Mientras en otros países los masones aparecen como tales en la prensa, en nuestro país practican una discreta "ley del silencio" al tiempo que actúan con celeridad.
La masonería en España siempre ha estado viva, pero en algunos momentos se ha adueñado de la vida política. Ahora, tras los atentados del 11-M, ha encontrado su mejor oportunidad en toda la historia para poner en práctica sus objetivos, entre los que figura en primer lugar eliminar todo rastro de Dios en la vida humana, como requisito para controlar todo el poder económico y político de un mundo fácilmente manejable por el bienestar material y la autocomplacencia en el progreso puramente técnico.
Aliados no les faltan en estos momentos, entre empresarios sin escrúpulos y un materialismo nihilista que se ha extendido no sin intención. Hay diversos tipos de masonería en el mundo, pero la española está vinculada a la masonería francesa, y es especialmente radical en cuestiones morales.
Por experiencias del pasado en España, la masonería es consciente de que tiene connotaciones negativas, que repele o asusta a la mayoría, por lo que ha decidido una particular “ley del silencio” consistente en que casi nadie hable de las vinculaciones o actuaciones de los masones. Y sólo de palabra he escuchado nombres, decisiones o planes de nuestros compatriotas masones en estas semanas. En otros países, los masones no tienen inconveniente en aparecer como tales, en los ámbitos profesionales, sociales o incluso mediáticos.
Los masones saben que tienen ante sí un país asustado por el terrorismo, que digiere el dolor con complejos, y que ahora carece de fuerzas para oponerse al radicalismo de izquierdas. Todo ello – son conscientes- deben hacerlo con celeridad, y de hecho lo está haciendo el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En lugar de un Presidente dialogante y partidario del consenso, con aires de “osito de peluche”, “nos ha salido un Bamby fiero” , como dijo Alfonso Guerra.
En el actual gobierno socialista, tres son las personas que dan la cara en esta ofensiva: la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Justicia y, probablemente el más decisivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que desde su puesto de portavoz del PSOE en el Congreso mueve muchos más hilos de los que parece, y articula las decisiones y los tiempos.
¿Qué consenso hay en la enseñanza de la religión, cuando la piden para sus hijos el 75% de los padres, y el Gobierno ha orquestado una campaña para eliminar la enseñanza de toda religión en las escuelas? El ariete de este objetivo – y de otros- ha sido el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El ministro de Justicia se ha entrevistado en los representantes católicos, musulmanes, protestantes y judíos en nuestro país, diciendo que desea el pluralismo religioso en las aulas. Lo deseamos todos, pero él no. Al acabar esa ronda de entrevistas, la CEAPA –organización de padres de alumnos dependiente de los socialistas- expuso que, si se financiaba la enseñanza musulmana en las aulas, habría violencia y tensión en las aulas, y por tanto era preferible una escuela laica ( tendría que haber dicho laicista), de modo que no se enseñara ninguna religión. Maniobra orquestada para que parezca que es la sociedad quien pide eliminar la enseñanza religiosa.
La ofensiva homosexual es antológica. Para sorpresa de la mayoría, se pretende poner de moda la homosexualidad como signo de libertad y autenticidad, arremetiendo contra el matrimonio. Se ha dictado la prioridad: es el momento de dinamitar el matrimonio, la familia, que es el epicentro de nuestra cultura cristiana.
Tan virulenta resulta esta vorágine de inspiración masónica que, en un rasgo de “condescendencia”, el ministro de Justicia ha dicho que la aprobación del aborto libre se retrasa, para que haya un amplio debate y porque reconoce que no es un asunto prioritario. Es evidente que la disminución de la confianza empresarial, la crisis del turismo, el encarecimiento del petróleo y del más que previsible aumento de precios dependientes, unido todo ello al multiforme terrorismo internacional, obliga a los socialistas a rectificar en algunos asuntos, porque con estos parámetros sería excesivamente visible y sectario empecinarse en un aborto libre, que nadie prácticamente reclama, a la vez que se plantean nuevos modos de financiar una Seguridad Social enferma.
Pero, curiosamente, el “nonnato” debate sobre el aborto ya tiene un dictamen final, que El País se apresura a establecer (editorial del 11 de agosto): es necesario el aborto libre, “porque las mujeres tienen derecho a tomar la decisión por ellas mismas” y “porque en este país se ha echado sobre el aborto un manto de silencio durante todo el período de gobierno del Partido Popular”. Pero el aborto libre no es una petición de la mayoría, sino de una minoría que pondrá todos los medios en aprobarlo.
Los masones de 2004 actúan con las claves culturales de la sociedad de la información. Siguiendo las páginas de El País, un lector con elevada formación, experto en los medios de información y alta dosis de sentido crítico, puede continuar descubriendo las maniobras, campañas de opinión pública o sucesivas decisiones que unos pocos, en la sombra, adoptan ante la pasividad de unos ciudadanos narcotizados, anestesiados. Esperemos que nuestra sociedad salga ya del letargo y no permita tal destrucción premeditada, que se había reservado para un momento histórico propicio.
No estoy hablando de una película. La opinión de un periodista vale lo que valen sus fuentes de información y su capacidad de interpretación, y eso es lo que ofrezco. Nada hay de pretender ver “manos negras” tras las cortinas. Cuadran con bastante exactitud las piezas del “puzzle”.
Han apretado el acelerador, y por ahora nadie les frena. Por mi parte, con estas líneas, pretendo contribuir a que, con la mayoría de los españoles, abandonemos el absentismo y los complejos. Son decisivos estos meses próximos; luego, no nos lamentemos
Javier Arnal. Artículo publicado en www.forumlibertas.com. Las opiniones que aquí se expresan son del autor.
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