Más de 31.000 millones de euros; unos 51,9 billones, con b, de pesetas. Semejante cifra no es el premio de lotería más grande del mundo ni el presupuesto de Defensa de EE UU. Es la cifra que tendría que costear el Estado español para sustituir la labor social que realiza la Iglesia. Levantar sus colegios y hospitales, atender a los enfermos, ancianos, marginados, niños e indigentes, mantener las instalaciones... toda una red de actuaciones que se sostiene gracias a la esmerada y silenciosa labor de los católicos. Nada que ver con la «sobrefinancia-ción» que comentó el ministro de Trabajo.
Desde que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, planteó la posible «sobrefinanciación» a la Iglesia católica, el debate sobre la contribución económica del Estado a la institución eclesial ha sido incesante. Cargos políticos, medios de comunicación, representantes católicos... todos han aportado su visión al respecto. Sin embargo, han sido pocos quienes han ofrecido la visión contraria: lo que la Iglesia católica, a través de sus distintas acciones sociales, aporta al Estado español.
LA RAZÓN ha elaborado una tabla de gastos e ingresos en la relación Iglesia-Estado y el resultado es demoledor: más de 31.186 millones de euros (cerca de 5,19 billones, con b, de pesetas). Esta escandalosa cifra es lo que le costaría a la Administración Pública toda la labor de la Iglesia en el hipotético caso de que ésta desapareciese o dejara de hacerse cargo de sus colegios, hospitales, ambulatorios, dispensarios, organizaciones no gubernamentales...
La labor es tan amplia y los datos tan cuantiosos que resultan más comprensibles analizándolos en los tres grupos mayoritarios de acción –enseñanza, sanidad y obra social– y partiendo de este supuesto: ¿qué le costaría al pueblo español mantener con sus impuestos las actividades de la Iglesia y construir y sostener los centros desde donde las realiza?
Tradicionalmente la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en la enseñanza. Algo lógico, puesto que antes de que el Estado financiase la Educación (y la Sanidad, y la obra social...), ella ya tenía escuelas. Tal y como señala el semanario Época en su último número, las distintas congregaciones religiosas mantienen en activo 5.141 centros entre guarderías, centros de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, en cuyas aulas se sientan 990.774 alumnos dispuestos a compaginar las matemáticas y la literatura con el aprendizaje de los valores cristianos.
Según la estimación del ex Secretario de Estado de Universidades, Álvaro Marchesi, el coste medio por alumno es de 2.989 euros. Así, la Iglesia se gasta en sus alumnos unos 2.962 millones de euros, pero con la ayuda de 1.783 millones que aporta el Estado, la cifra se reduce a 1.178. A esto hay que añadir que si, según fuentes consultadas por este periódico, construir un colegio público cuesta alrededor de 3 millones de euros, el Estado debería invertir 15.423 millones para ofrecer el mismo servicio que hace la Iglesia –algo menos que el presupuesto de 2004 para los ministerios de Defensa, Interior y Fomento–.
El economista y colaborador de LA RAZÓN José Barea afirma que «si la Iglesia no prestase sus servicios, tendrían que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los contribuyentes». La obra sanitaria de la Iglesia no es menos esmerada. Sus 107 hospitales, 128 ambulatorios y dispensarios, 876 centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y minusválidos, atienden a 387.356 personas al año. Para ello cuenta con 51.312 camas que le cuestan 270 euros al día. O lo que es lo mismo, 5.056 millones de euros al año.
Además, teniendo en cuenta que construir un hospital cuesta del orden de 50 millones de euros, y el resto de los centro unos 4 millones, el Estado deja de hacerse cargo de 5.350 millones en hospitales y de 4.016 en otros centros. La obra social de la Iglesia es muy amplia. Según datos del año 2000, sólo con las aportaciones monetarias de Caritas (155 millones, de los cuales 47 corría a cargo del gasto público), Manos Unidas (43 millones en 2003, con una ayuda estatal de 9 millones) y Obras Misionales Pontificias, (21 en 2000), el Estado tendría que haber aportado 163 millones. Además, financia el 80 por ciento del patrimonio histórico y artístico de España. Así las cosas, no parece demasiado sensato decir que el Estado mantiene a la Iglesia católica.
