Los extremistas son una amenaza contra los derechos humanos básicos
Los extremistas son una amenaza contra los derechos humanos básicos y una de las causas reales de la pobreza endémica de 190 millones de personas.
El premio Nobel de la Paz concedido a la jovencísima paquistaní Malala Yousafzai y al indio Kailash Satyarthi ha sido valorado muy positivamente por quienes pugnan por la protección de los derechos humanos en Asia del Sur. Al contrario, causa estupor en el mundo civilizado la sentencia del tribunal superior de justicia del Estado de Lahore, en la India, que confirma la pena de muerte contra Asia Bibi.
Lógicamente, estos días se ha escrito mucho sobre Malala, también porque muestra la sinrazón de un fundamentalismo que se proyecta también contra los propios musulmanes. Los talibanes querrían perpetuar la ignorancia y la falta de formación de las mujeres, sin advertir que se condenan a sí mismos y a sus pueblos al subdesarrollo. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la educación de la mujer para contribuir al avance humano y social de tantos países atrasados.
Pero más grave aún es la negación de la libertad religiosa, amparada incluso por el ordenamiento jurídico penal. Es el caso de las conocidas leyes “antiblasfemia”, como las reglas establecidas en el código paquistaní: los artículos 295b y 295c castigan con cadena perpetua o pena de muerte el desprecio del Corán o del Profeta Mahoma. La Constitución de Pakistán resulta de las más liberales del mundo islámico. Pero es letra muerta, ante las leyes ordinarias y la actitud de las autoridades gubernativas.
Poco esperaban las minorías religiosa del vencedor de las elecciones celebradas en mayo de 2013, Nawaz Sharif, líder del partido ‘Pakistan Muslim League-Nawaz’. Pudo gobernar con el apoyo de algunos parlamentarios independientes. Pero en el pasado fue fundamentalista y conservador, y dio mucha cancha a los partidos musulmanes. Desde luego, no hay indicios contra la opresiva ley de la blasfemia, que los islamistas defienden con uñas y dientes, también con presiones populares.
Como mucho, algunos esperaban que los acusados tuvieran mayores garantías. Pero no ha sido así en el caso de Asia Bibi. El Tribunal de Lahore ha ido dilatando el proceso una y otra vez, desde que los abogados presentaron la apelación contra la sentencia que le condenó a muerte por supuesta blasfemia en grado máximo. La decisión se apoya en testimonios orales, a pesar de que la defensa ha demostrado la falsedad de las acusaciones. Uno de los abogados no ocultaba su amargura y decepción, ante la realidad de que la justicia penal está en manos de los extremistas. No pierden de todos modos la esperanza en el recurso final que presentarán ante el Tribunal Supremo de Pakistán. Sin duda, resulta ejemplar la firmeza de Asia Bibi en su fe cristiana, a pesar de la notoria injusticia que sufre desde 2010.
Tal vez en la capital del Estado se atempere el miedo a la presión de los radicales. Pero no se puede olvidar la muerte violenta en 2011 de dos políticos importantes que se pronunciaron a favor de la inocencia de Asia y en contra de la ley vigente: el musulmán Salman Taseer, gobernador de la provincia de Punjab, y el católico Shabaz Bhatti, entonces Ministro Federal para las Minorías. Tampoco, las acciones contra los cristianos en el propio Estado de Lahore, donde a mediados de marzo de 2013 se producía un auténtico raid, que redujo a pavesas las casas de una pobre comunidad.
Se repetía un triste fenómeno, basado en acusaciones de ultrajes a Mahoma, con una pasividad de las autoridades, que es de hecho connivencia. “El Gobierno y la policía son los responsables de la violencia contra los cristianos”, afirmó entonces en un enérgico comunicado la Comisión “Justicia y Paz” de los Obispos católicos de Pakistán. Porque, en la práctica, los cristianos viven bajo la constante amenaza de muerte. Pueden ser asesinados en cualquier momento. La policía, en vez de hacer cumplir la ley, acepta sobornos de los delincuentes.
Por aquella época había en las cárceles de Pakistán 16 personas en espera de ejecución por blasfemia; 20 reos estaban condenados a cadena perpetua, y otros seguían pendientes de juicio o de apelación contra la condena en primera instancia. “En el 95% de los casos, las acusaciones son falsas”, reconocía a la agencia Fides un abogado musulmán. Otro, católico, señalaba que “la ley es tan vaga que puede ser fácilmente instrumentalizada para ajustar cuentas personales. El abuso de esta ley asusta a las minorías religiosas, obligándoles a abandonar el país debido a que ya no se sienten seguros”. Los extremistas son una amenaza contra los derechos humanos básicos y una de las causas reales de la pobreza endémica de 190 millones de personas.
