La Razón, martes 18 de enero de 2005   Ep-Madrid. La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy un informe radicalmente contrario al proyecto del Gobierno que regula el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.     El dictamen llega a decir que «llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal...

La Razón, martes 18 de enero de 2005

 

Ep-Madrid.

La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy un informe radicalmente contrario al proyecto del Gobierno que regula el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

    El dictamen llega a decir que «llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal».

    El texto fue aprobado por 3 votos a favor, de los vocales Adolfo Prego, Javier Laorden y José Luis Requero, todos ellos adscritos a la denominada mayoría conservadora; y con el voto contrario del progresista Luis Aguiar, que calificó de «farisaico» oponerse a la nueva regulación. El dictamen deberá ser refrendado el próximo día 26 por el Pleno de la institución.     El informe, redactado por el vocal José Luis Requero, señala que el proyecto «desnaturaliza» la institución del matrimonio, «intrínseca a las parejas heterosexuales». Añade que «la ley puede y debe fijar la forma del matrimonio», los derechos de los cónyuges, las causas de separación y la edad, «pero no puede alterar el concepto mismo de la institución».

    Además, para el CGPJ, abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo «ofrece serias y muy fundadas dudas sobre la constitucionalidad». En línea con las recomendaciones del Consejo de Estado, mantiene que el artículo 32 de la Constitución, cuando habla de este asunto, «se refiere a la unión entre un hombre y una mujer, y por ello dice que tienen derecho a contraer matrimonio». El CGPJ considera que la reforma se funda sobre «bases movedizas» como la conciencia o la demanda social, o «en un mal entendido sentido de la dignidad de la persona o la igualdad».

    En declaraciones a los periodistas, Requero destacó que, con la regulación del matrimonio gay, el Estado se queda sin argumentos para oponerse al matrimonio poligámico si es exigido por los musulmanes, que recordó que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, son más en número en España que los homosexuales.

    El vocal defendió que su informe no responde a criterios ideológicos sino únicamente a razonamientos de tipo jurídico. Estima que si el modelo de matrimonio sólo debe basarse en la existencia de cariño, son perfectamente factibles los matrimonios entre hermanos o el poligámico. Insistió en que una unión entre homosexuales puede ser otra cosa, pero no un matrimonio.

   Además, el CGPJ señala que el matrimonio homosexual «no cumpliría una función de interés social en orden a garantizar la subsistencia de la sociedad, pues se trata de uniones estériles, incapaces de reproducirse». Del mismo modo, este órgano rechaza la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten menores.

    De hecho, admite que aunque se regule el matrimonio homosexual se debe excluir la adopción «hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y hasta que la sociedad protagonice un ‘debate profundo’ sobre la materia». Por todo ello, el CGPJ invita a los legisladores a diseñar otras figuras jurídicas «que se ajusten a una regulación de la convivencia libre, basada en la unión por un tiempo indefinido, sujeta a libre ruptura por causas legalmente previstas y con determinados efectos jurídicos».

    En este sentido, sugiere la figura de un contrato o pacto de convivencia y las uniones de hecho. Sobre esta última figura jurídica, recomienda impulsar una normativa básica en materia de uniones de hecho ante la dispersión que existe entre las distintas comunidades autónomas, que fije unos criterios unitarios.

    Por su parte, el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar defendió en primer lugar que el Consejo no tenía competencias para realizar este informe, ya que el Gobierno no se lo pidió. Añadió que el proyecto es plenamente constitucional, y que lo único que hace es ampliar el derecho a casarse a un colectivo marginado y perseguido hasta épocas muy recientes.

    Para Aguiar, la mentalidad de la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y el matrimonio debe basarse en el afecto, la lealtad y la fidelidad, pero no en que una a un hombre y una mujer, aunque históricamente haya sido así. Lo contrario, opina el vocal, es «farisaico» y supondría «rasgarse las vestiduras» ante una figura ya aprobada en países como Bélgica, Holanda, Canadá y algunos estados de Estados Unidos.

    Respecto a la adopción por parte de matrimonios gays, Aguiar piensa que es un falso debate ya que, actualmente, no hay impedimento legal a que un homosexual adopte, puesto que no se puede indagar en las tendencias sexuales de los peticionarios.

     En cuanto al destino del informe, ya que no fue solicitado por el Gobierno, Requero dijo que será la comunidad jurídica, los jueces y magistrados, los grupos parlamentarios y los que deseen consultarlo.

    El portavoz del CGPJ, Enrique López, defendió también la potestad del Consejo para elaborar este dictamen.