la sociedad en todo tiempo y lugar. La universalidad del fenómeno político y del religioso es una realidad histórica y empíricamente comprobable. Religión y política, con fines y expresiones bien diversos, están llamadas a dar sentido y enriquecer la vida de cada hombre y a complementarse mutuamente.

La política tiene que velar por la promoción del bien común de la comunidad. A su vez, la religión encauza la profunda inclinación que el hombre experimenta hacia Dios, para conocerle, adorarlo y vivir conforme a sus designios. Cada una en su ámbito, sin mezclas ni indebidas interferencias, aunque abierta una a la otra, pueden contribuir a la plena realización personal y social. En esta materia el cristianismo es portador de una original visión que se basa en el dualismo cristiano ("Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios") y en las relaciones de independencia y colaboración que plantea entre la Iglesia y la comunidad política".

En la situación actual, ¿cuáles creen son los principales desafíos para la Iglesia en esta materia?

En mi opinión, y así lo expongo en mi libro, los tres grandes desafíos que hoy día se presentan a la Iglesia católica en torno a la relación entre religión y política son el fundamentalismo islámico, con su profunda confusión entre el orden político y el religioso; el laicismo extremo, con su consideración hostil del fenómeno religioso y el intento de encerrarlo únicamente en la esfera privada; y la falta de participación y de coherencia de los fieles cristianos a la hora de actuar en la vida pública.

¿De qué manera la falta de compromiso y de coherencia de los ciudadanos católicos en su actuación pública afecta a la credibilidad de las orientaciones del magisterio y de la doctrina social de la Iglesia?

Es muy significativo el daño que producen los fieles cristianos cuando, a pesar de las orientaciones que reciben, no se comprometen con la vida pública de sus países o no lo hacen de modo coherente con las enseñanzas de la Iglesia a la que pertenecen. Esto, naturalmente, resta cierta credibilidad a esas enseñanzas: si los propios fieles católicos no siguen esos criterios, ¿qué se puede esperar del resto? Es un problema interno, en el seno de la Iglesia, que hay que asumir con firmeza, a través de la formación doctrinal profunda de los fieles y de las oportunas correcciones cuando se haya incurrido en conductas públicas que contradicen los valores y principios de la identidad cristiana.

¿Cuál es la concepción que se tiene actualmente en su país del término "laicidad"?

Laicidad significa, por un lado, una consideración positiva del fenómeno religioso, y por otro, cierta neutralidad e incompetencia del Estado en materia específicamente religiosa. Haciendo una comparación, podemos decir que el Estado puede y debe promover y alentar la práctica deportiva, pero no le corresponde ser aficionado de ningún equipo en concreto. Laicidad significa también que el Estado protege ampliamente la libertad religiosa tanto en su dimensión personal como social, pero no impone coactivamente, a través del derecho, ninguna verdad específicamente religiosa, sino que funda el orden jurídico en las verdades morales naturales.

La laicidad del Estado propuesta por la doctrina católica no se opone, de acuerdo con las características propias de cada comunidad política, al reconocimiento y afirmación del teísmo; a la consideración positiva del fenómeno religioso por parte de la autoridad estatal; a un cierto y limitado trato preferencial que por motivos históricos, culturales o sociológicos pueda darse a un determinado culto religioso, siempre y cuando ello no signifique la prohibición o limitación de los restantes; a la presencia de determinados elementos religiosos en los espacios públicos (como pueden ser la colocación de algunos símbolos religiosos en espacios o edificios públicos, las ceremonias religiosas con motivo de una fiesta patria, los feriados con motivo de determinada celebración religiosa, etc.), a la consideración favorable del aporte que las comunidades religiosas y la religión misma puede hacer a la vida pública, etc. La sana laicidad no prohíbe, ni es hostil a las manifestaciones religiosas que natural y espontáneamente se hacen presentes en la vida social y política. No las promueve ni impone jurídicamente, pero tampoco las combate ni expulsa forzadamente del escenario público. Se opone, en cambio a dicha laicidad, la imposición o prohibición jurídica de determinada verdad o práctica específicamente religiosa (no de moral natural), que atenta contra la libertad religiosa que el Estado debe reconocer a sus ciudadanos, y la discriminación jurídica de los ciudadanos en virtud de la fe que profesan.

¿De qué manera, el rechazo de muchos políticos a todo lo que sea sospechoso de provenir de la religión católica incide en la promoción de leyes y políticas públicas contrarias al cuidado y respeto de la vida humana?

Algunas corrientes culturales de la modernidad y de la posmodernidad ponen de manifiesto un tinte supuestamente "liberador" y "emancipador" respecto de la tradición y de la ley natural. En ese sentido, la promoción de leyes que dejen de lado las enseñanzas morales de la Iglesia tendrían un valor simbólico de expresar una supuesta liberación y superación de antiguos ideas opresoras, que son vistas como contrarias al nuevo modo de entender la razón y la autonomía del hombre. Considero que este ingrediente ideológico suele estar presente, junto a algunos otros, en quienes promueven leyes contrarias al respeto absoluto intangible a la vida humana, tal como propone el Magisterio de la Iglesia católica.

¿Cuál cree usted que debe ser el papel que debe desempeñar la Iglesia, tanto la jerarquía como los fieles, en las decisiones políticas de una nación?

La Iglesia católica, como institución religiosa, tiene pleno derecho a exponer y difundir sus enseñanzas morales a sus fieles y a todos los ciudadanos que quieran escucharlas. Los fieles laicos pueden y deben, como el resto de los ciudadanos, participar activamente en el debate de los temas públicos y enriquecerlo con sus aportes. Lo harán aprovechando los medios de participación política que ofrecen las actuales democracias constitucionales, mediante la defensa y promoción de los valores morales naturales y exponiendo las razones éticas, científicas, médicas, psicológicas, sociológicas, históricas, jurídicas, etc. en que ellos se fundan, sin apelar indebidamente a los textos sagrados ni magisteriales que tienen valor estrictamente religioso.

¿Cuál debe ser el papel del Estado y sus instituciones en las obras de la Iglesia?

El Estado debe considerar a la Iglesia como una institución muy importante dentro del ámbito de la sociedad civil y valorar y apoyar el aporte que realiza en materia educativa, cultural, sanitaria, de asistencia social, etc. No debe inmiscuirse en sus asuntos internos, ni pretender dominarla o someterla.

¿Cómo percibe la actitud del actual Gobierno de Argentina frente a la Iglesia? Los desencuentros institucionales de los que se ha tenido noticia en estos años, ¿son meramente incidentales o ha habido cierta actitud de confrontación desde la Casa Rosada?

Han existido algunos conflictos institucionales como los relativos al obispo castrense, a la falta de aprobación del candidato propuesto para embajador en el Vaticano, etc. Durante la presidencia de Néstor Kirchner ha existido también una mala relación personal con algunos prelados. Por otra parte, se impulsaron durante su gestión algunas leyes contrarias a los principios morales que enseña la Iglesia, como las que permiten la esterilización quirúrgica y promueven la educación sexual en las escuelas sin la debida participación de los padres. No advierto, sin embargo, una hostilidad sistemática hacia la Iglesia, sino cierta torpeza en el manejo de la relación con la Iglesia y la promoción de leyes "pseudoprogresistas" por parte de algunos ministros y legisladores del oficialismo. La presidenta Cristina Kirchner, en el año y medio de gestión, ha intentado mejorar esas relaciones, con algunos leves avances que se han dado hasta el momento.