Discurso de Mons. Dominique Mamberti en la 66ª sesión de la Asamblea General de la ONU <br /><br />

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Ofrecemos a continuación el discurso que pronunció este martes monseñor Dominique Mamberti, secretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, en la 66ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

      Señor presidente:

      En nombre de la Santa Sede, tengo el placer de felicitarle por su elección a la Presidencia de la LXVI sesión de la Asamblea General de la ONU, y de asegurarle la plena y sincera colaboración de la Santa Sede. Mis felicitaciones se extienden también al Secretario General, S.E. Señor Ban Ki-moon, quien, durante este periodo de sesiones, el 1 de enero de 2012, comenzará su segundo mandato. Quisiera igualmente saludar cordialmente a la Delegación del Sudán del Sur, convertido en el 193º país miembro de la Organización el pasado julio.

      Señor presidente:

      Como cada año, el debate general ofrece la ocasión de compartir y de afrontar las principales cuestiones que preocupan a la humanidad en búsqueda de un futuro mejor para todos. Los desafíos planteados a la comunidad internacional son numerosos y difíciles. Con todo, ponen cada vez más a la luz la profunda interdependencia existente dentro de la “familia de las naciones”, que ve en la ONU un instrumento importante, a pesar de sus límites, en la identificación y la aplicación de las soluciones a los principales problemas internacionales. En este contexto, sin querer ser exhaustivo, mi Delegación quiere detenerse sobre los desafíos prioritarios, para que el concepto de “familia de las naciones” se concrete cada vez más.

      El primer desafío es de orden humanitario. Interpela a toda la comunidad internacional, o mejor, a la “familia de las naciones”, a cuidar de sus miembros más débiles. En ciertas partes del mundo, como en el Cuerno de África, estamos por desgracia en presencia de emergencias humanitarias graves y dramáticas que provocan el éxodo de millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, con un número elevado de víctimas de la sequía, del hambre y de la desnutrición. La Santa Sede desea renovar su llamamiento, muchas veces expresado por el Papa Benedicto XVI, a la comunidad internacional para amplificar y apoyar las políticas humanitarias en esas zonas e influir concretamente sobre las diferentes causas que acrecientan su vulnerabilidad.

      Estas urgencias humanitarias llevan a subrayar la necesidad de encontrar formas innovadoras para poner a la obra el principio de la responsabilidad de proteger, en cuyo fundamento se encuentra el reconocimiento de la unidad de la familia humana y la atención a la dignidad innata de cada hombre y de cada mujer. Como se sabe, este principio hace referencia a la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir en las situaciones en las cuales los Gobiernos ya no pueden por sí mismos o ya no quieren cumplir con el primer deber que les incumbe de proteger a sus poblaciones contra violaciones graves de los derechos humanos, así como ante las consecuencias de las crisis humanitarias. Si los Estados ya no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional debe intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales.

      Sin embargo, hay que recordar que existe el riesgo de que dicho principio pueda ser invocado en ciertas circunstancias como un motivo cómodo para utilizar la fuerza militar. Es bueno recordar que el mismo uso de la fuerza conforme a las reglas de las Naciones Unidas debería ser una solución limitada en el tiempo, una medida de verdadera urgencia que debería acompañarse y seguirse de un compromiso concreto de pacificación. En consecuencia, es necesario, para responder al desafío de la “responsabilidad de proteger”, que haya una búsqueda más profunda de los medios de prevenir y de gestionar los conflictos, explorando todas las vías diplomáticas posibles a través de la negociación y del diálogo constructivo y prestando atención y aliento a los más débiles signos de diálogo o de deseo de reconciliación por parte de las partes implicadas. La responsabilidad de proteger debe entenderse no solamente en términos de intervención militar, que deberían ser siempre el último recurso, sino, ante todo, como un imperativo para la comunidad internacional de estar unida ante las crisis y de crear las instancias para negociaciones correctas y sinceras, para apoyar la fuerza moral del derecho, para buscar el bien común y para incitar a los Gobiernos, a la sociedad civil y a la opinión pública a encontrar las causas y a ofrecer soluciones a las crisis de todo tipo, actuando en estrecha colaboración y solidaridad con las poblaciones afectadas y poniendo por encima de todo, la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos. Es por tanto importante que la responsabilidad de proteger, entendida en este sentido, sea el criterio y la motivación que subyazga en todo el trabajo de los Estados y de la Organización de las Naciones Unidas para restaurar la paz, la seguridad y los derechos del hombre. Por otro lado, la larga y generalmente exitosa historia de las operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y las iniciativas más recientes de construcción de la paz (peacebuilding) pueden ofrecer experiencias valiosas para concebir modelos de puesta en acto de la responsabilidad de proteger, en el pleno respeto del derecho internacional y de los intereses legítimos de todas las partes implicadas.

      Señor presidente:

      El respeto de la libertad religiosa es el camino fundamental para la construcción de la paz, el reconocimiento de la dignidad humana y la salvaguarda de los derechos del hombre. Este es el segundo desafío, sobre el que quisiera detenerme. Las situaciones en las que el derecho a la libertad religiosa es lesionado o negado a los creyentes de las diferentes religiones, son desgraciadamente numerosos; se observa, hay, un aumento de la intolerancia por motivos religiosos, y desgraciadamente se constata que los cristianos son actualmente el grupo religioso que sufre en mayor número persecuciones a causa de su fe. La falta de respeto de la libertad religiosa representa una amenaza para la seguridad y la paz e impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral. El peso particular de una religión determinada en una nación no debería jamás implicar que los ciudadanos pertenecientes a otras confesiones sean discriminados en la vida social o, peor aún se tolere la violencia contra ellos. A propósito de esto, es importante que un compromiso común de reconocer y de promover la libertad religiosa de cada persona y de cada comunidad sea favorecido por un diálogo interreligioso sincero, promovido y puesto en práctica por los representantes de las diferentes confesiones religiosas y apoyado por los Gobiernos y por las instancias internacionales. Renuevo a las autoridades y a los jefes religiosos el llamamiento preocupado de la Santa Sede, para que se adopten medidas eficaces para la protección de las minorías religiosas, allí donde están amenazadas, con el fin de que, por encima de todo, los creyentes de todas las confesiones puedan vivir en seguridad y seguir aportando su contribución a la sociedad de la que son miembros. Pensando en la situación de ciertos países, quisiera repetir, en particular, que los cristianos son ciudadanos con el mismo título que los demás, ligados a su patria y fieles a todos sus deberes nacionales. Es normal que puedan gozar de todos los derechos de ciudadanía, de la libertad de conciencia y de culto, de la libertad en el campo de la enseñanza y de la educación y en el uso de los medios de comunicación.

      Por otra parte, hay países en los que, aunque se concede gran importancia al pluralismo y a la tolerancia, paradójicamente, se tiende a considerar la religión como un factor extraño a la sociedad moderna o considerarlo como desestabilizador, buscando por diversos medios marginarla e impedirle toda influencia en la vida social. ¿Pero cómo puede negarse la contribución de las grandes religiones del mundo al desarrollo de la civilización? Como ha subrayado el Papa Benedicto XVI, la búsqueda sincera de Dios ha llevado a un mayor respeto de la dignidad del hombre. Por ejemplo, las comunidades cristianas, con sus patrimonios de valores y de principios, han contribuido fuertemente a la toma de conciencia de las personas y de los pueblos respecto a su propia identidad y dignidad, así como a la conquista de las instituciones del Estado de derecho y a la afirmación de los derechos del hombre y de sus correspondientes deberes. En esta perspectiva, es importante que los creyentes, hoy como ayer, se sientan libres de ofrecer su contribución a la promoción de un ordenamiento justo de las realidades humanes, no solamente mediante un compromiso responsable a nivel civil, económico y político, sino también mediante el testimonio de su caridad y de su fe.

      Un tercer desafío sobre el que la Santa Sede querría llamar a la atención a esta asamblea concierne la prolongación de la crisis económica y financiera mundial. Todos sabemos que un elemento fundamental de la crisis actual es el déficit ético en las estructuras económicas. La ética no es un elemento externo a la economía y la economía no tiene futuro si no tiene en cuenta el elemento moral: en otras palabras, la dimensión ética es fundamental para afrontar los problemas económicos. La economía no sólo funciona a través de una autorregulación del mercado y mucho menos a través de acuerdos que se limiten a conciliar los intereses de los más poderosos; tiene necesidad de una razón de ser ética para funcionar al servicio del hombre. La idea de producir recursos y bienes, es decir la economía, y de gestionarlos de una manera estratégica, es decir política, sin tratar de hacer el bien a través de las mismas acciones, es decir sin ética, se convierte en una ilusión ingenua o cínica, siempre fatal. De hecho, cada decisión económica tiene una consecuencia moral. La economía tiene necesidad de la ética para funcionar correctamente; no de una ética cualquiera, sino de una ética centrada en la persona y capaz de ofrecer perspectivas a las nuevas generaciones. Las actividades económicas y comerciales orientadas hacia el desarrollo deberían ser capaces de hacer disminuir efectivamente la pobreza y de aliviar los sufrimientos de los más desprotegidos. La Santa Sede alienta en este sentido el refuerzo de la ayuda pública al desarrollo, en conformidad con los compromisos asumidos en Gleneagles. Y mi delegación tiene la esperanza de que las discusiones sobre este tema, con motivo del próximo diálogo de alto nivel sobre la “Financiación del desarrollo”, traigan los resultados esperados. Por otra parte, la Santa Sede ha subrayado en varias ocasiones la importancia de una nueva y profunda reflexión sobre el sentido de la economía y sus objetivos, así como una revisión clarividente de la arquitectura financiera y comercial global para corregir los problemas de funcionamiento y las distorsiones. Esta revisión de las reglas económicas internacionales debe integrarse en el marco de la elaboración de un nuevo modelo global de desarrollo. En realidad, lo exige el estado de salud ecológico del planeta, y lo requiere sobre todo la crisis cultural y moral del hombre, cuyos síntomas son evidentes por doquier desde hace tiempo.

      Esta reflexión debe inspirar también las sesiones de trabajo de la Conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible (Río+20), del mes de junio próximo, con las convicción de que “el ser humano debe ser el centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible”, como lo afirma el primer principio de la Declaración de Río de 1992 sobre el ambiente y el desarrollo. El sentido de la responsabilidad y la salvaguarda del ambiente deberían ser orientadas por la conciencia de ser una “familia de naciones”. La idea de “familia” evoca inmediatamente algo más que relaciones simplemente funcionales o simples convergencias de intereses. Una familia es por su misma naturaleza una comunidad fundada en la interdependencia, en la confianza y ayuda mutua, en el respeto sincero. Su pleno desarrollo no se basa en la supremacía del más fuerte, sino en la atención al más débil y marginado, y su responsabilidad se amplía a las generaciones futuras. El respeto por el desarrollo nos debería hacer más atentos a las necesidades de los pueblos más desfavorecidos; debería crear una estrategia a favor de un desarrollo centrado en las personas, favoreciendo la solidaridad y la responsabilidad con todos, incluyendo las generaciones futuras.

      Esta estrategia debe beneficiarse de la Conferencia de la ONU para analizar el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), prevista en 2012. Un comercio de armas que no esté regulado ni sea transparente tiene importantes repercusiones negativas. Frena el desarrollo humano integral, aumenta los riesgos de conflictos, sobre todo internos, y de inestabilidad, y promueve una cultura de violencia y de impunidad, con frecuencia ligada a las actividades criminales, como el tráfico de droga, el tráfico de seres humanos y la piratería, que constituyen problemas internacionales cada vez más graves. Los resultados del actual proceso del TCA serán un test para medir la voluntad real de los estados de asumir su responsabilidad moral y jurídica en este campo. La comunidad internacional debe preocuparse por alcanzar un Tratado para el Comercio de Armas que sea efectivo y aplicable, consciente del gran número de personas que están afectadas por el comercio ilegal de armas y municiones, así como de sus sufrimientos. De hecho, el objetivo principal del Tratado no sólo debería ser la regulación del comercio de armas convencionales o convertirse en obstáculo del mercado negro, sino también y sobre todo debería tener por objetivo proteger la vida humana y edificar un mundo más respetuoso de la dignidad humana.

      Señor presidente:

      Su contribución a la edificación de un mundo más respetuoso de la dignidad humana demostrará la capacidad efectiva de la ONU para cumplir con su misión, que tiene por objetivo ayudar a la “familia de naciones” a perseguir objetivos comunes de paz, de seguridad, y de un desarrollo humano integral para todos.

      La preocupación de la Santa Sede se dirige también a los acontecimientos que tienen lugar en algunos países de África del Norte y de Oriente Medio. Quisiera renovar aquí el llamamiento del Santo Padre Benedicto XVI para que todos los ciudadanos, en particular los jóvenes, hagan todo lo posible para promover el bien común y para edificar sociedades en las que se venza la pobreza y en las que toda opción política se inspire en el respeto de la persona humana; sociedades en las que la paz y la concordia triunfarán sobre la división, el odio y la violencia.

      Una última observación concierne a la demanda de reconocimiento de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas, presentada aquí mismo el 23 de septiembre por el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, señor Mahmud Abas. La Santa Sede considera esta iniciativa en la perspectiva de los intentos de encontrar una solución definitiva, con el apoyo de la comunidad internacional, a la cuestión ya afrontada por la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha del 29 de noviembre de 1947. Este documento fundamental sienta la base jurídica para la existencia de dos Estados. Uno de ellos ya fue creado, mientras que el otro aún no ha sido aún constituido, a pesar de que han pasado casi sesenta y cuatro años. La Santa Sede está convencida de que, si uno quiere la paz, hay que saber adoptar decisiones valientes. Es necesario que los órganos competentes de las Naciones Unidas tomen una determinación que ayude a poner por obra de forma efectiva el objetivo final, es decir, la realización del derecho de los palestinos a tener su propio Estado independiente y soberano, y el derecho de los israelíes a la seguridad, estando ambos Estados provistos de fronteras reconocidas internacionalmente.

      La respuesta de las Naciones Unidas, sea la que sea, no constituirá una solución completa, y sólo se logrará una paz duradera mediante negociaciones de buena fe entre israelíes y palestinos evitando acciones o condiciones que contradigan las declaraciones de buena voluntad. La Santa Sede, en consecuencia, exhorta a las partes a retomar las negociaciones con determinación y hace un apremiante llamamiento a la comunidad internacional para que aumente su compromiso y estimule su creatividad y sus iniciativas, para que se llegue a una paz duradera, en el respeto de los derechos de los israelíes y de los palestinos.

      Gracias, Señor presidente.

Monseñor Dominique Mamberti, secretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados

[Traducción del original francés realizada por Inma Álvarez y Jesús Colina]

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