Desde que los socialistas llegaron al poder, han hecho gala de una celeridad en algunas cuestiones que no puede pasar inadvertida. Un ritmo político tan vertiginoso, sólo en algunas cuestiones, requiere preguntarse por las causas. El ministro de Justicia, López Aguilar, ha exhibido un interés inusitado por el pluralismo religioso. En un rápido repaso, ha mantenido las entrevistas oportunas para poder decir que ha dialogado con quienes dirigen en nuestro país la práctica religiosa entre los ...

Desde que los socialistas llegaron al poder, han hecho gala de una celeridad en algunas cuestiones que no puede pasar inadvertida. Un ritmo político tan vertiginoso, sólo en algunas cuestiones, requiere preguntarse por las causas.

El ministro de Justicia, López Aguilar, ha exhibido un interés inusitado por el pluralismo religioso. En un rápido repaso, ha mantenido las entrevistas oportunas para poder decir que ha dialogado con quienes dirigen en nuestro país la práctica religiosa entre los católicos, protestantes, musulmanes y judíos. Ha justificado esta línea de trabajo en los acuerdos firmados en 1992 con esas confesiones religiosas, que ciertamente requieren concreción y medidas prácticas. Ha extrañado esta prioridad del ministro.

Lo que supone una auténtica torpeza es que, nada más concluir esta ronda de entrevistas, la CEAPA –organización directamente vinculada a los socialistas, como es de todos conocido- haya presagiado una auténtica guerra en las aulas si se financia la enseñanza musulmana en nuestro país, y solicita que se instaure una escuela laica, es decir, que no se financie la enseñanza de ninguna religión, poco menos que como medida preventiva ante un inminente caos y violencia en los centros educativos.

Tanto interés del ministro de Justicia a favor del pluralismo religioso era más que sospechoso. Ha sido una maniobra orquestada, para intentar vender a los españoles que la garantía auténticamente democrática es no enseñar ninguna religión en las aulas. Pero no puede ser algo que exponga un político: se mueven los hilos de la CEAPA para que parezca que es la sociedad quien solicita aniquilar la enseñanza religiosa.

Si un 80% de los padres españoles solicitan para sus hijos la enseñanza de la religión católica, no cabe otra conclusión que calificar de antidemocrática la petición de la CEAPA, que es el colofón al inusitado interés religioso de nuestro ministro de Justicia. No sé cuántos padres piden para sus hijos la enseñanza del protestantismo, del Islam o del judaísmo, pero yo sí pido para ellos el derecho que les asiste de que se imparta esa enseñanza religiosa en nuestro sistema educativo.

Resulta evidente que, entre los socialistas, eliminar la enseñanza del catolicismo es una prioridad. No tengamos miedo a reconocerlo. Es preciso desenmascarar este intento antidemocrático. Algunos hablan de que los masones en España han encontrado su ocasión histórica de conseguir objetivos hasta ahora imposibles, gracias a un país asustado y paralizado, que ha perdido capacidad de reacción, que digiere como puede el dolor de la masacre del 11-M. No sé si los masones dirigen esta maniobra educativa, pero seguro que están interviniendo, y hasta con cierto regocijo ante la casi inexistente resistencia en la opinión pública. Si actúan a placer, se debe a la pasividad de una mayoría ciudadana aplastante, y eso es casi más extraño y doloroso. Una prueba de que están actuando es que nadie los menciona.