Ante la sensación popular de que la inmigración no está siendo controlada, diversos países europeos han revisado sus políticas de inmigración. Los cambios legales van en la línea de reforzar la lucha contra la inmigración ilegal; establecer contingentes de inmigrantes según las necesidades económicas del país; endurecer el derecho de asilo y el reagrupamiento familiar; y presionar a los recién llegados para que aprendan la lengua y la cultura del país de acogida. 26/6/2002.- Austria:...

Ante la sensación popular de que la inmigración no está siendo controlada, diversos países europeos han revisado sus políticas de inmigración. Los cambios legales van en la línea de reforzar la lucha contra la inmigración ilegal; establecer contingentes de inmigrantes según las necesidades económicas del país; endurecer el derecho de asilo y el reagrupamiento familiar; y presionar a los recién llegados para que aprendan la lengua y la cultura del país de acogida.

26/6/2002.-

Austria: aprenda alemán, si quiere quedarse

Viena. Austria, centro antaño de un imperio multinacional, va a dictar una nueva ley de extranjería que impone a los inmigrantes un “contrato de integración”, que les obliga a aprender la lengua. La propuesta de ley aprobada por el gobierno el 4 de junio establece que, para vivir y trabajar en Austria, los extranjeros que hayan entrado en el país a partir de 1998 deberán aprobar previamente unos cursos de alemán: al menos 100 horas, que deberá pagar el interesado, a diferencia de otros países (Alemania, donde son 300 horas, Holanda, donde son 600, o Suecia, donde son 525). Además, los trabajadores extranjeros deberán esperar 5 años para traer a sus familias a Austria, frente a los dos años hasta ahora. Quedan excluidos de estas normas los ciudadanos de la Unión Europea (UE) –que tienen derecho a la libre circulación–, los de otros países que han suscrito acuerdos particulares, así como los profesionales de alta cualificación que no vayan a pasar en Austria más de dos años. La medida, que tiene como fin evitar la entrada de “mano de obra barata”, ha sido criticada por la oposición de socialdemócratas y verdes.

Además de por esta ley, la inmigración viene regulada con una cuota anual que establece el gobierno, y que para 2002 es de 8.280 nuevos trabajadores. En cambio, aumenta la cifra de “inmigrantes cualificados”, que es de 2.400. El número de familiares de trabajadores extranjeros que adquieren permiso para residir en Austria es también regulado por el gobierno, y para 2002 se ha fijado en 5.490 personas. La cifra de trabajadores temporeros se ha reducido de 15.000 en 2001 a 8.000. Esto es consecuencia del aumento del número de parados en Austria, que superó los 200.000 en mayo pasado, un 20% más que un año antes.

Con todo, hay una diferencia esencial entre Austria y Alemania, y es que mientras ésta trata de atraer a “inmigrantes cualificados”, Austria se resiste a aceptar que de hecho “es” un país de inmigración: sobre 8,1 millones de habitantes, el 9,1% no tiene nacionalidad austriaca, y los extracomunitarios son el 7,7%. En Viena, los extranjeros son el 16% de la población. La cifra de extranjeros ha aumentado un 41% en los últimos 10 años. El 45% procede de países de la ex Yugoslavia, el 18% son turcos y el 15% ciudadanos de la UE (dos tercios de ellos, alemanes). Si, además, se contara el número de ciudadanos que no tienen el alemán como lengua materna (procedentes de la emigración desde los antiguos países del imperio Austro-Húngaro y desde Turquía en los últimos decenios), el mosaico que compone la sociedad austriaca quedaría aún más claro. Pero el gobierno democristiano-liberal no quiere ver nada positivo en la emigración, y pone su esperanza en relanzar la natalidad con el “Kindergeld” o subsidio mensual de 450 euros que pueden recibir los padres (siempre y cuando no sean extranjeros) durante 3 años por cada nuevo hijo…

En cuento a la inmigración ilegal, casi 49.000 extranjeros fueron detenidos en 2001 por entrar clandestinamente en Austria, procedentes en su mayoría de Rumania, Afganistán, Ucrania, Yugoslavia e Irak.

Santiago Mata.

Italia: entrada solo con contrato de trabajo

Roma. El Parlamento italiano ha aprobado una reforma de la ley que regula el ingreso de inmigrantes procedentes de países no pertenecientes a la UE. La novedad fundamental con respecto a la ley vigente es que limita la concesión del permiso de residencia (por dos años, renovable) a aquellos extranjeros que tienen ya contrato de trabajo. Con este fin, las embajadas y consulados italianos cubrirán algunas funciones de “oficina de empleo”. Al mismo tiempo, se endurecen las sanciones a los empresarios que contratan mano de obra extranjera sin permiso de residencia.

La nueva ley establece que cada año el primer ministro tendrá la facultad de fijar, mediante decretos, el cupo de inmigrantes que admite el país. Quedan sometidos a regulación especial los deportistas y el personal sanitario (del que hay déficit en Italia). Se facilita el ingreso de los hijos a cargo de quien tiene ya trabajo, así como de los padres, en caso de que superen los 65 años y no sean autosuficientes. También está previsto regularizar la situación de las empleadas domésticas (no más de una por familia) y de las personas que cuidan a ancianos y enfermos (es posible, según las circunstancias, contar con más de una por familia).

Aparte de las críticas motivadas por la lucha política, lo cierto es que la ley presenta algunos interrogantes. Por ejemplo, establece que quien se queda sin trabajo dispone de seis meses para encontrar otro; de lo contrario no se le renovará el permiso de residencia. Se trata de una medida que puede dar lugar a abusos y, en todo caso, es contraria a la tendencia –también patrocinada por el gobierno italiano de centro derecha– de fomentar la flexibilidad laboral ante la mentalidad de “puesto fijo vitalicio”.

En el telón de fondo de las motivaciones de la ley está la lucha contra la inmigración clandestina, las mafias que la alimentan y la criminalidad de la que está acompañada. Se trata de un problema ante el que la opinión pública está cada vez más sensibilizada y que ha sido una de las batallas electorales de la Liga Norte, uno de los partidos que integra la coalición de gobierno. El texto final de la ley ha sido fruto del acuerdo con los otros partidos, que defendían posturas menos radicales. La ley, de todas formas, establece la expulsión de los inmigrantes en situación irregular y la condena para los que vuelvan a entrar una vez expulsados.

Diego Contreras.

Alemania: bienvenidos los trabajadores cualificados

El presidente alemán Johannes Rau acaba de ratificar la nueva ley de inmigración, que vincula la entrada de trabajadores –sobre todo cualificados– a las necesidades de la economía, y trata de asimilar mejor a los ya están en el país. La ley estuvo frenada por la disputa sobre su mecanismo de aprobación, y se ha convertido en un tema de primera línea en el debate político cara a las elecciones parlamentarias del próximo 22 de septiembre.

En un país en el que viven 7,3 millones de extranjeros (9% de la población total), de los cuales las tres cuartas partes no son originarios de la UE, la novedad de esta ley es regular la inmigración con relación a las necesidades del mercado de trabajo. Aunque en Alemania hay casi cuatro millones de parados, los representantes de la industria dicen que son necesarios trabajadores extranjeros cualificados (ingenieros, informáticos, investigadores, etc.). Para estos, habrá facilidades y el permiso de residencia será ilimitado.

En el caso de otros trabajadores, el número y su cualificación serán determinados cada año según las necesidades de la economía. Los candidatos serán escogidos según un sistema de puntos, que valorará la edad, la cualificación, el conocimiento del idioma, la vinculación de su país de origen con Alemania, etc.

Le ley endurece las condiciones que permiten obtener el asilo, invocado por muchos peticionarios que buscan más mejorar su situación económica que huir de la persecución por sus ideas (en 2000 hubo 80.000 peticiones de asilo). También se reduce de 16 a 12 años la edad máxima de los hijos que pueden entrar en el país para reunirse con sus padres. Al mismo tiempo, presiona más a los inmigrantes para que aprendan alemán y la cultura del país.

Dinamarca será menos acogedora

La tradicionalmente acogedora Dinamarca lo será menos con la nueva ley de inmigración que entra en vigor el 1 de julio y que se fija en tres puntos esenciales: hace más difícil la reagrupación familiar, la obtención de la nacionalidad danesa y del estatus de refugiado político.

En este país de 5,5 millones de habitantes, hay bastante malestar con el aumento de refugiados políticos, y las medidas aprobadas prevén reservar este status a los refugiados que reúnan los requisitos previstos en las convenciones internacionales.

La reagrupación familiar solo se concederá a las personas que acrediten que pueden subvenir a las necesidades del recién llegado y dispongan de una vivienda suficiente. La ley fija en 24 años –también para los daneses– la edad mínima para el matrimonio con un extranjero que desee venir a instalarse en el país.

El plazo para obtener el permiso de residencia permanente se amplía de tres a siete años, y será preciso pasar un examen sobre la lengua, la historia y la cultura del reino.

Aceprensa