Una vez más sufrimos una política de hechos consumados en contra de la justicia y de la sociedad

El ejecutivo de Rodríguez Zapatero practica la política de hechos consumados, que es un modo poco correcto de gobernar. La nueva ley del aborto está decidida de antemano por exigencias ideológicas pero sin apoyo científico, social, ni jurídico, como se verá a continuación.

Hace años que la «Fundación Alternativas», socialista, ha trabajado esta nueva ley diseñando el fondo y la forma de imponerla a la sociedad. Para lo primero ha elaborando abundante propaganda frente a las razones contra el aborto, y para lo segundo ha elegido los tiempos más alejados de elecciones para perjudicar menos al PSOE.

Una ley frente a la ciencia

La nueva ley del aborto se enfrenta al mundo científico, pues son más de mil los catedráticos, científicos y académicos, que han rechazado ese proyecto de ley que pretende acabar con la vida del nasciturus desde la concepción. El «Manifiesto de Madrid» dice, entre otras cosas, que:

        Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación.

        El embrión (desde la fecundación hasta la octava semana) y el feto (a partir de la octava semana) son las primeras fases del desarrollo de un nuevo ser humano, y en el claustro materno no forman parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependa de ésta para su propio desarrollo.

        La naturaleza biológica del embrión y del feto humano es independiente del modo en que se haya originado, bien sea proveniente de una reproducción natural o producto de reproducción asistida.

        El aborto no es sólo la «interrupción voluntaria del embarazo» sino un acto simple y cruel de «interrupción de una vida humana»

        El aborto es un drama con dos víctimas: una muere y la otra sobrevive y sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable.

        Dada la trascendencia del acto para el que se reclama la intervención de personal médico es preciso respetar la libertad de objeción de conciencia en esta materia.

Y terminan diciendo que: «En definitiva, consideramos que las conclusiones que el Grupo Socialista en el Congreso, por medio de la Subcomisión del aborto, trasladará al Gobierno para que se ponga en marcha una ley de plazos, agrava la situación actual y desoye a una sociedad, que lejos de desear una nueva Ley para legitimar un acto violento para el no nacido y para su madre, reclama una regulación para detener los abusos y el fraude de Ley de los centros donde se practican los abortos».

Una ley muy poco social

En segundo lugar, la sociedad no demanda esta ley, como lo demuestran las muchas manifestaciones que han reunido a millones de ciudadanos por toda la geografía de España, rechazando el aborto y la nueva ley para hacerlo legal. Así lo reconoce esa Fundación Alternativas relacionada con el PSOE.

Sólo están a favor los ideólogos socialistas como Elena Arnedo, Patricia Laurenzo, Consuelo Catalá, Peces Barba, y naturalmente Aída, Jiménez y Rodríguez Zapatero. La ideología de género está en la entraña de esta nueva ley, así como del diseño de una nueva sociedad sin valores.

La ideología de género rechaza la naturaleza sexuada del hombre y de la mujer para decidir en cada época de la vida el sexo que apetezca. Al pretender utilizar el cuerpo como un instrumento de placer quiebra la unidad de la persona y descompone la familia como germen de la sociedad.

Hay estudios sobre el suicidio de jóvenes que fueron forzados a cambiar de sexo [1], y a la vista está el triste espectáculo de las familias desestructuradas [2]. La creciente violencia social es una consecuencia del desequilibrio personal y del desarraigo de muchos jóvenes. Todavía no conocemos las consecuencias últimas que esta espiral de la ideología de género acarrea a la sociedad.

Las ministras de Igualdad y Sanidad, Aído y Jiménez, repiten como papagayos que con esta ley ninguna mujer irá a la cárcel. Es parte de la munición que les proporcionan los ideólogos del PSOE, pero no hay un solo caso de mujer que abortara que haya acabado en la cárcel por ello. Por mucho que repitan esa falsedad no lograrán que sea verdad. Tan sólo ofrecen una percha para colgar el aborto libre y engañar a los desinformados.

Una ley contraria a la justicia

En tercer lugar, la nueva ley del aborto choca con la sentencia del Tribunal Constitucional, de 1985, en la que afirma que la desprotección absoluta del nasciturus es incompatible con el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución Española: «Todos tienen derecho a la vida». Porque la vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido que encarna un valor central del ordenamiento constitucional.

Un gran fraude esconde el gobierno de Zapatero al decir que defiende el derecho de la mujer. Los medios de comunicación y las publicaciones están llenos de testimonios diciendo lo contrario. Las mujeres que abortan son víctimas de la propaganda y quedan lastradas para el resto de su vida.

Sólo se perdonan a sí mismas cuando colaboran activamente en las instituciones que ayudan a las embarazadas con problemas, como Esperanza Puente, portavoz de la «Fundación Redmadre», que ha escrito un libro titulado «Rompiendo el silencio» [3]. Recoge testimonios sobrecogedores de mujeres que sufrieron el aborto provocado, que celebraron en su día la legalización del aborto y cayeron, más o menos a sabiendas, en las garras de la desinformación. Hoy están profundamente arrepentidas de haber estado en un infierno escondido a la opinión pública.

Zapatero es un gobernante irresponsable cuando justifica esta nueva ley diciendo que es para dar seguridad y proteger la libertad de las mujeres. No dará más seguridad jurídica de la que ya tienen, pero sí permitirá la impunidad de las empresas de abortorios, a pesar de sus escandalosas e ilegales actuaciones que ya conoce la opinión pública. En vez de aplicarles a ley a los matarifes ahora les abre las puertas para que prospere su negocio, que mueve al año más de 600 millones de euros, a repartir entre muy pocas empresas.

Finalmente, falla la lógica jurídica cuando la ley exige receta para los anticonceptivos y no para la bomba hormonal, más peligrosa para la salud de la mujer y sobre todo de las adolescentes desde los 16 años. Lo mismo ocurre cuando se impide por ley a las menores comprar alcohol o tabaco y se les permite adquirir la píldora poscoital (PDD).

Es el nuevo puritanismo supuestamente ecológico, que persigue el tabaco y el alcohol mientras expande el preservativo y la píldora, aumentando así la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, que vuelven a crecer entre la población, y el número de abortos cada año, superando en 2008 los 100.000.

Con estos resultados cualquier gobierno sensato revisaría sus presupuestos ideológicos y cambiaría de rumbo, pero esto es mucho pedir al actual gobierno socialista radical, que quizá busca votos de jóvenes manipulados sin importarle los trastornos de conducta que sufrirán.

El empeño abortivo del gobierno de Rodríguez Zapatero es irresponsable porque transmite a las mujeres la impresión de que la PDD es un método anticonceptivo más, a la vez que reconoce implícitamente que el preservativo falla, como saben los expertos en cerca del 30 por ciento de los casos.

Todo ello prueba que el gobierno de Zapatero está empeñado en sacar adelante una ley del aborto libre como sea, contra la autoridad de los padres, sustrayendo a sus hijas de la patria potestad, contra los colectivos médicos y farmacéuticos, y contra el derecho que hace justicia con independencia de las ideologías.

Una vez más sufrimos una política de hechos consumados en contra de la justicia y de la sociedad.

Jesús Ortiz López es Doctor en Derecho Canónico

Notas al pie:

[1] Cfr. Archives of Sexual Behaviour. Caso Bruce & Brian Reimer.

[2] Según datos del INE, en 2007 se produjeron un total de 137.510 rupturas matrimoniales.

[3] Esperanza Puente. “Rompiendo el silencio”. LibrosLibres, 2009.