1. ¿Por qué la ley que
modifica la de Reproducción Asistida de 1988 no debería de ser aprobada? ¿Es
peor la reforma que la anterior ley?
Antes de contestar a su pregunta quiero hacer una puntualización que
me parece importante para este debate.
El Gobierno presentó a finales de julio un proyecto de ley para
modificar la de 1988 sobre Reproducción Asistida. En dicho proyecto, se puede
decir de forma muy resumida, que existían aspectos, positivos y negativos.
Positivos: se limitaban a tres el número de óvulos que se podían fecundar en
cada ciclo de estimulación y también a tres los que se podían implantar una
vez fecundados. Esto era positivo pues prácticamente se eliminaba la
posibilidad de tener que almacenar embriones sobrantes, con lo que se habría
dado solución al importante problema de los embriones congelados. Sin embargo,
se establecían excepciones que deberían ser reguladas en una disposición
posterior. También era positivo que se prohibía cualquier tipo de clonación,
tanto reproductiva como terapéutica. Era negativo que se permitiera, aunque de
una forma controlada, la utilización de los embriones actualmente congelados
para experimentaciones biomédicas, circunstancia hasta ahora prohibida en
nuestro país.
Esta redacción del proyecto de ley suscitó la nota de 25 de julio del
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, que resaltaba los
aspectos positivos y negativos que anteriormente le he comentado y añadía un
juicio moral sobre la posibilidad de utilizar embriones muertos para investigación.
Esto lo comentaré más adelante.
Sin embargo, posteriormente, presumiblemente por presiones de la Comisión
Nacional de Reproducción Asistida, este proyecto de ley fue modificado, en términos
no muy amplios, pero sustanciales. Esencialmente lo que cambiaba era que se
ampliaban los casos excepcionales para permitir la fecundación e implantación
de más de tres embriones y se reducían las cortapisas para utilizar embriones
congelados para investigaciones biomédicas. En efecto, este nuevo proyecto de
ley estipulaba que se podrían fecundar e implantar más de tres embriones,
siempre que "existiera alguna patología de base en los progenitores",
es decir prácticamente siempre que quisieran los responsables médicos del
caso. Este fue el proyecto de ley que
se llevó al Congreso de Diputados y el que fue aprobado. Es decir, un proyecto
que prácticamente no resolvía el problema de los embriones congelados, pues
sin duda se seguirían acumulando y que abría la puerta a la utilización de
los actuales embriones congelados sobrantes de fecundación in vitro para
investigaciones biomédicas. Por ello, este nuevo proyecto de ley no mejora,
desde un punto de vista ético, la ley de Reproducción Asistida de 1988, sino
que la empeora.
Sobre este segundo proyecto, que es el válido, que yo sepa, el Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española no ha emitido ningún juicio
sobre su idoneidad moral.
Por tanto, y contestando directamente a su primera pregunta, creo que
este proyecto de ley por razones éticas, no
debería haber sido aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los
votos de la gran mayoría de los parlamentarios populares.
2. Usted sugiere en su artículo que la nota de julio emitida por la
Conferencia Episcopal Española sobre la posibilidad de investigar con embriones
muertos tras el proceso de descongelación debería matizarse ¿puede explicar
esto?
Ciertamente, como afirma la nota de la Conferencia Episcopal de 25 de
julio, no existe ningún inconveniente ético para utilizar restos celulares de
embriones muertos para investigación. El problema estriba en si estos restos
son útiles o no para la experimentación biomédica. De forma absoluta es difícil
de afirmarlo, pues depende de los fines de esas investigaciones y de otras
circunstancias. Sin embargo, quiero matizar algo. Como ya he comentado
ampliamente en publicaciones anteriores, la gran mayoría de los embriones
sobrantes de fecundación in vitro se congelan cuando tienen menos de 16 células.
Estos embriones tempranos no son adecuados para la obtención de células
madres, por lo que, y dicho muy resumidamente, una vez descongelados hay que
cultivarlos para que se desarrollen hasta la fase de blastocisto, embrión de 60
a 100 células, para en ese momento destruirlos y obtener las células madre útiles
para la investigación. Es decir, en estas circunstancias, siempre se destruye
una vida humana.
Si los embriones se congelaron en fase de blastocisto, cosa poco
frecuente, se podrían utilizar sus células de inmediato, pero primero,
siguiendo el criterio de los obispos, habría que certificar que estos
embriones, tras la descongelación, estaban muertos. A ésto hay que hacer tres
consideraciones: a) no es fácil determinar cuando un embrión esta muerto, si
no se cultiva y se comprueba que no evoluciona; b) al descongelarlo la obligación
moral es proveer a esos embriones de los medios de cultivo necesarios para
garantizar su supervivencia, pudiéndose utilizar solamente los que no
sobrevivan; c) y, creo que ésta es la razón fundamental, estimo que no existirá
ningún científico que se arriesgue a iniciar costosas y difíciles
investigaciones utilizando restos biológicos de embriones muertos, cuando ahora
puede utilizar embriones vivos, obtenidos de líneas celulares comercializadas y
cuando, la nueva ley sea aprobada
también podrá hacerlo a partir de los embriones que hayan sobrevivido después
de la descongelación.
El que en la mente del legislador subyace la idea de que lo que hay que
utilizar son los embriones vivos y de buena calidad queda avalado porque en la
nueva ley se crea un único Centro Nacional para regular estos procesos y
especialmente para garantizar la
calidad de las técnicas de descongelación, a fin de tener la certeza de
obtener un material biológico (embriones humanos) adecuado para las
investigaciones que se pretenden realizar.
Otra circunstancia que también apoya que lo que se pretende es
utilizar a estos embriones para la investigación es que en la nueva ley al
embrión preimplantado o embrión temprano se le denomina siempre preembrión.
Sin duda alguna para desproveerlo de su carácter de ser humano vivo y así
poder manipularlo sin ninguna traba ética. Para apoyar la indudable
intencionalidad de los legisladores al utilizar esta denominación, bastaría
recordar que en el año 2002, en la literatura científica especializada el término
preembrión solamente aparece en 13 ocasiones y en cambio los términos de embrión
temprano o preimplantado aparece más de
700 veces. Esto claramente indica que el término preembrión, biológicamente
hablando, es un término obsoleto, por lo que su inclusión en el proyecto de
ley que se propone no parece que este justificado, si no es por las razones éticas
anteriormente comentadas. Esta hipótesis queda reforzada por el hecho de que el
término preembrión no aparece ni una sola vez, tanto el informe de la Comisión
Etica asesora del Gobierno sobre asuntos de Ciencia y Tecnología de febrero,
como en el informe de la Comisión Europea de abril, ambos de 2003,
sobre este mismo tema, comisiones ambas con una amplia y profunda formación
científica y ética.
3. Usted sugiere también
que la publicación de esa Nota episcopal podría haber influido en que muchos
parlamentarios populares no se hayan planteado un voto contrario a la ley. ¿Podría
explicarlo?
Quiero pensar que la publicación de la nota del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal de 25 de julio, pudo influir en la decisión de voto de
algunos parlamentarios; pero, sin duda, era obligación suya saber, sino lo sabían,
que el proyecto de ley que iban a aprobar no era el comentado en la nota
episcopal, si no otro modificado. Por ello, estimo más bien que votaron
afirmativamente por disciplina de partido, excepto las honrosas excepciones que
hubo, al no tener el coraje moral para anteponer su criterio personal al
criterio político que predominó en esta votación.
4. ¿Cree usted que la
opinión pública no está suficientemente informada sobre las implicaciones éticas
reales que tiene la nueva ley?
Sin duda, no es fácil que, cuando al parecer personas tan cualificadas
como los parlamentarios populares, no calibraron bien la transcendencia moral de
esta ley, que va abrir en España la posibilidad de utilizar, destruyéndolos,
embriones humanos para experimentación, y que no va a resolver el problema de
los embriones congelados, personas menos preparadas que ellos no se hayan
percatado de la valoración moral negativa que esta ley merece. Por ésto,
estimo que es muy importante que los medios de comunicación, como ustedes están
haciendo, trasmitan a la opinión pública la realidad del proyecto de ley que
estamos comentando.
5. La ley, que fue aprobada
a mitad de octubre en el Congreso, pasa ahora al Senado. ¿Cree usted que quedan
opciones y cuáles serían para impedir que se apruebe tal y como está?
Sería aleccionador que en el Senado primara la conciencia moral
individual a la disciplina de partido, pero me temo que,
salvo honrosas excepciones, como así lo ha manifestado ya el portavoz
adjunto del Grupo Popular en esa Cámara, D. José Iribas Sánchez de Boada,
predomine en la votación la opinión del Gobierno. Por ello, la última opción
para que este ley no sea aprobada en su vuelta al Congreso de los Diputados es
que la voz de los ciudadanos se alce contra un proyecto de ley que va a permitir
terminar en nuestro país con un gran número de vidas humanas, precisamente las
más débiles e inocentes.
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