1. Nota vaticana recuerda que los católicos también son católicos en política
2. La vida, clave para distinguir entre legítima pluralidad y deber ético
3. El relativismo, amenaza para la democracia; según la Santa Sede
1. Nota vaticana recuerda que los católicos también son católicos en política
Afronta la relación entre democracia, laicidad, y ética
CIUDAD DEL VATICANO, 16 enero 2003 (ZENIT.org).- La Santa Sede publicó este jueves una «Nota doctrinal» en la que ilustra los principios fundamentales que deben orientar el compromiso de los políticos católicos, y afronta «algunos puntos críticos» del debate cultural y político actual.
El documento, redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 18 páginas, aprobado por el mismo Juan Pablo II, apoya decididamente la acción de los creyentes en la democracia, y al mismo tiempo les pide coherencia con sus convicciones.
Por este motivo la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política» plantea el desafío que en estos momentos constituye el «relativismo cultural» que aboga por el «pluralismo ético», es decir, por el rechazo de toda verdad absoluta, como «condición de posibilidad de la democracia».
Para el texto, firmado el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y por monseñor Tarcisio Bertone, hasta hace unas semanas secretario de la misma y nuevo arzobispo de Génova, esta concepción relativista del pluralismo «no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural».
Para el cristiano la vida democrática «tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”», aclara.
El respeto de la persona humana es, según la Nota vaticana, el «principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles».
Por este motivo, deja muy claro que los católicos no pueden colaborar nunca con aquellas leyes que atentan contra la persona.
Es el caso de las leyes civiles en materia de «aborto y eutanasia» («que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima»), de respeto del «embrión humano» y de la «familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio».
«A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal», aclara el texto.
Los legisladores católicos defenderán también «la libertad de los padres en la educación de sus hijos», «la tutela social de los menores», «la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud», incluida «la droga y la explotación de la prostitución».
El elenco de leyes que afectan a la persona menciona también «el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad».
Finalmente, los cristianos tendrán que comprometerse al servicio de «la paz», pero alerta ante una visión «ideológica» que «tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión».
El documento, por último, aclara el término «laicidad».
En este sentido, la Santa Sede explica que «la promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada qué ver con la “confesionalidad” o la intolerancia religiosa».
«Para la doctrina moral católica --subraya--, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica --nunca de la esfera moral--, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado».
En definitiva, el documento pide a los católicos que sean también católicos en política, constatando que «en circunstancias recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica, han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales».
«Tales opciones y posiciones, siendo contradictorias con los principios básicos de la conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u organizaciones que se definen católicas», aclara el documento.
Puede leer la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política» en http://www.almudi.org/app/asp/noticias/noticias.asp?n=215
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2. La vida, clave para distinguir entre legítima pluralidad y deber ético
El católico debe oponerse a toda ley que atente contra la vida
Si bien en la militancia política de un católico hay espacio a la pluralidad, en los temas que afectan al respeto de la persona y de la vida, el creyente sólo puede optar por los principios morales fundamentales, recuerda la Santa Sede.
La constatación aparece en la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política» publicada este jueves por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación de Juan Pablo II.
El documento reconoce que el político o el votante católicos en general pueden votar por una pluralidad de partidos, dado el «el carácter contingente de algunas opciones en materia social».
Esta apertura constata el que «a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo», o «la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política», así como la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos».
De este modo, reconoce, se dan generalmente «una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar --particularmente por la representación parlamentaria-- su derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País».
Ahora bien, esta constatación «no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia».
«La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona», aclara.
El respeto de la persona, subraya, es «un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles».
Por este motivo recuerda «que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana».
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3. El relativismo, amenaza para la democracia; según la Santa Sede
Prescinde de todo principio ético para alcanzar consenso
Para la Santa Sede el «relativismo cultural» --para el que no hay verdades absolutas sino sólo opiniones-- constituye una auténtica amenaza para las democracias actuales.
Lo advierte la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política», redactada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicada este jueves con la aprobación de Juan Pablo II.
El documento constata que hoy día se da «un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural».
«Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia», sigue constatando la Nota.
De este modo, aclara, los legisladores optan por formular «leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor».
Al mismo tiempo, los que abogan por el relativismo piden a los católicos y a quienes tienen otras convicciones «que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política».
«La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado», explica.
«Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común», indica el texto.
«La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado».
«No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas --y menos todavía soluciones únicas-- para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno --subraya--. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral».
«Si el cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales, también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”», afirma la Nota.
«La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona --concluye--. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática».
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