Los padres, sacrificando sus "derechos" o "intereses", traen hijos al mundo y los educan como ciudadanos honrados
ForumLibertas.com
A continuación reproducimos, por su interés, el texto íntegro escrito por Jesús-María Silva Sánchez y publicado en La Vanguardia el martes, 27 de octubre.
La indiferencia legal del Gobierno supone una trivialización del acto de abortar durante tres 
meses aproximadamente los primeros de la gestación la vida de todos le resulta indiferente al Gobierno. Este pretende que las leyes se inhiban al respecto. En consecuencia, se trata de que no haya, durante ese periodo, ningún incentivo legal para la continuación de la gestación.
En cambio, se nos ofrece un cúmulo de incentivos retóricos para la práctica del aborto. Un primer ejemplo: Se afirma la existencia de un "derecho al aborto" durante esos tres meses. Lo que resulta insostenible, pues los derechos se confieren para ser ejercidos por todos y hasta su límite. Ahora bien: ¿desde cuándo puede constituir un derecho subjetivo algo cuyo ejercicio general resulta directamente impensable?
Un segundo ejemplo: Se pretende redefinir el aborto como puro acto médico. La gestación durante esos tres meses se presenta como una posible enfermedad. De modo que el aborto aparece, en el imaginario gubernamental, como una prestación sanitaria de restitución de la dañada "salud reproductiva" o "salud sexual" de la mujer.
Un último ejemplo: En virtud de la retórica de la autonomía, se procura el aislamiento de las menores con respecto a sus padres. Precisamente, las únicas personas que, por su cariño incondicional, pueden realmente ayudarlas a seguir adelante con los primeros meses de la gestación.
La indiferencia gubernamental se traduce en la trivialización del acto de abortar. Este, despojado de toda su real trascendencia personal y social, pasaría a tener menos relevancia legal que el acto de arrojar un desperdicio fuera de los contenedores de basura.
En vano se buscará en el discurso del Gobierno una reflexión sobre el mal enorme y evidente la producción de la muerte de un ser humano que tiene lugar en todo aborto. Y eso pese a que la vida del aún no nacido es, según clara doctrina de nuestro más Alto Tribunal, un bien jurídico del máximo rango vinculado al derecho fundamental del artículo 15 de la Constitución (¡todos tienen derecho a la vida!).
La consecuencia práctica de la indiferencia legal que postula el Gobierno es que la decisión de proseguir la gestación queda remitida a la virtud individual. En otras palabras, que el Estado renuncia a las leyes como medio de evitar que las gestaciones (incluso todas) finalicen antes del tercer mes.
Si no se aborta durante esos tres meses, ello se deberá a la virtud de mujeres que, renunciando a su "derecho", sin ayudas estatales dignas de tal nombre y con el apoyo, en su caso, de entidades a las que se reducen con mezquindad las subvenciones, prosiguen con la gestación contra viento y marea.
Virtud: olvidada palabra. En realidad, ya sabíamos que nuestras madres y nuestros padres fueron y son virtuosos. De hecho, cada vez es más palpable que importantes fines sociales (la subsistencia del sistema público de pensiones, sin ir más lejos) dependen sobre todo de la virtud de padres que, sacrificando sus "derechos" o "intereses", traen hijos al mundo y los educan como ciudadanos honrados.
Sabíamos, repito, que nuestros padres fueron y son calladamente virtuosos. Pero ¡qué elocuente resulta su virtud en medio del griterío vacío de supuestos "derechos" que auspician el Gobierno y sus adláteres!
Jesús-María Silva Sánchez. Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra
