La guía de la FERE para adaptar los contenidos de Educación para la Ciudadanía a las ideas de los colegios católicos no convence a la Iglesia Española, que se ha desmarcado rápidamente de la iniciativa

La Conferencia Episcopal difundió este fin de semana un comunicado escueto en el que deja claro que no comparte la doctrina de la FERE de que es posible adaptar Educación para la Ciudadanía al ideario de los centros católicos.

Si la asignatura es tan flexible que puede convertirse en lo que los centros quieran, ¿cuál es su contenido válido y verdadero? Por otro lado, si los colegios religiosos asumen que el programa de la asignatura necesita ser adaptado al ideario de las familias católicas, ¿qué ocurre con los alumnos católicos de las escuelas públicas? ¿Cómo se protege su derecho a la libertad de conciencia? ¿Quién adapta la asignatura para ellos?.

Éstas y otras preguntas vienen denunciando críticamente la debilidad moral de la posición de la FERE ante Educación para la Ciudadanía. La patronal de colegios religiosos insiste en que la asignatura es compatible con el ideario católico, siempre que se practiquen en ellas determinados retoques; de ahí, la edición de una guía para que los colegios asociados sepan cómo adaptarla al ideario cristiano de las familias que envían a sus hijos a estudiar en esos centros.

La primera y más significativa respuesta a esta iniciativa de la FERE ha llegado de la propia Iglesia Católica. La Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal subrayó el pasado sábado que "no ha refrendado ni aprobado" la guía de la FERE.

La Comisión de los Obispos españoles emitió un comunicado escueto y directo en el que recuerda que "se atiene a los criterios establecidos en las declaraciones de la Comisión Permanente del Episcopado de 28 de febrero y de 20 de junio de 2007".

Es decir, la Iglesia sigue oponiéndose a la asignatura de adoctrinamiento por una cuestión de principios y de compromiso con la libertad que es incompatible con experimentos de adaptación o apaños como el de la FERE.

No ha sido la única respuesta a la Guía de asimilación de EpC. María Rosa de la Cierva, consejera del Consejo Escolar del Estado, la ha calificado de "deficiente", durante el IX Congreso de Católicos y Vida Pública, celebrado este fin de semana en Madrid bajo el lema “Dios en la vida pública. La propuesta cristiana”.

De la Cierva explicó que la Guía, dirigida a los profesores, "siembra la confusión" y, además, "no cuenta" con el visto bueno de la Conferencia Episcopal Española.

La experta pronosticó que las Comunidades Autónomas no aceptarán el pacto de no agresión suscrito entre el Ministerio y la FERE. Gobiernos nacionalistas y socialistas en las regiones no van a aceptar que "algunos temas, como la formación en educación sexual, sean impartidos a los alumnos de acuerdo al pensamiento de la Iglesia Católica. Van a chocar", adelantó.

En Cataluña, la respuesta a la Guía de la FERE ha llegado por medio de la asociación E-Cristians y de la Convención Cristianos por Europa. Joseph Miró i Ardevol aseguró este fin de semana que el documento de la FERE es "un proyecto construido sobre una base muy débil".

Ardevol recordó que la Guía se basa en "una palabra dada" por el Ministerio de Educación y "no en un fundamento jurídico".

"Es un compromiso verbal del ministerio de que los colegios concertados podrán adecuar a su ideario el programa de la asignatura pero esto no figura en ninguno de los reales decretos del Gobierno central ni de las administraciones autonómicas", advirtió.

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Manifiesto propuesto por la Universidad San Pablo-CEU sobre la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La asignatura Educación para la Ciudadanía implantada por el Gobierno es moral, intelectual y políticamente inadmisible porque supone el adoctrinamiento obligatorio para los niños y adolescentes españoles en una ideología particular gravemente lesiva para la persona y la sociedad, de modo contrario a la letra y al espíritu de la Constitución española y con gravísima irresponsabilidad política al conducir a una enorme proporción de los españoles a un enfrentamiento radical con los poderes del Estado.

Dejando de lado presentaciones retóricas, pretensiones pseudo-intelectuales y pseudo-pedagógicas y consideraciones subjetivas y sesgadas acerca de la sociedad, los contenidos y criterios de evaluación previstos para Educación para la Ciudadanía están, clara y objetivamente, dirigidos a inculcar en los niños y adolescentes una ideología, algunos de cuyos elementos visibles más notables son:

a) el fundamento de la ética civil y el derecho positivo es el "consenso social" definido obligatoriamente en cada momento por la mayoría parlamentaria; toda otra concepción moral, religiosa, etc. es "privada" y no puede prevalecer frente a la establecida por los poderes políticos;

b) la concepción de persona, (qué es persona, qué es mujer, qué es varón, qué es familia, etc.) es la propia de la "ideología de género".

El elemento a) no sólo conduce a la exclusión, práctica y de principio, de toda concepción objetiva -la católica en primer lugar- de moral, derecho, participación política, etc. sino que constituye el fundamento de una preparación de niños y jóvenes para el estado totalitario, ahora bajo forma de "mayoría parlamentaria". El elemento b), científicamente aberrante, es una vía particularmente eficaz para un proceso de deshumanización radical de niños y adolescentes. La coherencia entre los elementos a) y b) es absoluta.

Contrariamente a lo previsto en el art. 27 de la Constitución Española (párrafos primero y tercero), y mediante una interpretación insostenible del párrafo segundo de ese artículo, el Gobierno, a través de Educación para la Ciudadanía pretende imponer su ideología invadiendo así de modo absoluto una esfera que no le compete (Constitución Española Art. 27 párrafo tercero: "Los poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones").

Con la imposición de Educación para la Ciudadanía el Gobierno no sólo introduce un elemento negativo más, el más negativo de todos hasta ahora, en el proceso de destrucción moral e intelectual de niños y adolescentes que España padece desde hace ya mucho tiempo, sino que, además, y con gravísima irresponsabilidad histórica y política, se propone objetiva, y, acaso, subjetivamente, desterrar de la comunidad política a una enorme proporción de españoles. Enorme irresponsabilidad histórica y política.

Tal y como está Educación para la Ciudadanía es inadaptable a nada que no coincida esencialmente con su ideología.

Por todo lo expuesto los abajo firmantes pedimos a los padres que se opongan por todos lo medios legítimos a la impartición de Educación para la Ciudadanía, y al Gobierno, sus aliados y mentores, pedimos que mediten y rectifiquen.