El Alto Tribunal ha concluido que pueden existir indicios de violación del derecho de libertad religiosa recogido en nuestra Constitución

La Ciudadanía en los tribunales

La Gaceta de los Negocios (Editorial)

    El recurso interpuesto por cinco padres y madres ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sido admitido a trámite. El Alto Tribunal ha concluido que pueden existir indicios de violación del derecho de libertad religiosa recogido en nuestra Constitución. Si las noticias sobre enseñanza al comienzo del año académico no eran muy alentadoras, oscurecidas por la polémica de la Educación para la Ciudadanía, esta sí es una noticia positiva dado que anima a los padres a mantener la confianza en las instituciones, al menos en aquellas que todavía se preocupan de velar por las libertades constitucionales de los ciudadanos.

    Al margen de este trámite, y del éxito o no de la campaña a favor de la objeción de conciencia, se pueden subrayar dos aspectos importantes. El primero, la incapacidad de diálogo de un Gobierno que arrancó prometiendo máxima escucha a los ciudadanos y máximo protagonismo del debate en el parlamento. Y el segundo, la creciente movilización de la sociedad civil —muy especialmente de los padres de alumnos— en defensa de derechos fundamentales básicos que parecieron consolidarse en 1984 en Madrid.

    Tal vez sea ésta la faceta más prometedora, habida cuenta de la difícil batalla jurídica. Basta pensar en que la Fiscalía de Sevilla se oponía a tramitar un recurso por el procedimiento de urgencia, previsto para posibles violaciones de los derechos constitucionales básicos. No parece haber tenido en cuenta la praxis contraria vivida con normalidad en los últimos 30 años, quizá porque los tribunales contencioso-administrativos suelen fallar a favor de la libertad y en contra de las administraciones.

La libertad está en juego

Consuelo Sánchez Vicente, en La Gaceta de los Negocios

    La polémica social y política sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía no gira solo sobre el derecho de los padres y madres a elegir la religión que quieren que estudien sus hijos en la escuela, sino sobre todo el acerbo de valores culturales, morales y cívicos en los que desean que sean instruidos desde la infancia; pero cuando un asunto tan complejo llega a los tribunales, es natural que estos acoten el terreno de juego a lo que en justicia entiendan que es el bien superior a proteger.

    Y, según el primer Tribunal que ha admitido una denuncia contra la introducción obligatoria de esta asignatura en el curriculo escolar, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ese bien superior es el derecho fundamental a la libertad religiosa.

    Los cinco padres y madres sevillanos que han presentado esta denuncia no persiguen que se suprima Educación para la Ciudadanía sino algunos principios de naturaleza ética y moral del texto que “les ha tocado” en suerte (esto es casi una “rifa”), en los que no desean que sus hijos e hijas sean “adoctrinados” porque chocan con los que ellos les enseñan en casa. Están en su derecho. Y esta es la cuestión. Aunque, según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el conflicto no existe, y el Gobierno de la Nación amenaza incluso con cerrar los centros que no impartan Educación para la Ciudadanía, un alto tribunal, como es el TSJA, ha sacado del ámbito de la lucha partidaria y les ha dado por primera vez carta de naturaleza jurídica a las quejas de “los insumisos”, al considerar lo suficientemente fundada en derecho como para admitirla a trámite la denuncia de cinco de ellos, y —punto decisivo— tramitarla como una posible vulneración del derecho constitucional de los padres y madres españoles a decidir por sus hijos e hijas menores de edad qué ideario religioso se les inculca en la escuela, cuál no, e incluso que no se les inculque ninguno, sin que el Gobierno ni los demás poderes públicos puedan limitar, condicionar o “dirigir” en modo alguno ese derecho.

    La polémica que la exposición “Dioses, modos de empleo” está generando en Madrid también remite, en mi opinión, a la contención que los gobiernos sensatos deben observar —y el actual Gobierno no hace— en todo lo que afecta a las creencias religiosas de los ciudadanos.

    La sociedad española es cada vez más plural, y en una sociedad plural también las creencias lo son. El Gobierno está obligado por ley a respetarlas todas por igual salvo las que no respeten a su vez nuestra Constitución; cosa que, como es sabido, no hacen especialmente los “islamistas”. Pero con quien “la tiene tomada” el actual Gobierno “laico” es… con los católicos.

    A mí “Dioses, modos de empleo” me parece más bien zafia y ruin, especialmente con “los cristianos”, pero no es la libertad de expresión del artista ni el gusto, también libre, de “su público”, la piedra de este escándalo, sino un escrito firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a modo de presentación de la muestra en el que —otra vez más, no me pregunten cuántas van: yo ya he perdido la cuenta— un miembro de este Gobierno tan “paritario” no encuentra mejor forma de defender “La Alianza de Civilizaciones” de Zapatero (o sea, la moda del “burka”, vice De la Vega) que hacer suya la tesis de que todas las religiones monoteístas son “de naturaleza violenta”, pero, especialmente, “la cristiana”.

    No “especialmente el Islam”, o al menos el islamismo radical, los de Al Quaeda y demás “mártires”, no, que hay elecciones y ya sabemos —11-S, el metro de Londres, “nuestro 11-M”, en fin— como se las gasta Ben Laden. Teresa de Calcuta, que caramba: ¡esa sí que era “violenta”!